*MONTIEL IMPONE BORRÓN Y CUENTA NUEVA.
*EL NEGOCIO DE LOS PUENTES Y EL JUICIO POLÍTICO.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (05-VI-2026).- El salón Cantabria de Morelia se convirtió en un confesionario político donde ARIADNA MONTIEL, lideresa nacional de Morena, reunió a aspirantes a la gubernatura, diputaciones y alcaldías para leerles la cartilla. La escena fue reveladora: primero los escuchó, después los regañó y finalmente los obligó a “firmar” un pacto de unidad y no agresión.
El mensaje fue contundente: “borrón y cuenta nueva” y a la calle a organizar asambleas informativas en defensa de la soberanía y en apoyo irrestricto a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM. El regaño no fue selectivo, alcanzó incluso al gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, recordándole que la disciplina interna es condición para la gobernabilidad rumbo al 2027.
La reunión, acompañada por CITLALLI HERNÁNDEZ, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y CAROLINA RANGEL secretaria general del CEN de Morena, así como una representante de MARIO DELGADO enlace político regional del CEN de Morena en Michoacán, dejó claro que la dirigencia nacional no confía en la capacidad de los liderazgos locales para contener sus pleitos.
Los morenistas michoacanos han convertido la competencia interna en un deporte de zancadillas: JUAN CARLOS BARRAGÁN, FIDEL CALDERÓN y otros satélites del senador RAÚL MORÓN se han especializado en dinamitar a sus adversarios. MONTIEL, curtida en los callejones donde se fragua la política real, les recordó que la unidad no es un eslogan, sino una obligación. El pacto firmado es más un intento de control que una verdadera reconciliación, porque difícilmente los grupos dejarán de golpearse entre sí.
El hermetismo de la encerrona alimenta la expectativa sobre la convocatoria para definir la coordinación estatal de los Comités de la Transformación. Se prevé que se emita el 22 de junio, aunque la cúpula valora adelantar los tiempos para dar un albazo aprovechando la distracción del Mundial de Fútbol. La estrategia es clara: mientras la euforia popular se concentra en la cancha, Morena busca blindar su proceso interno y evitar que las disputas locales se conviertan en espectáculo nacional.
El regaño de MONTIEL es parte de esa operación de control: poner orden antes de que los pleitos internos erosionen la imagen del partido.
La visita de la dirigencia nacional es también un recordatorio de que las decisiones clave no se tomarán en Morelia, sino en la Ciudad de México. Los aspirantes locales pueden medir fuerzas, presumir recorridos y encuestas, pero la línea la marcará la dirigencia nacional. MONTIEL, HERNÁNDEZ y RANGEL llegaron a imponer disciplina, a recordar que la prioridad es la defensa de la presidenta y la consolidación de la ruta hacia el 2027. El mensaje fue claro: menos pleitos internos, más trabajo territorial. La pregunta es si los morenistas michoacanos están dispuestos a obedecer o si seguirán en la lógica de las zancadillas y las traiciones.
Lo cierto es que el regaño de MONTIEL expuso la fragilidad de Morena en Michoacán: un partido que presume hegemonía pero que internamente se desangra en disputas por candidaturas. La firma del pacto de unidad es apenas un parche sobre una fractura que difícilmente se cerrará. Bajo la lupa, lo que se observa es un partido que necesita la intervención de su dirigencia nacional para contener a sus propios cuadros, un partido que habla de soberanía pero que depende de la disciplina impuesta desde arriba.
El salón Cantabria fue testigo de un regaño histórico: ARIADNA MONTIEL puso orden, pero la verdadera prueba será si los morenistas cumplen o si vuelven a las zancadillas en cuanto se apaguen las luces del cónclave.
EL NEGOCIO DE LOS PUENTES
En Michoacán, los espectaculares instalados sobre puentes peatonales han dejado de ser simples anuncios para convertirse en un campo de batalla político, jurídico y económico. Por un lado, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y Protección Civil sostienen que el retiro de estas estructuras fue una medida de protección civil ante un riesgo inminente: dictámenes técnicos concluyeron que las cargas adicionales comprometían la seguridad de los puentes y ponían en peligro la vida de quienes los usan.
Por el otro, la empresa Fronttall Publicidad, representada por JAIME MEJÍA, acusa al secretario ROGELIO ZARAZÚA de desacatar resoluciones federales y ha promovido un juicio político en su contra. Dos versiones que se enfrentan, pero que esconden un trasfondo más turbio que el simple choque entre autoridad y particular.
