La Huelga que se perdió en el Teatro (Columna Política “Bajo la Lupa”)

*LA HUELGA QUE SE PERDIÓ EN EL TEATRO.
*GUERRERO, EL DIÁLOGO COMO DISFRAZ DE IMPUNIDAD.
*LAS “MAÑANERAS” DE GAONA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
*LOS QUE SE DECÍAN LEJOS… SIGUEN BAJO EL MISMO TECHO.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (15-V-2026).- Veintitrés días de paro en la Universidad Michoacana terminaron convertidos en una tragicomedia sindical. Lo que comenzó como un pliego de demandas laborales derivó en un catálogo de privilegios que rayaba en lo absurdo: entrenadores con sueldos de liga europea, mantenimiento ilimitado de vehículos sindicales, pagos retroactivos de administraciones pasadas y mobiliario nuevo con cargo al presupuesto universitario. Cada jornada de huelga sumaba exigencias más alejadas de la defensa de la base trabajadora y más cercanas a la consolidación de prebendas.
La universidad, presionada por el paro, ofreció incrementos salariales, retroactivos y hasta cubrir adeudos de años anteriores. Pero el sindicato prefirió prolongar el conflicto, añadir nuevas cláusulas y suspender el diálogo. Al final, lo que se obtuvo fue mínimo: aumentos de apenas 4 a 4.5%, ajustes en la caja de ahorro para que los préstamos se descuenten directamente de la quincena y la afiliación al IMSS de unos veinte trabajadores de apoyo enfermos. El resto, nada. Ni plazas, ni seguridad social, ni conquistas reales.
Los deudos de trabajadores fallecidos, que reclamaban seguros de vida y el famoso “gasto de marcha”, fueron utilizados como ficha de presión. Sus lágrimas sirvieron para adornar el teatro, pero los pagos siguen pendientes desde 2018. En cambio, los dirigentes del comité de la llamada “Legado Vindicación” sí sacaron lo suyo: negociaron discretamente y cobraron sus respectivos pagos, mientras los demás quedaron condenados a seguir esperando en las mesas de negociación.
La conclusión es brutal: veintitrés días de clases perdidas, miles de estudiantes afectados y proyectos académicos sacrificados para terminar en lo mismo que la universidad había ofrecido antes del estallamiento. La huelga fue gratuita, un teatro político montado por dirigentes que utilizaron a la base como comparsa y que, al final, sólo aseguraron sus propios beneficios.
Los trabajadores de apoyo quedaron en el abandono, los deudos de fallecidos en la espera, y los estudiantes con semanas de aprendizaje desperdiciadas. La dirigencia sindical, en cambio, se lleva la medalla de haber convertido la universidad en rehén de sus intereses.
En suma, lo que se vivió no fue una defensa de derechos laborales, sino una puesta en escena donde los líderes sindicales cobraron protagonismo y los demás quedaron como extras. Veintitrés días de huelga para nada: ni conquistas, ni justicia, ni avances. Sólo faramalla. Y si los estudiantes tuvieran memoria incendiaria, bien podrían quemar en leña verde a quienes los condenaron a perder casi un mes de clases por un espectáculo vacío, mientras los dirigentes del comité se aseguraban sus pagos y dejaban al resto con las manos vacías.
GUERRERO, EL DIÁLOGO COMO DISFRAZ DE IMPUNIDAD
En Guerrero, el guion oficial se repite con un cinismo que ya parece rutina: mientras las comunidades indígenas son expulsadas a punta de fuego y dinamita, el gobierno federal decide que la mejor estrategia no es la captura de los responsables, sino la cortesía de una conversación. El Estado mexicano, que presume no tener vínculos con el crimen, termina reconociendo a un capo como interlocutor válido.
CELSO ORTEGA JIMÉNEZ, jefe de Los Ardillos, ha sobrevivido a cinco administraciones, ha corrompido a políticos y religiosos, y ha convertido la Montaña en un cementerio abierto. Su hermano diputado, su cuñada alcaldesa y los obispos que lo presentan como benefactor son parte del andamiaje que lo mantiene intocable. Frente a esa historia de sangre y complicidad, la respuesta institucional es ofrecerle una mesa de negociación.
El comunicado de Gobernación es revelador: el subsecretario CÉSAR YÁÑEZ telefonea al criminal para pedirle que “baje la violencia” y permita el ingreso del Ejército. La presidenta CLAUDIA SHEINBAUM justifica la ausencia de acción militar con el argumento de proteger a la población civil. Pero la población ya está siendo desplazada, asesinada y mutilada. La supuesta prudencia se convierte en abandono.
La contradicción es brutal: el oficialismo insiste en que no pacta con delincuentes, pero en Chilapa se documenta lo contrario. No hay orden de captura, no hay despliegue de fuerza, sólo un proceso de “diálogo institucional” con quien ha sembrado cabezas humanas en plazas públicas. La política de pacificación se traduce en claudicación.
¿Por qué esa deferencia hacia los verdugos? Porque el poder criminal no sólo intimida: también financia, acomoda y negocia con las élites locales. ORTEGA ha sido pieza útil para alcaldes, diputados y hasta sacerdotes que lo legitiman como proveedor de “ayuda”. El resultado es un Estado que se arrodilla ante el crimen organizado, disfrazando su impotencia con discursos de paz.
Mientras tanto, desde Washington se lanzan advertencias: si México no enfrenta a los cárteles, lo hará Estados Unidos. La paradoja es que, en lugar de mostrar fuerza, el gobierno mexicano exhibe complacencia. La vida de los habitantes se preserva, dicen, pero en realidad se entrega como moneda de cambio en un pacto tácito.
