*EL DESAFÍO DE RAÚL MORÓN A CLAUDIA SHEINBAUM.
*ANSIEDAD NICOLAITA: LA NUEVA TORTURA DEL DECANO
*MISCELÁNEA POLÍTICA
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (09-XI-2026).- La ruta política que ha decidido emprender el senador RAÚL MORÓN ORÓZCO en Michoacán se aleja de la simple pataleta post-electoral para configurarse como una estrategia de “insurgencia controlada”.
Aferrado a la narrativa de que el proceso interno no ha concluido, él y sus aliados del Partido del Trabajo, como los legisladores REGINALDO SANDOVAL y EL CHANGO LEÓN FERNÁNDEZ NOROÑA, han estructurado un discurso de deslegitimación gravísimo. De facto, acusan a la dirigencia nacional de MORENA de un fraude, infiriendo que las encuestas que ungieron a CARLOS TORRES PIÑA fueron compradas al mejor postor. En sus mítines y asambleas, no escatiman en retórica, llegando a comparar el proceso con el juicio de Poncio Pilatos, afirmando que se manipuló al pueblo para sacrificar al perfil justo y elegir a Barrabás.
Para sostener este amago, RAÚL MORÓN ha recurrido a la clásica demostración de músculo político, diseñando eventos como el “Encuentro de Legisladores” del sábado 7 de noviembre. El objetivo es enviar una advertencia aritmética a las cúpulas: exhibir el cobijo del ala radical lopezobradorista y demostrar que tiene la capacidad de fracturar el voto guinda. Sin embargo, en esta demostración de fuerza ha cruzado la línea del oportunismo sociopolítico. El repentino interés por intensificar movilizaciones en territorios indígenas, disfrazando su agenda bajo membretes como el “Movimiento Social Indígena Obradorista” en Nahuatzen, exhibe una memoria selectiva. Tratar a las comunidades originarias y a sus estructuras de autogobierno como reserva electoral o fuerza de choque para dirimir disputas partidistas de cúpula es un despropósito que vulnera la legítima autonomía de los pueblos.
Sin embargo, información reciente añade una dimensión de complejidad e intriga palaciega a esta estrategia. En su círculo más íntimo, RAÚL MORÓN asegura que la reposición de la encuesta, proyectada según él para la última semana de noviembre, es producto de un acuerdo negociado directamente con la Presidenta de la República, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. De ser cierta esta versión, implicaría que el senador logró saltarse a la dirigencia de su partido para quejarse directamente en Palacio Nacional de una presunta venta del proceso al gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA y a CARLOS TORRES PIÑA.
Esta aseveración, no obstante, abre una severa contradicción discursiva. MORÓN argumenta que la campaña de desprestigio orquestada presuntamente por el gobernador y GRECIA QUIRÓZ, viuda de CARLOS MANZO, minó sus preferencias electorales. ¿Cómo puede sostener, al mismo tiempo, que no hubo encuesta alguna y, simultáneamente, afirmar que era el líder indiscutible en las preferencias que esas mismas encuestas (supuestamente inexistentes o manipuladas) debían reflejar? Si las acusaciones y los videos del finado CARLOS MANZO mermaron su popularidad, entonces la pérdida de ventaja es un efecto político real y no una invención de la dirigencia nacional; si, por el contrario, siguió siendo el ganador absoluto en el ánimo popular, entonces la supuesta campaña negra no tuvo efecto y su derrota en los números oficiales carece de la justificación del complot. Esta flagrante inconsistencia sugiere que la narrativa de la “encuesta fantasma” o “comprada” podría ser una cortina de humo para ocultar el desgaste real de su capital político tras los recientes escándalos.
El fondo de esta rebelión, a pesar de las versiones de un supuesto acuerdo presidencial, representa, en la praxis del sistema político, un desafío latente a la institucionalidad. Aunque en los templetes los simpatizantes de RAÚL MORÓN juren lealtad absoluta y se autodenominen soldados de la mandataria, rechazar la designación oficial es cuestionar el andamiaje del partido en el poder. Si la presumida cercanía y amistad entre el senador y CLAUDIA SHEINBAUM fuera tan determinante como se vendió en campaña, este conflicto se habría resuelto mediante un anuncio oficial y no mediante filtraciones de acuerdos en corto para mantener viva la esperanza de su estructura. MORENA, por simple lógica de supervivencia institucional, no puede ceder fácilmente ante este chantaje. Si la dirigencia recula y repone la medición en Michoacán, provocaría un efecto dominó incontrolable en los otros 16 estados con elecciones a gobernador, dotando a los aspirantes perdedores del manual perfecto para reventar cualquier acuerdo.
