Gaona y su ignorancia supina universitaria (Columna Política “Bajo la Lupa”)

*GAONA Y SU IGNORANCIA SUPINA UNIVERSITARIA.
*TIRIPETÍO, BASTIÓN DE IMPUNIDAD Y HARTAZGO SOCIAL.
*EL VENUS, PISTA CONVERTIDA EN BOTÍN DE ESPECTÁCULOS.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (17-IV-2026).- Lo que hoy exhibe BALTAZAR GAONA GARCÍA es la ignorancia supina convertida en espectáculo político, pues en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, anuncia con bombo y platillo que denunciará a la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ, ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Como si los exhortos emitidos por el Congreso, fueran mandatos vinculantes y no simples llamados sin fuerza obligatoria, y como si el artículo 2° del Código de Justicia Administrativa no delimitara con claridad las competencias del tribunal, lo que deja en evidencia que el diputado confunde la tribuna con el púlpito y la ley con el capricho.
La denuncia que presume se basa en que la rectora no expidió los reglamentos internos derivados de la reforma a la Ley Orgánica de la UMSNH en el plazo vencido el 4 de diciembre de 2025 y en que no atendió a satisfacción el exhorto de marzo de 2026 para informar sobre la Comisión Especial de elección de rector, pero lo que omite el legislador es que los exhortos no obligan y que su amenaza de sanciones que van desde una llamada de atención hasta la destitución es puro humo, pues ni el Congreso ha acordado esa ruta ni la Junta de Coordinación Política ha tratado el asunto, de modo que su arrebato se reduce a una intromisión flagrante en los asuntos universitarios.
Más aún, dos diputados, JUAN CARLOS BARRAGÁN VÉLEZ de Morena y REYES GALINDO PEDRAZA del PT, han salido a los medios a señalar que no coinciden con GAONA y que lo que intenta, es una invasión descarada de la autonomía universitaria, preguntándose, si la denuncia es a título personal o pretende arrastrar al Congreso en una aventura que no ha sido aprobada.
Así, lo que queda claro es que el diputado GAONA se deja “dar cuerda” por el dirigente del SUEUM y convierte su ignorancia en bandera, confundiendo exhortos con órdenes y tribunales administrativos con garrotes políticos, mientras la Universidad Michoacana enfrenta el riesgo de que, la incertidumbre jurídica, sea fabricada desde la propia ignorancia de quien debería conocer la ley y respetar la autonomía, pero prefiere sudar ocurrencias y exhibir su desconocimiento como si fuera virtud.
Y si de sanciones se trata, habría que preguntarle al diputado GAONA qué castigo merecen los integrantes de la 76 legislatura, incluida su presidencia, por haberse pasado seis meses en elaborar y publicar la normatividad que sustituyó al extinto Instituto Michoacano de Acceso a la Información, cuya extinción se aprobó el 13 de diciembre de 2024 con la promesa de ahorrar 70% del gasto y cuyo segundo transitorio fijaba un plazo de 120 días que venció en octubre de 2025, justo cuando el Congreso se dignó a cumplir.
El buen juez por su casa empieza, pero Gaona prefiere señalar con dedo flamígero a la Universidad mientras calla las omisiones de su propia legislatura, exhibiendo una incongruencia que lo retrata de cuerpo entero: enérgico contra la autonomía universitaria, complaciente con los retrasos del Congreso, ignorante de la ley que presume aplicar y descarado en su intromisión en los asuntos de la UMSNH, donde la autonomía se defiende sola y la congruencia no se decreta, se practica.
TIRIPETÍO, BASTIÓN DE IMPUNIDAD Y HARTAZGO SOCIAL
La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, se ha convertido en sinónimo de conflicto y desgaste social. El 15 de abril de 2026, un grupo de estudiantes incendió tres vehículos sobre la carretera cercana al plantel, luego de que los conductores se negaran a entregarles dinero durante un “boteo”.
Los restos fueron usados para bloquear accesos hacia Acuitzio del Canje y Morelia, interrumpiendo la circulación de transporte de carga y particulares. No es un hecho aislado: en los últimos meses los normalistas han retenido unidades, cerrado vialidades y enfrentado a las autoridades, generando pérdidas económicas y un clima de inseguridad que ya rebasa los límites de la tolerancia.
Mientras tanto, los estudiantes denuncian la irrupción de la Guardia Nacional en su plantel y se declaran víctimas de represión, calificando los hechos como de “suma gravedad”. Sin embargo, la narrativa de victimización contrasta con la realidad: los daños patrimoniales recaen sobre ciudadanos comunes que nada tienen que ver con las pugnas políticas ni con los recortes a las becas alimenticias.
Los afectados, en muchos casos sin seguro, enfrentan pérdidas irreparables, mientras los normalistas anuncian jornadas de lucha como si la violencia fuera un derecho adquirido.
El problema central es la impunidad. Los normalistas saben que, en caso de ser detenidos, el gobierno suele pagar las fianzas y el Poder Judicial archiva los expedientes. Esa dinámica ha convertido a Tiripetío en un bastión donde delinquir primero y victimizarse después es la norma. La quema de vehículos y bloqueos no son simples actos de protesta: son delitos que afectan directamente a la población y que, bajo cualquier otro contexto, serían castigados con severidad.
