SCJN tendrá que tumbar la ocurrencia michoacana (Columna Política “Bajo la Lupa”)

Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (01-VI-2026).- El mitin del 31 de mayo fue, más que celebración, un ejercicio de memoria selectiva y acarreo masivo. CLAUDIA SHEINBAUM, con apenas 20 meses en el poder, se plantó frente a las plazas repletas de burócratas obligados y simpatizantes alimentados con torta y refresco, para repetir que todo va bien: que la economía crece, que la seguridad se atiende y que los programas sociales son la panacea.

Pero lo más jugoso vino cuando, entre cifras optimistas y arengas de soberanía frente a DONALD TRUMP, decidió pasarle la factura histórica a VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN. A FOX lo acusó de haber iniciado el crecimiento de los grupos delincuenciales y de haber encabezado el fallido desafuero contra LÓPEZ OBRADOR, esa intentona que ciertamente terminó en ridículo político.

A CALDERÓN lo señaló como el responsable del baño de sangre que inauguró su sexenio, y recordó que la alianza con la delincuencia organizada quedó probada con la condena de GENARO GARCÍA LUNA, hoy huésped distinguido de una prisión estadounidense.

El discurso, transmitido a las 32 entidades, fue un espectáculo de acarreo nacional: en Michoacán, como en tantos otros estados, la burocracia fue obligada a pasar lista bajo amenaza de perder el empleo, mientras los gobiernos locales derrochaban recursos públicos en transporte, utilitarios y alimentos. La espontaneidad brilló por su ausencia; lo que abundó fue la logística de la obediencia. Desde Chihuahua, FOX y CALDERÓN aprovecharon para acusar a SHEINBAUM de perseguir adversarios y proteger aliados incómodos, en un evento que respaldó a la gobernadora MARU CAMPOS.

La presidenta no dejó pasar la provocación y respondió con la misma receta: soberanía por encima de todo, aunque la soberanía se parezca demasiado a un blindaje selectivo.

Lo que sí brilló por su ausencia fue la autocrítica. Ni una sola gota de reconocimiento a los problemas propios, ni un atisbo de admitir errores o tropiezos. Todo fueron alabanzas a su gobierno, cifras que se repiten como letanías y hasta momentos de victimización frente a los “ataques injustos de la derecha”. El tono fue el de una presidenta que se pinta como heroína incomprendida, rodeada de adversarios malintencionados, pero nunca como jefa de Estado que asume responsabilidades.

El resultado fue un mitin que quiso ser celebración, pero terminó siendo espejo de las contradicciones: un país que se presume fuerte frente a TRUMP, pero que se tambalea en su relación bilateral; una presidenta que habla de crecimiento, mientras el acarreo se convierte en la verdadera industria nacional; una narrativa de soberanía que se vende como épica, aunque se sostenga en la vieja práctica de llenar plazas con amenazas laborales y promesas de utilitarios.

Bajo la lupa, lo que se vio no fue un pueblo espontáneo, sino un ejército de asistentes reclutados a la fuerza, un coro de voces amplificadas por altavoces y un gasto público disfrazado de fervor popular. En resumen: SHEINBAUM quiso mostrar músculo político, pero lo que exhibió fue la maquinaria del acarreo, esa que nunca falla cuando la realidad no alcanza para llenar las plazas, y un discurso blindado contra la autocrítica, donde la única voz que se escuchó fue la de la propia presidenta alabándose a sí misma.

DAVID CORTÉS MENDOZA, LA CARTA DEL PAN PARA MORELIA.

Dentro del PAN moreliano ya se corrió la especie de que el diputado federal David Cortés Mendoza será el candidato a la presidencia municipal. La decisión, según cuentan, se disfrazó de encuesta “democrática” entre aspirantes, con el acuerdo previo de que el ganador sería ungido.

El resultado: Cortés arriba, Yankel Benítez Silva apenas tres puntos abajo, Fito Torres rezagado y Hugo Servín en el sótano, solo para confirmar que no pintaba. El albiazul lo anunciará primero como “coordinador” —figura que nadie sabe qué coordina— y después como candidato oficial.

