*EL SHOW DE CARMELO, LAS “SUPERFACULTADES” DE SU ENVIADO.
*LA MARINA DESMIENTE EL COMPLOT DE ANABEL HERNÁNDEZ.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (10-VIII-2026).- Resulta penoso observar cómo un presunto perito en la materia, doctor en Derecho y director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, pretenda montar un teatro político para posar de víctima ante la opinión pública y el Consejo Universitario. Nos referimos a SERGIO CARMELO DOMÍNGUEZ MOTA, quien tras no lograr su cometido en la sesión del máximo órgano universitario, mandó a sus operadores a escenificar un grotesco sainete en oficinas administrativas.
En imágenes que circulan y confirman el circo mediático, se aprecia cómo ADRIÁN CIRA GONZÁLEZ se apersonó en instalaciones universitarias pretendiendo erigirse en “notificador” del Poder Judicial de la Federación para entregar una supuesta notificación. CIRA GONZÁLEZ es el mismo profesor que en este espacio hemos señalado por ostentar cargas académicas totalmente fuera de la norma. Pero eso no es todo: en los pasillos de la propia Facultad se le identifica como el secretario particular de CARMELO y, por si fuera poco, aún tiene tiempo en su apretada agenda para cobrar como jefe del Departamento Jurídico del Sistema del Telebachillerato de Michoacán. Sin duda, un “súper hombre sabio” que todo lo puede.
CARMELO DOMÍNGUEZ y su enviado conocen perfectamente el rigor del derecho procesal constitucional, por lo que su show carece de todo sustento técnico y responde únicamente a una estratagema mediática: La notificación no la hace un particular: Como “abogados”, ambos saben que las notificaciones a las autoridades responsables en un juicio de amparo son facultad exclusiva del actuario judicial y deben realizarse por oficio formal o vía electrónica oficial, conforme al artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Que CIRA GONZÁLEZ acuda a presionar y exigir sellos de recibido no tiene el menor valor procesal.
Sin notificación legal, no hay surtimiento de efectos: Para que la Universidad Michoacana esté obligada a acatar una medida cautelar y reinstalarlo, la notificación debió ser efectuada por la vía judicial correspondiente. Como precisó el Abogado General, ALFONSO GUERRA, la institución se encontraba en receso vacacional —días inhábiles para la recepción ordinaria—, lo que derivó en la imposibilidad formal del actuario para notificar y en el diferimiento de la audiencia.
Ausencia de actos irreparables: Al no existir un riesgo de afectación irreparable que destruya la materia del juicio, el juzgador de amparo no habilitó días u horas inhábiles en periodo vacacional. Por lo tanto, la suspensión no ha sido legalmente perfeccionada frente a la autoridad.
Acato garantizado: Nadie está en desacato. Una vez que el actuario del Juzgado de Distrito realice la notificación formal con los requisitos de ley, la UMSNH acatará de inmediato lo dispuesto y lo reinstalará si así se ordena.
Es un contrasentido que quien formó a generaciones de abogados pretenda ignorar cómo opera la justicia federal. Mientras no exista una notificación formal del Poder Judicial, la medida cautelar de la Contraloría Universitaria sigue firme, LAURA LETICIA PADILLA continúa al frente de la Facultad, y el “teatro” del doctor CARMELO y su omnipresente secretario no pasa de ser un simple ardid para los reflectores.
LA MARINA DESMIENTE EL COMPLOT DE ANABEL HERNÁNDEZ
En esta columna no acostumbramos criticar el trabajo periodístico de nadie, pues respetamos profundamente el ejercicio de la libertad de expresión y la diversidad de visiones que enriquecen el análisis de la vida pública en nuestro país; sin embargo, no podemos permanecer en silencio ni mostrarnos indiferentes frente a la desinformación rampante, ni mucho menos ante la persistente maniobra de fabricar “conspiraciones” políticas ficticias con el único objetivo de intentarle dar un sustento artificial a una pieza periodística totalmente desprovista de rigor técnico y de sustento probatorio real.
El caso que hoy nos ocupa representa una muestra sumamente clara de esta lamentable práctica, luego de que el pasado viernes la Secretaría de Marina emitiera un boletín oficial mediante el cual niega categóricamente que sus fuentes de inteligencia o sus áreas operativas hayan sido el material con el que Anabel Hernández elaboró su presunta “investigación periodística” sobre el homicidio de Carlos Manzo, desmintiendo de forma contundente la existencia de cualquier reporte institucional que valide la estrambótica versión de una supuesta reunión de conspiración entre altos funcionarios del gobierno estatal, fiscales, mandos de seguridad y miembros de la delincuencia organizada.
Es importante recordar y dejar en claro que no es la primera vez que la periodista ANABEL HERNÁNDEZ incurre en la difusión de patentes falsedades y versiones completamente distorsionadas en sus programas y escritos, recurriendo de manera sistemática a un evidente espíritu sensacionalista que sustituye la verificación metodológica de los hechos por relatos efectistas diseñados para generar escándalo mediático a costa de la verdad.
La atribución infundada de supuestos archivos de inteligencia a las Fuerzas Armadas no solo demerita el trabajo profesional de los verdaderos investigadores, sino que además envenena la conversación pública, genera desconfianza infundada en la sociedad y lucra con sucesos de profunda gravedad al sembrar sospechas gratuitas sin el menor respaldo documental o judicial.
Quienes asumimos el compromiso cotidiano de analizar la realidad con objetividad entendemos que el ejercicio periodístico responsable exige contrastar versiones, corroborar datos con fuentes oficiales verificables y actuar con una impecable honestidad intelectual, principios fundamentales que quedan anulados cuando se antepone la búsqueda de protagonismo personal a la verdad factual.