Pero lo más revelador es que incluso los propios pobladores de Tiripetío han comenzado a manifestar su hartazgo. Cansados de la inseguridad, los bloqueos y los actos de vandalismo que afectan su vida cotidiana, decidieron hacer lo que las autoridades no han sido capaces: tomar la iniciativa para buscar soluciones.
Sin acompañamiento institucional, sin operativos efectivos y sin estrategia clara, acudieron directamente a la Normal para entregar una invitación formal a los estudiantes y establecer una mesa de diálogo. El mensaje fue tan simple como contundente: “Queremos paz”.
La escena resulta tan reveladora como preocupante. En un contexto donde la autoridad debería fungir como mediadora, garante del orden y promotora de acuerdos, son los propios ciudadanos quienes terminan negociando con grupos que, reiteradamente, han sido señalados por generar disturbios, retenciones de vehículos y afectaciones a terceros. Más allá del gesto de diálogo, lo que queda en evidencia es el vacío de poder. ¿Dónde están las instituciones encargadas de prevenir conflictos? ¿Dónde está la gobernabilidad que tanto se presume en discursos oficiales?
Hoy, Tiripetío no sólo exige paz. También exhibe, sin rodeos, el fracaso de un gobierno que ha dejado a su gente sola frente al conflicto. Lo que se observa es un Estado ausente, una comunidad harta y un grupo de estudiantes que se siente intocable, protegido por la impunidad y legitimado por la victimización. La normal de Tiripetío ya no es un espacio de formación docente: es un enclave de desorden donde la sociedad paga los platos rotos y la autoridad brilla por su ausencia.
EL VENUS, PISTA CONVERTIDA EN BOTÍN DE ESPECTÁCULOS
El Estadio Venustiano Carranza, ese viejo coloso que debería ser santuario del atletismo en Morelia, hoy parece más un salón de usos múltiples que un espacio deportivo. La pista de tartán, diseñada para entrenamientos y competencias, se ha transformado en alfombra de conciertos, pasarela de mítines y escenario de espectáculos que nada tienen que ver con correr. Y claro, cada vez que se levanta el telón, lo que queda es un campo minado de basura, hundimientos y parches que se despegan como curitas mal pegadas.
Los atletas y entrenadores lo saben: cada cierre de la pista es un tropiezo en la preparación, cada improvisación en otro espacio es un golpe a la disciplina. El deporte se vuelve invitado incómodo en su propia casa, desplazado por la música y la política. El deterioro no es casualidad, es consecuencia de haber convertido el Venus en caja registradora de eventos ajenos al deporte.
Lo más irritante es la opacidad. Se supone que se cobra por rentar el estadio, pero nadie sabe cuánto, ni dónde acaba ese dinero. Si hubiera orden en las cuentas, al menos alcanzaría para limpiar los vasos y botellas que quedaron tirados tras el último concierto. Pero no: la pista se hunde, los atletas se quejan, y las autoridades responden con promesas de rehabilitación que suenan más a discurso que a calendario.
El propio titular de la CECUFID, RAÚL MORÓN VIDAL, reconoció que ya no hay forma de salvar la pista con remiendos: se necesita una cirugía mayor, con un costo que va de 15 a 35 millones de pesos. Una inversión que parece ciencia ficción cuando ni siquiera se transparenta lo que se recauda por los espectáculos. La pista italiana, instalada con precisión milimétrica, hoy luce como un tapete desgastado por el paso de multitudes que no llegaron a correr, sino a brincar al ritmo de la música.
La comunidad deportiva pide lo obvio: reglas claras, protocolos de protección y mantenimiento real, no maquillajes temporales. Porque mientras el dinero se escurre sin explicación, el atletismo local se queda sin pista digna, sin espacio para formar nuevos talentos y sin condiciones para competir.
Lo que se observa no es solo el desgaste físico del tartán, sino la falta de transparencia en el manejo de recursos. El Venus sigue siendo usado, sí, pero cada evento ajeno al deporte lo acerca más a la ruina. Y mientras no se responda la pregunta de dónde queda el dinero, la pista seguirá siendo testigo de un deterioro que no es producto del tiempo, sino del desorden institucional.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
En Tarímbaro y la zona metropolitana de Morelia se inauguró el Hospital SOOMAPLUS, un complejo médico con más de veinte especialidades que promete atención integral y tecnología de punta. Lo relevante no es sólo la infraestructura, sino el nombre detrás del proyecto: el teniente coronel médico ROMÁN ACOSTA ROSALES, ex delegado del IMSS en Michoacán, quien se erige como creador, dueño y fundador de esta nueva institución.
Su visión de acercar servicios de alta calidad a la población cristalizó en un hospital con quirófanos certificados, terapia intensiva, área de urgencias equipada y costos accesibles. La apertura no sólo representa un alivio en materia de salud, sino también un impulso económico local, generando empleos y reduciendo traslados hacia la capital. Bajo la lupa política, el sello de Acosta Rosales convierte a SOOMAPLUS en un símbolo de liderazgo personal y continuidad institucional: del escritorio del IMSS al quirófano privado, la ruta de un médico militar que ahora marca la pauta en la salud regional.