El expediente oficial es claro: los anuncios fueron instalados sin autorización estatal, en vías de competencia exclusiva de la SCOP, y nunca pudieron ser inspeccionados para verificar su seguridad. Se otorgaron plazos legales para regularizar la situación, pero en lugar de cumplir, el particular promovió cuatro amparos, algunos desistidos, otros repetidos, en una evidente estrategia dilatoria.
Mientras tanto, las estructuras seguían colgadas sobre los puentes, expuestas a lluvias y vientos, con el riesgo latente de convertirse en proyectiles urbanos. Protección Civil, ante la denuncia ciudadana y el peligro inmediato, actuó en ejercicio de sus facultades y ordenó el retiro. La prioridad, dijeron, fue la vida de las personas.
Sin embargo, la empresa afectada decidió no promover un incidente de incumplimiento de suspensión ante el juez que otorgó las medidas cautelares, como marca la lógica jurídica, sino acudir al Congreso con una denuncia de juicio político. Extraña elección: si realmente hubo desacato, el camino natural era judicial, no legislativo. Esa “jiribilla” revela que el objetivo no es tanto defender la legalidad como presionar políticamente, convertir un pleito administrativo en espectáculo público.
El discurso de MEJÍA habla de derechos violados y familias afectadas, pero omite un detalle fundamental: este negocio se sostiene sobre bienes públicos del Estado, sin pagar lo que corresponde por el uso de la infraestructura. Es decir, se trata de un negocio privado montado sobre puentes que no fueron diseñados para cargar espectaculares, con ganancias que no se reflejan en beneficio colectivo.
El alegato de la empresa sobre las “más de 50 familias” que dependen de esta actividad suena más a escudo retórico que a argumento sólido. La pregunta es: ¿cuántas familias dependen de que los puentes no se desplomen por exceso de carga? ¿Cuántos ciudadanos dependen de que las autoridades actúen para prevenir riesgos? La protección civil no es un capricho, es un mandato. Y si la empresa insiste en que las suspensiones federales le daban derecho a mantener sus anuncios, lo que debió hacer era defender ese derecho en tribunales, no en el Congreso. El juicio político parece más un intento de victimizarse y ganar terreno mediático que una verdadera defensa jurídica.
El trasfondo es evidente: un negocio millonario disfrazado de derecho vulnerado. Los espectaculares sobre puentes son una mina de oro, visibles para miles de automovilistas cada día, pero instalados sin pagar lo que corresponde, sin cumplir con requisitos de seguridad y sin importar el riesgo. La narrativa de la empresa busca convertir a la autoridad en villano, pero la realidad es que la autoridad actuó ante un peligro real. Lo que está en juego no es solo la legalidad de una concesión municipal sin sustento en vías estatales, sino el principio básico de que el interés público está por encima del interés privado.
En este caso, la jiribilla no está en la actuación de la SCOP ni de Protección Civil, sino en la estrategia del particular: usar el Congreso como escenario político para un pleito que debió resolverse en tribunales, victimizarse ante la opinión pública y ocultar que su negocio se sostiene sobre bienes públicos sin pagar lo que corresponde. Bajo la lupa, lo que se revela no es un desacato de la autoridad, sino la insistencia de un particular en mantener un negocio irregular a costa de la seguridad ciudadana. Y eso, más que un juicio político, merece un juicio moral.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
**MEMO VALENCIA ya dejó claro que sus ataques al PAN y a ALFONSO MARTÍNEZ no eran gratuitos: buscaba encarecer la posición del PRI en una eventual coalición rumbo al 2027. Su fórmula es sencilla: si Acción Nacional quiere la gubernatura, que entregue Morelia al tricolor. El problema es que el PAN no está dispuesto a soltar la joya de la corona, porque el capital político del alcalde MARTÍNEZ ALCÁZAR todavía alcanza para retener la capital. VALENCIA presume que CORTÉS ganó gracias a los votos priistas y reta a medir perfiles en encuestas, pero la decisión final no se tomará en Morelia ni en Michoacán, sino en el CEN del PRI, donde ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS será el verdadero árbitro. El “señor cahuamas” podrá hacer ruido, pero la última palabra la tendrá ALITO.
**La diputada BRISSA ARROYO convirtió su salida del PRD en una auténtica telenovela: un día anuncia que se va, al siguiente sigue como coordinadora parlamentaria, aunque oficialmente ya no es militante. La “hija del sol” ha ido de flor en flor buscando acomodo: intentó con los del sombrero, coqueteó con MC, buscó a QUINTANA del PAN, se sentó con RAÚL MORÓN y ahora sueña con ser candidata ciudadana, lo que en realidad significa independiente. Mientras tanto, quita banderines, evade respuestas y asegura que su gran sueño es gobernar Morelia. Con esta señora ya no se sabe para dónde va a parar, pero lo cierto es que su novela política sigue sumando capítulos.
