Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes: Martha Silva Hernández Ceja

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Morelia, Michoacán, 03 de agosto de 2026.- El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es una herramienta que fortalece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos y fomenta el cumplimiento de las pensiones alimenticias, explicó Martha Silva Hernández Ceja, titular del Juzgado Octavo Oral Familiar de Morelia, durante su participación en programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, producción del Poder Judicial de Michoacán en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SM+).
Durante la entrevista señaló que este registro surgió como respuesta al incumplimiento recurrente de las obligaciones alimentarias y precisó que, cuando una persona acumula más de 90 días de adeudo, las y los juzgadores tienen la obligación de iniciar el procedimiento correspondiente para su inscripción, siempre verificando previamente el incumplimiento y otorgando el plazo legal para que regularice su situación. Asimismo, aclaró que únicamente los juzgados familiares pueden realizar este registro, ya que son quienes determinan las pensiones alimenticias.
La jueza explicó que las consecuencias de aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios buscan incentivar el cumplimiento de esta obligación, ya que pueden existir restricciones para realizar diversos trámites administrativos como la obtención de un pasaporte, la credencial del INE y licencia de manejo, entre otros. Destacó que, desde la implementación de este mecanismo, ha sido frecuente que las personas deudoras acudan a regularizar sus pagos para solicitar posteriormente su baja del registro.
Asimismo, destacó que las juezas y jueces familiares tienen como prioridad proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, recordó que Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en cumplimiento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con 1,025 registros activos al mes de junio de 2026, resultado que refleja el fortalecimiento de las acciones institucionales para garantizar este derecho fundamental.

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