*LOS CANDADOS GUINDAS RUMBO AL 2027: ENTRE EL HUESO Y LA ENCUESTA.
*ARRANCAN REGISTROS: LA GUERRA POR LAS 11 DIPUTACIONES.
*EL ARTÍCULO 403 BIS: ¿BLINDAJE INSTITUCIONAL O GARROTE AL INGENIO POPULAR?
* CHAPUCERÍAS EN LA CASONA DE MADERO: CUANDO LA IGNORANCIA O LA CONSIGNA DERRIBAN LA LEY.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (02-X-2026).- Vaya documento que soltó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena con su flamante convocatoria para definir a los 300 coordinadores distritales federales en todo el país. Para los ingenuos o los recién llegados a la política, se trata de una simple chamba partidista para armar comités de defensa.
Pero para quienes conocemos las cañerías del poder, no nos hagamos bolas: es el banderazo oficial de salida y la pasarela obligada para palomear a las y los futuros candidatos a diputados federales para las intermedias del 2027. Todo blindado bajo el socorrido ropaje de la autoorganización del artículo 41 constitucional.
Vamos primero al bisturí técnico-jurídico. En la Base Tercera, numerales 5 y 6, la dirigencia morenista impuso como condición de elegibilidad una regla que sacude la burocracia: quienes ostenten cargo o comisión en el Poder Judicial, federal o local, así como en el Gobierno Federal o Estatal, deben acreditar fehacientemente su renuncia o solicitud de licencia al momento exacto de inscribirse. Misma receta amarga para mandos partidistas internos. Empero, en la técnica legislativa el diablo mora en los silencios: no existe prohibición expresa ni exigencia de licencia para legisladores en funciones. Por otra parte, la Base Segunda, inciso a), ataja el nomadismo territorial consagrando la unicidad del registro: quien pretenda postularse en dos o más distritos no anula todo, sino que el sistema validará única y exclusivamente el último trámite registrado.
Ahora sí, traduzcamos este galimatías normativo al lenguaje de la calle, al cristiano, como nos gusta aquí en Bajo la Lupa.
La dirigencia guinda mandó un recado fulminante a los funcionarios calenturientos: se acabó aquello de hacer proselitismo con sueldo del presupuesto bajo el brazo. El secretario, director o delegado que quiera soñar con una curul en San Lázaro tendrá que soltar la teta pública desde el primer minuto en que ingrese sus papeles a la plataforma. Si no hay papelito de renuncia o licencia en mano, simplemente quedan fuera de la jugada. ¿Y los diputados federales y locales? Bien, gracias. Como no los pusieron en el texto, ellos sí podrán seguir cobrando su dieta y paseándose por el distrito, aunque formalmente les tengan jurado que no podrán usar recursos públicos ni meter las manos de manera facciosa.
El otro mensaje demoledor va contra los vivos que pretendían jugar a la ruleta: nada de anotarse en dos distritos por si en uno sale lumbre y en el otro no. Quien intente pasarse de listo verá cómo el algoritmo borra sus solicitudes previas y lo deja colgado de la última que metió. Agréguele usted la veda total a los espectaculares millonarios, acarreos y dádivas, además de bozal a gobernadores y alcaldes para que no inflen favoritos.
Pero que nadie se equivoque: el verdadero gran elector no es el pueblo sabio ni la militancia de a pie, sino la omnipotente Comisión Nacional de Elecciones. La cúpula evaluará discrecionalmente la «honestidad», meterá hasta seis finalistas al tamiz de sus encuestas y, si los números no le cuadran, aplicará el tijeretazo de paridad de género sin que proceda pataleo alguno. El juego comenzó y los dados, como siempre, traen dueño. Al tiempo.
ARRANCAN REGISTROS: LA GUERRA POR LAS 11 DIPUTACIONES
A partir de este jueves 1 de octubre inició formalmente la pasarela de la simulación en los 300 distritos electorales del país. En Michoacán, donde se disputan 11 parcelas legislativas federales, el proceso para designar coordinadores de la defensa de la cuarta transformación desató una feroz carnicería entre tribus. Con 9 diputaciones en manos del oficialismo Morena-PT-PVEM —tras perder el 9 de Uruapan ante un independiente y el 10 de Morelia Oriente frente al PAN—, las cartas están sobre la mesa. Conste: esta relación de aspirantes es apenas una pequeña lista preliminar; desde luego, en próximas entregas daremos a conocer más nombres conforme avancen los registros.