En Guerrero, la mesa de diálogo no es un gesto de civilidad: es la evidencia de que el Estado ha renunciado a ejercer su autoridad. La impunidad se institucionaliza y el crimen se sienta a negociar como si fuera un actor legítimo. Esa es la radiografía más clara de un país donde la justicia se sustituye por cortesía.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que de octubre de 2024 a abril de 2026 han sido detenidas 52 mil 628 personas por diversos delitos de alto impacto.
LAS “MAÑANERAS” DE GAONA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, BALTAZAR GAONA, ha decidido que su investidura le permite organizar conferencias de prensa al estilo presidencial. En ellas, abre el micrófono a funcionarios estatales y convierte el recinto legislativo en escaparate político. El caso más sonado fue la invitación a la secretaria de Desarrollo Urbano, GLADYZ BUTANDA, quien aprovechó el espacio para proyectar su aspiración a la gubernatura. El resultado: un Congreso usado como plataforma electoral y un presidente legislativo que se gana el título de “Empleado del Mes” por su servilismo.
GAONA respondió con soberbia: aseguró que sus actos están amparados por la ley y que quienes lo critican desconocen las normas. Pero basta revisar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso para comprobar lo contrario. Los artículos que regulan sus facultades hablan de preservar el orden en los debates, citar sesiones, firmar minutas, recibir denuncias de juicio político, tomar protestas y garantizar la seguridad del recinto. En ningún punto se autoriza la organización de “mañaneras” ni la utilización de recursos legislativos para promoción política.
Aquí es donde el principio de legalidad se vuelve clave. Para los ciudadanos, la regla es amplia: pueden hacer todo lo que la ley no prohíba. Para los funcionarios públicos, la lógica es inversa: sólo pueden hacer lo que la norma les autoriza expresamente. La administración carece de voluntad propia; se limita a ejecutar lo que la ley dispone. Cualquier acto fuera de ese marco es nulo y constituye abuso de poder.
La diferencia es fundamental. El ciudadano goza de autonomía de la voluntad, mientras que el funcionario está sujeto a vinculación positiva a la ley. Violentar esa frontera tiene consecuencias distintas: para el ciudadano, sanciones; para el funcionario, nulidad y responsabilidad legal. Esta distinción protege a la sociedad de la arbitrariedad y obliga a que cada decisión de gobierno esté fundada y motivada en la norma.
GAONA, al organizar sus conferencias, actúa como si su cargo le otorgara libertad ciudadana. Pero su investidura no es un cheque en blanco. El principio de legalidad lo ata a un marco estricto de atribuciones. Sus “mañaneras” son un exceso, un acto arbitrario que vulnera la imparcialidad legislativa y convierte al Congreso en sala de propaganda.
En conclusión, el presidente de la mesa directiva no está ejerciendo transparencia ni rendición de cuentas: está abusando de su cargo. Y cada vez que se repite el espectáculo, el Congreso pierde credibilidad, mientras su titular se gana aplausos del poder en turno y críticas de quienes aún esperan que la ley se respete dentro del recinto legislativo.
LOS QUE SE DECÍAN LEJOS… SIGUEN BAJO EL MISMO TECHO
En Michoacán, los priistas que juraban estar divorciados de la dirigencia estatal encabezada por Guillermo Valencia —alias Memo Cahuamas— acaban de demostrar que la distancia no es tanta. A través de la organización PRIUM (PRIístas Unidos por Michoacán), levantaron la mano y presentaron un boletín donde ponen sobre la mesa perfiles para competir por la presidencia municipal de Morelia en 2027.
La narrativa es clara: aunque no coincidan con la conducción del partido en el estado, no han dejado de trabajar en torno al tricolor. PRIUM se presenta como fuerza viva, con presencia en la mayoría de los municipios y con autonomía operativa, lista para negociar candidaturas y alianzas. En su comunicado, exhiben nombres de peso: ex senadores, ex alcaldes, ex diputados y ex dirigentes que, según ellos, garantizan resultados y experiencia.
El mensaje es doble. Por un lado, marcan distancia de la actual dirigencia estatal, a la que acusan de debilidad y de improvisación. Por otro, reafirman que su identidad sigue siendo priista, que no han abandonado las siglas y que su trabajo paralelo busca fortalecer al partido en la negociación de coaliciones. Es decir, no se fueron: se quedaron en la casa, aunque no reconozcan al administrador.
La estrategia es evidente: mostrar músculo territorial, recordar que tienen cuadros competitivos y presionar para que la candidatura de Morelia no se decida en un reparto de cuotas, sino en función de perfiles con trayectoria. En el fondo, lo que PRIUM exhibe es que el PRI, pese a fracturas internas, sigue siendo un espacio donde los viejos liderazgos buscan reciclarse y mantenerse vigentes.
Lo que parecía ruptura total con el tricolor se revela como un distanciamiento táctico. Los priistas inconformes no se fueron a otro partido ni renunciaron a sus siglas: se organizaron aparte, pero siguen orbitando alrededor del mismo sol. Y ahora, con la mirada puesta en 2027, demuestran que la supuesta lejanía era más pose que realidad.
En conclusión, los que se creían lejos del PRI no andan tan lejos. Han seguido trabajando bajo sus colores, aunque sin coincidir con la dirigencia estatal. Y en ese juego de distancias y cercanías, lo que queda claro es que el tricolor sigue siendo el punto de referencia, incluso para quienes dicen estar divorciados de él. Ver menos