*LO ADVERTIMOS, TORRES PIÑA SE METIÓ POR LA COCINA.
*GAONA: LA LEY QUE APROBÓ LO ALCANZÓ.
*UMSNH MANCHADA DE SANGRE, URGE INVESTIGACIÓN SERIA.
Columna Política Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (17-VI-2026).- En Michoacán la política se cocina en silencio y se sirve de golpe, como lo advertimos hace meses: CARLOS TORRES PIÑA se les iba a meter por la cocina a los demás aspirantes y hoy los números lo confirman.
El promedio de las encuestas de RUBRUM, DEMOSCOPIA, FACTOMÉTRICA, POPULUS, BUENDÍA & MÁRQUEZ y MASSIVE CALLER lo colocan en la punta con alrededor de 29 a 30 por ciento de intención de voto, mientras que RAÚL MORÓN se mantiene en segundo lugar con 22 por ciento, seguido por GLADYZ BUTANDA y FABIOLA ALANÍS en un rango de 15 a 20 por ciento. ALFONSO MARTÍNEZ, desde la oposición, conserva presencia en los careos con 21 a 23 por ciento, y GRECIA QUIROZ, como independiente, se sostiene en torno a 15 a 17 por ciento, suficiente para ser disruptiva. El resto de los nombres apenas arañan un dígito.
La fotografía es clara: TORRES PIÑA pasó de ser un perfil con bajo reconocimiento a convertirse en el puntero, con un crecimiento sostenido que lo coloca como la carta más competitiva de MORENA. El dato no es menor porque este martes se conoció que solicitó licencia por 30 días al cargo de Fiscal General del Estado, lo que significa que va en serio a participar en el proceso interno de MORENA para la candidatura a gobernador. Nadie pide licencia en un cargo de esa magnitud para jugar a la especulación, y menos cuando la tendencia de las encuestas lo favorece.
El movimiento de TORRES PIÑA no es casualidad. En política las señales cuentan más que los discursos, y es obvio que si decidió participar es porque recibió alguna señal desde la presidencia de la república, vía OMAR GARCÍA HARFUCH, operador cercano al círculo presidencial. Esa señal es la que le da certeza de que su participación no será testimonial, sino con respaldo real. En otras palabras, TORRES PIÑA no se lanza solo: se lanza porque alguien abrió la puerta de la cocina y le dijo que era su momento.
Y justo en ese contexto aparece la filtración del expediente CNHJ-MICH-298/2026, donde un militante de MORENA lo denuncia junto a otros por supuestos actos anticipados de campaña. El documento admite la queja, corre traslado a los acusados y les da cinco días para responder, pero al mismo tiempo declara improcedente la adopción de medidas cautelares, lo que significa que la acusación no tiene efectos inmediatos. El denunciante habla de reuniones en municipios, publicaciones en redes y símbolos asociados a su nombre, pero la realidad es que todos los aspirantes han hecho lo mismo disfrazado de “asambleas informativas” o “defensa de la 4T”. Nadie puede fingir pureza en este terreno.
Lo más revelador es que el militante que firmó la denuncia se llama ALAN YEREMI GUTIÉRREZ LÓPEZ, registrado apenas el 14 de noviembre de 2025 en el padrón nacional de MORENA, y aparece en los mismos eventos que hoy denuncia, pero organizados por el senador RAÚL MORÓN. Es decir, se trata de un integrante de las infanterías de la tribu R-21 o R-27, lo que confirma que la ofensiva contra TORRES PIÑA proviene del equipo de MORÓN. La estrategia es idéntica a la que ya vimos con JUAN CARLOS BARRAGÁN contra LUIS NAVARRO: usar denuncias para intentar descarrilar a los adversarios. Ahora es YEREMI contra TORRES PIÑA. La pertenencia de los equipos políticos lo dice todo: el senador se siente tan débil que instruye a sus partidarios para buscar motivos de litigio interno.
La lectura editorial es que la denuncia no busca proteger la legalidad, sino frenar al puntero. El lector le dará el valor que quiera, pero lo cierto es que TORRES PIÑA ya está en la mesa principal y sus adversarios, incapaces de detenerlo en los números, ahora intentan frenarlo en los tribunales partidistas. Se les metió por la cocina y hoy los obligó a sacar las ollas de las denuncias. La política michoacana se cocina en silencio, pero cuando el plato principal ya está servido, los demás corren a la cocina a buscar cómo apagar el fuego.