La radicalización de esta estrategia ya está cobrando un peaje interno, haciendo evidentes las fisuras en la propia estructura moronista. La notable ausencia del diputado local JUAN CARLOS BARRAGÁN VÉLEZ en el cónclave de legisladores no es un error de agenda, sino un cálculo milimétrico de pragmatismo y supervivencia. BARRAGÁN VÉLEZ, poseedor de un capital territorial autónomo, entiende perfectamente que inmolarse en un movimiento separatista que desafía al aparato partidista equivale al suicidio político. Al evitar la fotografía de la disidencia, protege su propio futuro rumbo al 2027 y manda un mensaje de disposición institucional, dejando a los perfiles más dogmáticos la tarea del desgaste público.
Finalmente, hay que dimensionar la amenaza latente de que RAÚL MORÓN compita por la gubernatura abanderado únicamente por el Partido del Trabajo. En la cruda realidad de la operación electoral, las matemáticas y la chequera son implacables. Como candidato exclusivo del PT, enfrentaría un estrangulamiento financiero brutal; las raquíticas prerrogativas del partido de la estrella no alcanzan para sostener el monumental despliegue territorial y publicitario que exige Michoacán, y el capital privado no invertirá un solo peso en un proyecto escisionista enfrentado a la maquinaria oficial. Sin la estructura para cubrir las casillas y sin recursos, las probabilidades de triunfo son nulas. Esta amenaza no es una ruta genuina hacia el solio de Ocampo, sino un instrumento de extorsión: RAÚL MORÓN sabe que no puede ganar solo, pero advierte que tiene el capital suficiente para hacer que MORENA y CARLOS TORRES PIÑA pierdan la elección. Es un juego de póker de altísimo riesgo, donde la apuesta final es la fractura de la coalición gobernante.
ANSIEDAD NICOLAITA: LA NUEVA TORTURA DEL DECANO
Vaya circo judicial y político que se acaba de montar en nuestra siempre convulsa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo donde el suspendido director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales SERGIO CARMELO DOMÍNGUEZ MOTA acaba de inaugurar una nueva y tragicómica rama del derecho constitucional al inventar la figura del berrinche administrativo equiparable a tortura.
Resulta que el angelito nicolaita acudió a llorar a los juzgados federales alegando que la suspensión de su cargo dictada por el Tribunal Universitario y las huestes de la rectora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ le provocan mucha ansiedad y estrés al grado de calificar su situación procesal como violencia institucionalizada y tortura psicológica. Hágame usted el reverendo favor pues ahora resulta que aplicar la normativa universitaria y separar a un funcionario de su silla para sujetarlo a un procedimiento disciplinario es exactamente lo mismo que los azotes la mutilación o el potro de tortura que prohíbe el sacrosanto artículo veintidós de nuestra Constitución.
Y si le rascamos un poquito a esta brillante joya jurisprudencial, llegamos a una conclusión aterradora: si el simple hecho de que una persona sea sujeta a un procedimiento sancionatorio administrativo o incluso penal causa ansiedad y estrés, y esto es calificado alegremente por una autoridad jurisdiccional como tortura, entonces estamos ante la tesis perfecta para vaciar de golpe todos los penales del país. ¡Qué chulada! Pues, ¿qué persona sujeta a un proceso penal o administrativo no sufre en automático de estrés, congoja y demás estragos psicológicos? De ahí que lo avalado por este juez de distrito sea una verdadera vacilada monumental.
Y aquí viene lo más hilarante del asunto porque uno pensaría que para acreditar una tortura psicológica de semejante magnitud el quejoso habría presentado un alud de dictámenes periciales valoraciones psiquiátricas o al menos una triste receta médica que avalara su profundo sufrimiento pero no señores nada de eso ya que al ilustre abogado le bastó con decir bajo protesta de decir verdad que se siente muy estresado y ansioso para que el juzgador se lo creyera a pie juntillas. Claro el verdadero motivo de su insoportable y desgarrador dolor humano no es otro que haberse quedado fuera de la jugada política ya que con el reciente decreto legislativo quinientos cincuenta le tocaba un muy codiciado asiento en la Comisión de Rectoría para elegir al próximo mandamás universitario argumentando que él es el director decano por ser el de mayor antigüedad de toda la universidad.
Y sobre este último punto resalta otra gigantesca tomada de pelo procesal porque el susodicho adjuntó en su demanda una copia certificada de su nombramiento del veinte de abril de dos mil veintitrés para probar que es director pero no exhibió un solo documento constancia o padrón oficial comparativo que demuestre que efectivamente es el decano absoluto de entre todos los directores de las escuelas facultades e institutos nicolaitas limitándose a una simple y llana afirmación sacada de la manga.
Pero si las argucias leguleyas de SERGIO CARMELO DOMÍNGUEZ MOTA son de risa loca lo que verdaderamente hiela la sangre es el actuar del juez tercero de distrito en el estado de Michoacán RAFAEL LINARES RIVERA quien en un alarde de espeluznante ignorancia jurídica o más bien obedeciendo una descarada línea política le compró el cuento enterito al quejoso sin exigirle un solo peritaje psicológico ni una prueba fehaciente de su cacareado decanato para obsequiarle una suspensión de plano con efectos restitutorios inmediatos.
