Morelia, Michoacán, 05 de mayo de 2026. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para nuestro país, durante el mes de mayo es obligatorio presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, para toda servidora pública en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado.
Esto anterior, incluye al personal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCAs) como el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM), un sujeto particularmente obligado al ser operador jurídico de la dicha Ley General y de otras, relacionadas con la justicia administrativa.
De ahí que, “nuestro Tribunal ha cumplido cabalmente con la obligación de la declaración anual en años recientes, con porcentajes cercanos al 100 por ciento”, indicó la magistrada presidenta del TAAM, Lizett Puebla Solórzano.
También explicó que la declaración es una de las herramientas para inhibir la corrupción al interior del servicio público, toda vez que “funciona como una especie de indicador, pues reflejan los cambios en los ingresos y bienes de las personas servidoras públicas: elementos que pueden servir más tarde para comprobar si existen o no actos irregulares de su parte”.
La magistrada presidenta refirió que la declaración patrimonial y de intereses es una responsabilidad administrativa y, como tal, debe atenderse.
Caso contrario, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que, “si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicio/modificación/conclusión), en los plazos correspondientes sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes”.