En el Distrito 1 de Lázaro Cárdenas, el decano del lopezobradorismo, LEONEL GODOY RANGEL, busca perpetuar su cacicazgo. Enfrenta la presión directa de ITZÉ CAMACHO ZAPIAÍN, en un choque abierto entre el godoyismo histórico y las corrientes locales emergentes.
En Tierra Caliente, Distrito 2 de Apatzingán, JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO pretende dar el salto tras su desgaste municipal, midiendo fuerzas con ERIKA MAGALI GONZÁLEZ NAVARRO. CRUZ LUCATERO se cobija en el bedollismo pragmático, mientras las bases reclaman espacios genuinos.
Para la franquicia petista de REGINALDO SANDOVAL FLORES, las posiciones resultan innegociables: MARY CARMEN BERNAL MARTÍNEZ en Zitácuaro (Distrito 3), JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN en Hidalgo (Distrito 6) y VANESSA LÓPEZ CARRILLO en Pátzcuaro (Distrito 11) representan la cuota garantizada.
En el Distrito 7 de Zacapu la fractura es total: la pugna entre MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ, LUIS FELIPE LEÓN BALVANERA, ABDALLÁN GUZMÁN CRUZ y BELINDA ITURBIDE DÍAZ exhibe la intención del aparato gubernamental por someter liderazgos de la región. Mientras tanto, en Jiquilpan y Zamora, ROSA GUADALUPE ORTEGA TIBURCIO y DELHI MIROSLAVA SHEMBER DOMÍNGUEZ defienden plazas con estructuras sumamente frágiles.
Mención aparte merece Morelia. En el Distrito 8 Poniente, ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR y MARCO POLO AGUIRRE CHÁVEZ personifican el pragmatismo descarado, desplazando a la militancia fundadora. Para recuperar Uruapan (Distrito 9), el bedollismo envía a su carta fuerte: GABRIELA DESIDREÉ MOLINA AGUILAR. Por su parte, en Morelia Oriente (Distrito 10), DANIELA DE LOS SANTOS TORRES y NALLELI JULIETA PEDRAZA HUERTA escenifican la pugna entre el moronismo de cepa y el reciclaje político para arrebatarle el bastión al panismo.
¿Habrá verdaderas encuestas o asistiremos al clásico reparto cupular? El veredicto final saldrá del pulso encarnizado entre la línea dura godoyista, los tentáculos moronistas, las cuotas del PT-Verde y la maquinaria de Casa Michoacán. Insisto: este recuento es sólo una muestra inicial; en las siguientes entregas iremos destapando más perfiles de esta cruenta contienda interna.
EL ARTÍCULO 403 BIS: ¿BLINDAJE INSTITUCIONAL O GARROTE AL INGENIO POPULAR?
Vaya tormenta la que desataron en el Senado con la aprobación de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, bautizadas ya en el argot popular como la «Ley Antimemes». Con 72 votos del bloque oficialista contra 34 de la oposición, se dio luz verde a un paquete de sanciones que contempla hasta cinco años de prisión y multas superiores a un millón de pesos a quien utilice indebidamente la identidad gráfica gubernamental. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, salió al paso asegurando que no se pretende acallar la sátira ni prohibir la crítica. Sin embargo, en el texto legal las buenas intenciones suelen naufragar frente a la cruda literalidad de la norma.
Vayamos primero a la disección técnica. Desde la óptica del derecho constitucional, el corazón del problema radica en una flagrante transgresión al principio de taxatividad penal, consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. La dogmática penal exige certeza estricta (lex certa): el ciudadano debe conocer con exactitud milimétrica qué conducta está prohibida. El polémico artículo 403 Bis tipifica la copia, reproducción o uso «a escala comercial» de la imagen gubernamental para «inducir al error o engaño» con el fin de cometer un «ilícito».