Mientras tanto, la interna de Morena en Morelia también se mueve. La última encuesta de Massive Caller muestra un empate técnico entre TORRES PIÑA y LUIS NAVARRO, (Posible plan B de TORRES PIÑA) ambos con 24 por ciento, seguidos por GLADYZ BUTANDA con 19.7 y JUAN CARLOS BARRAGÁN con 17.5. GIULIANA BUGARINI aparece con 10.7, pero al suplir a FABIOLA ALANÍS en la presidencia de la JUCOPO se descarta de facto del proceso interno. Esto reduce la competencia real a cuatro nombres, con NAVARRO Y TORRES PIÑA como punteros y BUTANDA y BARRAGÁN como segundas cartas.
El lector debe darle el valor que quiera a estos números, porque al final las encuestas son fotografías del momento y no sentencias definitivas. Lo que sí muestran es una tendencia: TORRES PIÑA se consolidó como puntero en la gubernatura y se metió a la pelea no solo en el estado sino también en la capital del estado. La teoría que planteamos hace meses se confirma: se les metió por la cocina, silencioso, paciente, y hoy está en la mesa principal. Morena tiene ventaja estructural, pero su definición interna será clave para saber si mantiene la gubernatura y la alcaldía de Morelia o si abre espacio para que la oposición y los independientes aprovechen el voto de cambio que, según Buendía & Márquez, busca el 62 por ciento de los michoacanos.
En conclusión, TORRES PIÑA dejó de ser un perfil en construcción para convertirse en el protagonista de la contienda. Las encuestas en promedio lo ponen arriba, su licencia como Fiscal confirma que va en serio y la señal desde la presidencia lo respalda. El resto de los aspirantes tendrá que decidir si se conforma con ser comparsa o si intenta arrebatarle el plato principal. Porque en Michoacán, la política se cocina en silencio, pero se sirve con contundencia.
GAONA: LA LEY QUE APROBÓ LO ALCANZÓ
El Congreso de Michoacán se enfrenta a una prueba de fuego que no admite evasivas. El episodio protagonizado por BALTAZAR GAONA GARCÍA, presidente de la Mesa Directiva, al permitir —y participar— en la interpretación de un narcocorrido dedicado a un líder delincuencial desde el propio presídium del salón de plenos, no es un simple desliz cultural ni una ocurrencia festiva: es la materialización de la conducta tipificada en el Artículo 163 Quinquies del Código Penal estatal como apología del delito.
La contradicción es grotesca. El mismo diputado votó meses atrás a favor de criminalizar estas expresiones, bajo el argumento de frenar la proliferación de la “narco cultura” y los “corridos bélicos”. Hoy, desde la máxima tribuna del estado, se coloca como protagonista de aquello que la ley sanciona. No hay margen para la ambigüedad: la norma castiga a quien públicamente glorifique actividades ilícitas o personajes vinculados a ellas, y GAONA lo hizo en un espacio institucional, amplificando el mensaje y comprometiendo la credibilidad del Poder Legislativo.
El Código Penal es claro: de tres a seis meses de prisión y multa de 80 a 180 UMA para quien incurra en apología del delito, cuando de la conducta no derive la comisión inmediata de otro ilícito. Además, la Ley de Responsabilidades Administrativas prevé sanciones para servidores públicos que organicen o faciliten este tipo de actos. Es decir, el diputado no solo enfrenta un posible proceso penal, sino también un procedimiento administrativo que puede derivar en multas y sanciones institucionales.
La inmunidad procesal de los legisladores obliga a un procedimiento de desafuero para que GAONA pueda ser juzgado penalmente. El camino es conocido: denuncia ante la Fiscalía, solicitud de declaración de procedencia, dictamen de la Comisión Jurisdiccional y votación en el pleno. Solo entonces podría ser separado del cargo y sometido a proceso. El dilema es político: ¿tendrán sus compañeros la voluntad de aplicar la ley con el mismo rigor que se exige a cualquier ciudadano, o preferirán blindar la impunidad en nombre de la “unidad legislativa”?
Más allá de la sanción penal, el Congreso tiene en sus manos una oportunidad histórica: destituir a GAONA como presidente de la Mesa Directiva. No se trata de un capricho ni de una revancha política, sino de una medida de higiene institucional. Mantenerlo en el cargo después de haber convertido el salón de plenos en escenario de apología del delito sería un mensaje devastador: que la ley es letra muerta cuando se trata de quienes la aprueban.