La incertidumbre ahora es el destino de los perdedores. Yankel tiene un abanico de opciones: podría ser interino en Morelia si Alfonso Martínez se va por la gubernatura, o buscar la diputación federal del distrito 10 para suceder a Cortés. También están en la mesa los distritos locales 11 y 17, así que futuro no le falta. Fito, por su parte, podría negociar con Yankel quién se queda con qué distrito, o seguir al frente del OOAPAS esperando encajar en el gabinete si Cortés gana. Servín, bueno, quizá repita de regidor o lo manden a un distrito imposible, porque su papel en la encuesta fue meramente testimonial.

Lo que sí no tiene desperdicio es la estrategia de Cortés: bombardear a los morelianos con llamadas telefónicas y propaganda que se cuela por debajo de las puertas. Si cree que con eso gana simpatías, está equivocado. La gente se encabrona, se molesta y le mienta la madre al autor de esas llamadas. En tiempos donde la política presume modernidad, el PAN local sigue apostando por tácticas de hostigamiento que solo generan rechazo.

Bajo la lupa, lo que se ve es un partido que intenta vender unidad con encuestas pactadas, pero que en realidad reparte consuelos y acomodos para que nadie se quede sin hueso. Cortés será candidato, sí, pero su campaña empieza con el pie izquierdo: acosando a los ciudadanos en sus casas y teléfonos, como si la simpatía se comprara con insistencia.

En resumen: el PAN resolvió su interna, pero dejó claro que la democracia azul se parece más a un reparto de cargos que a un ejercicio de convicción, y que la estrategia de Cortés, lejos de sumar, ya está restando.

SCJN TENDRÁ QUE TUMBAR LA OCURRENCIA MICHOACANA.

La reciente reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán parece escrita con la pluma del miedo: miedo a los independientes, miedo a la fiscalización real, miedo a que la ciudadanía se organice fuera de los partidos tradicionales.

El resultado es un texto que, más que fortalecer la democracia, la encierra en un corral de restricciones. Y cuando la política legisla desde el temor, la Constitución suele ser la primera víctima.

El antecedente histórico es claro. En 2016, con motivo de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la Sala Superior del TEPJF resolvió en el expediente SUP-JDC-1522/2016 y acumulados que los candidatos independientes podían coordinarse en campañas conjuntas, siempre que se respetaran los principios de equidad y fiscalización.

La independencia no significaba aislamiento absoluto, sino libertad de asociación regulada. Esa sentencia abrió la puerta a que los ciudadanos sin partido pudieran sumar esfuerzos sin perder su carácter independiente.

Años después, en 2025, el mismo tribunal reafirmó la tesis en el SUP-JE-0029/2025, relativo a la elección extraordinaria de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Allí se sostuvo que prohibir las campañas conjuntas de independientes sería una restricción desproporcionada a los derechos político-electorales. El mensaje fue contundente: la Constitución protege la posibilidad de que los ciudadanos se organicen, incluso fuera de los partidos, siempre bajo reglas claras de gasto y transparencia.

Frente a estos precedentes, la reforma michoacana luce como un retroceso. Endurece requisitos de registro para los independientes, limita su capacidad de coordinarse en campañas conjuntas y centraliza la fiscalización en órganos internos con menor autonomía. En otras palabras, se construye un muro legal para impedir que expresiones ciudadanas —como el llamado “Movimiento del Sombrero”— puedan competir en condiciones de igualdad. Los partidos pueden coaligarse, pero los independientes deben marchar solos, como si la democracia fuera un club exclusivo con membresía partidista.

El problema no es menor. La Constitución, en sus artículos 35 y 41, garantiza el derecho a ser votado y a la libre organización política. Limitar alianzas independientes sin justificación objetiva vulnera ese núcleo esencial. Además, la medida no supera el test de proporcionalidad que la SCJN aplica en acciones de inconstitucionalidad:

*Idoneidad: No garantiza mejor control del crimen organizado ni mayor transparencia.

*Necesidad: Existen mecanismos menos restrictivos, como la fiscalización diferenciada.

*Proporcionalidad: El daño a los derechos políticos supera cualquier beneficio hipotético.