Jurídicamente, el precepto es un colador. Primero, el concepto de «escala comercial» carece de parámetros cuantitativos objetivos en la era del algoritmo digital. Segundo, el vocablo «ilícito» desborda el ámbito estrictamente delictivo, englobando faltas administrativas o electorales. Y tercero, se omitió deliberadamente una cláusula de exclusión expresa (safe harbor) que blinde la caricatura, el cartón político y la parodia frente a los tipos penales, contraviniendo el umbral de máxima tolerancia a la crítica pública fijado por la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar los artículos 6° y 7° constitucionales.
Ahora bien, traduzcamos este galimatías leguleyo al cristiano, para que usted y yo lo entendamos sin rodeos ni poses doctas.
En términos llanos, lo que hicieron en la Cámara Alta fue fabricar un garrote a la medida del poder. Nos juran de dientes para afuera que van contra los defraudadores cibernéticos que clonan páginas oficiales para tramitar pasaportes falsos. Suena noble, pero dejaron la puerta abierta de par en par. En la práctica, un meme bien armado, una cuenta de parodia o un video satírico en redes sociales requieren forzosamente copiar el escudo, los colores o el membrete oficial para que el chiste funcione y evidencie la pifia de la autoridad.
Si a ese creador de contenido se le ocurre monetizar su video con unos cuantos pesos de publicidad, el fiscal en turno ya tiene elementos para acusarlo de actuar «a escala comercial». Y si algún funcionario de piel sensible se siente ofendido, bastará con argumentar que el meme «indujo al engaño» al pueblo para soltarle a la policía judicial. El chiste le saldrá carísimo al comediante: un proceso penal desgastante, cuentas congeladas y la amenaza de pisar la cárcel.
No nos engañemos: el verdadero peligro no es que metan a medio país a prisión, sino el miedo que van a sembrar. Cuando la ley es tramposa y ambigua, la gente prefiere callarse antes que arriesgar el pellejo. O los diputados le meten bisturí y salvan la parodia, o la guillotina penal caerá sobre el ingenio del mexicano. Al tiempo.
CHAPUCERÍAS EN LA CASONA DE MADERO: CUANDO LA IGNORANCIA O LA CONSIGNA DERRIBAN LA LEY
¡Vaya desparpajo y ligereza con la que se conducen en el Congreso del Estado de Michoacán! Lo acontecido en el trámite de los juicios políticos contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ, no es una simple distracción de novatos, sino un atropello artero al principio de legalidad parlamentaria. Mire usted, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, ALEJANDRO IVÁN ARÉVALO VERA, salió ante los medios de comunicación con un argumento que rayaría en el ridículo si no fuera por la gravedad del asunto.
Declaró, sin rubor alguno, que como sesionaban en comisiones unidas con Puntos Constitucionales y sumaban diez diputados en total, bastaba con una mayoría global para sesionar. Confesó campantemente que por Gobernación solo asistieron dos: él y el diputado REYES GALINDO FLORES, mientras que las otras tres curules estaban vacías, pero que no pasaba nada porque acudieron los asesores. ¡Hágame usted el favor! ¿Desde cuándo los asesores sustituyen la representación popular emanada de las urnas?
Desde la estricta técnica del Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo, lo que consumaron en esas comisiones unidas no es más que un acto viciado de origen y jurídicamente inexistente. El principio de legalidad consagrado en los artículos catorce y dieciséis de la Carta Magna, así como en la Constitución Política del Estado de Michoacán, manda que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite. El artículo trece del Reglamento de Comisiones y Comités del Congreso establece con una claridad meridiana que el quórum se computará en forma independiente por comisión.
No hay resquicio para interpretaciones a contentillo ni sumas colectivas de asamblea comunitaria. Si Gobernación tiene cinco integrantes, su quórum legal mínimo e indispensable son tres legisladores. Al haber acudido solo dos, dicha comisión jamás estuvo legalmente instalada.
Para rematar el despropósito, el artículo treinta y tres de ese mismo reglamento exige la anuencia de la mayoría de los integrantes de cada comisión para aprobar cualquier dictamen. Brincarse ese mandato legal para declarar al vapor que ha lugar a los juicios políticos contra YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ demuestra que la consigna política aplastó a la norma procesal. Los flamantes asesores exhibieron una ignorancia supina o una perversidad deliberada, dejando un dictamen que es auténtica pólvora mojada, destinado a estrellarse y caerse en el primer amparo que revise la justicia federal.