El contundente deslinde público hecho por las autoridades navales deja al descubierto la extrema fragilidad de una narrativa construida sobre premisas endebles, confirmando que la especulación sensacionalista de Hernández, disfrazada de revelación exclusiva, no constituye bajo ninguna circunstancia una investigación periodística seria, sino un mero ejercicio de ficción deliberada.
Por todas estas razones, manifestarse abiertamente en contra de la desinformación y denunciar la invención de complots irresponsables no representa un ataque al gremio, sino una postura ética indispensable para defender el derecho inalienable de los ciudadanos a contar siempre con información veraz y con análisis genuinamente rigurosos.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
***La administración de ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA quiso adelantarse a los reclamos de los transportistas y decretó el aumento de la tarifa a 12 pesos, pero el tiro le salió por la culata: las 12 rutas de combis y las 2 de urbanos de la CRT, encabezadas por JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ PASALAGUA, anunciaron que no aplicarán el incremento porque ni lo pidieron ni fueron consultados. El gobierno estatal, en su afán de quedar bien, olvidó que en el transporte las negociaciones siempre llevan “ribete”, es decir, concesiones privadas a los líderes, y al no haberlas, los concesionarios se sienten burlados. Los presuntos beneficiados resultaron ser los primeros inconformes, salvo los paleros de la COMIT, que operan con la bendición oficial pese a su flota irregular. En síntesis, el gobierno repitió la conseja popular: “el acomedido siempre queda mal”, pues aumentó por iniciativa propia y ahora enfrenta el enojo de quienes, paradójicamente, deberían estar agradecidos.
*** Por si fuera poco, el aumento sorpresivo a la tarifa del transporte público en Michoacán deja más dudas que certezas: ni la UMSNH fue convocada para realizar el tradicional estudio de factibilidad, como confirmó la rectora YARABÍ ÁVILA, ni los transportistas lo solicitaron, según JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ PASALAGUA. El decreto publicado carece incluso de las firmas de ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA y del secretario de Gobierno, lo que lo vuelve inconstitucional, como señaló el DR. JORGE ÁLVAREZ BANDERAS. Para colmo, los estudiantes de la ENES-UNAM ya se manifestaron en contra del incremento, evidenciando que el gobierno perdió la brújula: antes se escudaba en la “calidad moral” de los técnicos universitarios para legitimar el alza, ahora ni eso. En síntesis, el gobernador quiso ser “acomedido” y terminó quedando mal, pues el aumento sin sustento legal ni social lo dejó en el peor escenario: transportistas molestos, universitarios inconformes y un decreto que huele más a improvisación que a política pública.
*** El cierre temporal de la frontera al aguacate michoacano no parece obedecer únicamente a un tema de seguridad, sino a un enredo interno de la APEAM, cuyos directivos, en lugar de asumir responsabilidades por las irregularidades detectadas en el SICOA y en las juntas locales de sanidad, prefirieron presentarse ante CLAUDIA SHEINBAUM como víctimas de una decisión “injusta” de las autoridades estadounidenses. El discurso oficial quiso encuadrar el problema como un asunto de protección a inspectores, pero en realidad lo que se exhibió fue la fragilidad del sistema de trazabilidad y la sospecha de corrupción en la cadena exportadora. La narrativa de la APEAM buscó disfrazar un traspié administrativo como si fuera un ataque externo, cuando lo que hay detrás es un “trinquete” que compromete la credibilidad del sector. En síntesis, el intento de victimizarse frente al Ejecutivo federal no borra la evidencia: el negocio del oro verde está atrapado entre la presión del crimen organizado y la complacencia de quienes deberían garantizar su integridad.
***El pleito entre LEONEL GODOY RANGEL y GUILLERMO VALENCIA REYES ya se convirtió en espectáculo político: el primero anuncia denuncias por calumnias, mientras el segundo insiste en llamarlo “R4” y vincularlo con el grupo de los Rs. El refrán popular lo resume: “Peléense las comadres y salen las verdades”, porque en este intercambio no sólo hay insultos, sino acusaciones de narcopolítica que golpean de lleno a Morena y al PRI en vísperas de la elección de 2027. MEMO CAHUAMAS aprovecha cada espacio mediático para señalar que GODOY encubrió a criminales cuando fue gobernador, y el exmandatario responde que lo llevará a tribunales para limpiar su nombre. El pleito ya escaló a amenazas legales y promete convertirse en un capítulo más de la guerra sucia electoral en Michoacán, donde las acusaciones de vínculos con el crimen organizado se han vuelto la moneda corriente. En síntesis, el “R4” contra el “Memo” es la versión local de la política bronca: golpes bajos, tribunales y la sombra del narco como telón de fondo.
*** ANA LILIA GUILLÉN QUIRÓZ levantó la voz contra las prácticas de movilización masiva en Morena, comparándolas con las viejas mañas del PRIAN, pero lo que no dice es que tanto ella como otros aspirantes a la coordinación estatal de la defensa de la 4T ya fueron “purgados” de facto: el simple hecho de que no los convocaran a la reunión con el CEN y la Comisión Nacional de Elecciones lo confirma. Lo inexplicable es que nadie se los haya dicho oficialmente, lo que sólo alimenta resentimientos y fractura la tan cacareada “unidad”. Mientras tanto, los siete aspirantes que sí fueron llamados siguen construyendo proyecto y músculo político, dejando a los demás en la orilla. En síntesis, más que criticar las multitudes, lo que deberían hacer los excluidos es sumarse a alguno de los que siguen vivos en la contienda, porque la política no perdona ingenuidades y en Morena la purga silenciosa ya se consumó.