El caso es un parteaguas. Si se permite que el episodio se diluya en disculpas públicas y sanciones menores, Michoacán habrá confirmado que la apología del delito es castigada solo para los ciudadanos de a pie, mientras los legisladores gozan de un fuero convertido en escudo de impunidad. Si, por el contrario, se aplica la ley y se destituye al responsable, el Congreso enviará un mensaje de coherencia y credibilidad: nadie está por encima de las normas que él mismo aprueba.
La pregunta no es si GAONA cometió apología del delito —los elementos están a la vista—, sino si Michoacán está dispuesto a demostrar que la ley se aplica también a quienes se sientan en la Mesa Directiva. De lo contrario, lo que quedará bajo la lupa será la impunidad pura, disfrazada de fiesta legislativa.
UMSNH MANCHADA DE SANGRE, URGE INVESTIGACIÓN SERIA
La violencia volvió a irrumpir en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y esta vez alcanzó a la Facultad de Derecho, donde el proceso para elegir integrantes del Consejo Técnico terminó manchado de sangre.
El aspirante CRISTIAN GIOVANNI PIÑA ESPINOZA, de apenas veinte años, fue golpeado brutalmente pese a que desde el sábado había declinado públicamente su participación. El hecho no es aislado: apenas unos días antes, en la preparatoria Lázaro Cárdenas de Uruapan, un grupo delincuencial atacó al candidato puntero y lo obligó a desistir, suspendiendo la elección. La repetición del patrón es alarmante y exige una respuesta institucional inmediata.
La comunidad estudiantil señala directamente a personajes vinculados al oficialismo y al entorno del gobernador, entre ellos NOEL GARCÍA CANCINO, director del Registro Civil, conocido como “El Abuelo”, así como a SERGIO CARMELO DOMÍNGUEZ, director de la Facultad de Leyes, y otros actores como LESLY LIRA, DULCE CASTRO y RICARDO FONSECA. Vox populi atribuye la violencia a operadores políticos que buscan controlar los procesos internos universitarios, lo que convierte a la universidad en un campo de batalla ajeno a su misión académica.
La exigencia es clara: las autoridades universitarias deben abrir una investigación seria, transparente y sin simulaciones. No basta con comunicados tibios ni con deslindes burocráticos. Se requiere identificar a los responsables, deslindar las cadenas de mando y, si se confirma la participación de funcionarios o grupos políticos, dar vista a la Fiscalía General del Estado para que se proceda penalmente. La universidad no puede convertirse en refugio de impunidad ni en laboratorio de violencia política.
La comunidad estudiantil ya ha señalado nombres y organizaciones, como la FNUD, que aparecen en las denuncias públicas. Corresponde ahora a las autoridades corroborar los hechos y actuar con firmeza. La violencia no tiene cabida en la universidad y menos cuando se trata de procesos electorales internos que deberían ser ejemplo de democracia y civilidad. Cada golpe propinado a un estudiante es un golpe a la autonomía universitaria y a la credibilidad de las instituciones.
La Facultad de Derecho, que debería ser semillero de juristas y defensores de la legalidad, no puede tolerar que sus procesos se vean enturbiados por agresiones físicas y amenazas. La ironía es brutal: quienes estudian para defender la justicia son agredidos en su propio espacio académico por operadores que se sienten intocables.
La exigencia de verdad y justicia no es un capricho, es una necesidad para preservar la integridad de la universidad. Si los responsables no son sancionados, el mensaje será que la violencia es un método válido para controlar procesos internos, y eso abriría la puerta a una espiral de agresiones que terminaría por destruir la confianza en la institución.
Hoy la comunidad universitaria reclama que se esclarezca cualquier posible participación, omisión o responsabilidad de personas, grupos estudiantiles y autoridades que estuvieron involucrados en la jornada electoral. La universidad merece elecciones libres de intimidación y estudiantes que puedan ejercer sus derechos sin miedo. La Fiscalía tiene que intervenir si se confirma la participación de actores externos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
La violencia no puede normalizarse en la Universidad Michoacana. La comunidad exige verdad, justicia y procesos limpios. El silencio institucional sería complicidad y la impunidad, una sentencia contra la autonomía. Por lo pronto, la noche de este martes trascendió que el Consejo Universitario había determinado “suspender” al director de la facultad SERGIO CARMELO DOMÍNGUEZ como medida cautelar a consecuencia de las investigaciones iniciadas, ojalá se llegue al fondo.