Hay que ser francamente incompetente o tener una agenda muy perversa para pisotear la sagrada técnica del juicio de amparo de esta manera regalándole al demandante una reinstalación fulminante como si se tratara de la mismísima sentencia de fondo y destruyendo de plumazo el nombramiento provisional que ya existía en la facultad.
Con esta monumental chicanada judicial el juzgador federal RAFAEL LINARES RIVERA nos quiere hacer creer que no dejar votar a un director académicamente suspendido constituye un crimen de lesa humanidad ameritando una suspensión de oficio que ni a los peores capos de la delincuencia se les otorga con tanta celeridad. Lo que estamos viendo no es justicia amparadora sino un burdo montaje y un fraude a la ley para reventar desde los tribunales el proceso de sucesión en la máxima casa de estudios demostrando que en tiempos de elecciones universitarias las presiones externas valen muchísimo más que el derecho y la más elemental decencia jurisdiccional.
Por cierto, y a propósito de este batidillo legal, algunos actores políticos de la grilla barata acusan a este columnista de ser un férreo defensor a sueldo de la rectora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ. ¡Ternuritas! Ante la absoluta falta de argumentos sólidos para debatir el bodrio jurídico que acabamos de desmenuzar, la diatriba y la descalificación del mensajero es su única y triste opción. Empero, se les olvida que este columnista tiene en su poder una nada despreciable listita de “comunicadores” que en el pasado reciente recibían generosas y obesas cantidades de dinero del presupuesto universitario y que hoy, como bien dicen los morenistas, al perder el sagrado privilegio de la nómina universitaria, se han transmutado en los más agrios y rabiosos críticos de la rectora.
A ese club de dolidos hay que sumarle también a un nutrido grupo de ex profesores a quienes, por azares del destino, ya no les renovaron sus contratos, convirtiéndose de la noche a la mañana en los más feroces combatientes de las políticas universitarias. Así que no se confundan, señores: en esta columna solo ponemos sobre la mesa argumentos estrictamente jurídicos y combatimos la ilegalidad venga de donde venga. Y si exhibiendo con la ley en la mano estas burradas judiciales resulta que, de manera involuntaria, terminamos defendiendo a la rectora, pues ni modo, que se aguanten.
MISCELÁNEA POLÍTICA
***Como hemos sostenido en este espacio, la maniobra del Congreso local para definir al rector de la UMSNH es un auténtico atraco legislativo y a todas luces inconstitucional. Ahora, BALTAZAR GAONA pretende que el exgobernador GENOVEVO FIGUEROA encabece la resurrección de la Comisión de Rectoría. Habrá que ver cuántos de los 11 exrectores supervivientes se prestan a legalizar este atraco a la autonomía nicolaita, recordando de antemano que el Dr. FERNANDO JUÁREZ ARANDA y el Ing. LEONEL MUÑOZ MUÑOZ están impedidos médicamente para asistir. La gran interrogante que queda flotando en el ambiente político estatal es clara: ¿a GENOVEVO le ganará el protagonismo político o pintará su raya ante esta aberración jurídica?
*** ¡Menudo sismo político sacude las entrañas del PT michoacano! El diputado BALTAZAR GAONA GARCÍA, desde su cómoda silla en la presidencia del Congreso, desautorizó la línea de su dirigente estatal, REGINALDO SANDOVAL FLORES, al dar su espaldarazo a CARLOS TORRES PIÑA como coordinador de la 4T. Mientras REGINALDO hace berrinche anunciando una “pausa” en su relación con Morena, BALTAZAR le recuerda la regla de oro: los acuerdos pactados antes de las encuestas se respetan. Esta rebelión interna evidencia que el control absoluto en el partido de la estrella es una ficción y que, de cara al 2027, las facciones petistas ya bailan al son de sus propios intereses, dejando a su líder estatal colgado de la brocha.
*** En política no hay casualidades sino causalidades, y el tremendo vacío que dejó ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA en Palacio Nacional grita más que mil discursos. Mientras la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM y RAÚL MARTÍNEZ, líder de la APEAM, firmaban estratégicos convenios, y la Federación presumía un 67% de avance en el “Plan Michoacán”, el gobernador michoacano brilló por su inexplicable ausencia. Esta sistemática marginación, sumada a las reuniones del gabinete de seguridad federal con sectores productivos a espaldas del estado, envía un mensaje gélido y fulminante: para el gobierno central, el mandatario estatal dejó de ser el aval de las acciones federales. Queda claro que desde la capital del país han tomado las riendas, relegando al Ejecutivo estatal a ser un mero espectador en su propia tierra.