En este contexto, la acción de inconstitucionalidad contra la reforma michoacana no solo es previsible, sino necesaria. La SCJN tendrá que decidir si la democracia local puede blindarse contra los ciudadanos o si, por el contrario, debe abrirse a nuevas formas de participación. Los precedentes del TEPJF marcan el camino: las campañas conjuntas de independientes son constitucionalmente viables, y prohibirlas es un exceso legislativo.

La conclusión es inevitable: la reforma aprobada por el Congreso de Michoacán es altamente vulnerable en sede constitucional. Al restringir injustificadamente los derechos de los independientes, contradice criterios firmes del TEPJF y erosiona principios básicos de igualdad y equidad electoral. La SCJN, al revisar la norma, deberá declarar su invalidez. Porque en democracia, la independencia no se castiga, se garantiza.

FABIOLA ALANÍS Y LA MATEMÁTICA DE LA FE

La diputada FABIOLA ALANÍS SÁMANO afirmó ante el Congreso de Michoacán que la Suprema Corte anterior apenas resolvía el uno por ciento de los asuntos que le llegaban y que la nueva Corte, producto de la reforma judicial, multiplicó esa productividad. La frase, repetida como consigna oficialista, parece contundente, pero se derrumba al revisar los números y la estructura institucional.

La Corte anterior, en el periodo de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, resolvió alrededor de cuatro mil novecientos asuntos: el Pleno atendió unos cuatrocientos treinta, mientras que las Salas, Primera y Segunda, absorbieron la carga masiva de amparos y revisiones, con más de cuatro mil quinientos asuntos en conjunto.

El famoso uno por ciento proviene de comparar resoluciones con ingresos, pues la Corte recibía decenas de miles de expedientes, pero su función era seleccionar los de relevancia constitucional, no despachar mecánicamente todos. Esa proporción baja no era síntoma de improductividad, sino reflejo de su papel como tribunal constitucional.

Con la reforma de septiembre de 2025, las Salas desaparecieron y todo recayó en el Pleno único. En los ocho meses siguientes, de septiembre de 2025 a abril de 2026, el Pleno resolvió apenas varios cientos de asuntos, entre doscientos cincuenta y trescientos cincuenta, lo que proyectado a un año completo arroja entre cuatrocientos y seiscientos asuntos, un volumen similar al Pleno anterior pero muy inferior al total que alcanzaba la Corte con sus Salas.

La supuesta multiplicación de productividad es un espejismo estadístico: al reducirse el universo de asuntos que ingresan, la proporción de casos resueltos parece mayor, pero en términos absolutos la nueva Corte resuelve menos. El oficialismo confunde concentración con eficiencia, y presenta como milagro lo que en realidad es un cambio de denominador.

La consecuencia práctica fue que miles de amparos dejaron de llegar a la Corte, y el Pleno se convirtió en un embudo que concentra decisiones de mayor visibilidad pero con menor capacidad de absorción. El discurso de ALANÍS SÁMANO omite que la nueva Corte no puede alcanzar los miles de asuntos que antes resolvían las Salas, y que su productividad real se mantiene estable en el rango de cuatrocientos a seiscientos asuntos anuales, exactamente lo que resolvía el Pleno antes de la reforma. La diferencia es que ahora todo se concentra en un solo órgano, lo que genera la ilusión de mayor actividad pero en realidad significa menos resoluciones en total.

El reconocimiento del error llegó pronto: en 2026 se discute ya una nueva reformita judicial que reinstala órganos colegiados con otro nombre, para recuperar la capacidad de resolución masiva que se perdió al desaparecer las Salas. Es decir, primero destruyeron la maquinaria y ahora presumen haberla reinventado. La narrativa oficialista de mayor productividad se derrumba sola: en volumen, la nueva Corte resolvió menos; en proporción, parece más productiva porque se redujo el universo de asuntos que llegan; en estructura, ya reconocieron el error y están reinstalando las Salas disfrazadas.

La afirmación de ALANÍS SÁMANO se sostiene en un espejismo, y los números muestran que la reforma de 2025 redujo la capacidad de resolución, mientras que la reformita de 2026 es apenas un parche para corregir un garrafal error.