*JUICIO POLÍTICO: ¿LEGALIDAD O REVANCHA LEGISLATIVA?
*SE NIEGA EL CONGRESO A PERDER PRIVILEGIOS.
*PARQUE INDUSTRIAL DEL BAJÍO: EL BARRIL SIN FONDO Y EL ESPEJISMO DEL DESARROLLO.
Vaya, vaya, qué casualidad que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, el diputado BALTAZAR GAONA GARCÍA, haya preparado minuciosamente todo un escenario para montar un auténtico circo mediático y político, en el cual, por supuesto, él mismo asumió el papel protagónico estelar al fungir como presentador oficial de una solicitud de juicio político en contra de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ.
Cierto es que en los anales parlamentarios de nuestra entidad nunca se había visto que la propia presidencia del Poder Legislativo organizara con bombo y platillo una rueda de prensa, permitiendo la colocación de mantas denostativas, proyectores y el acceso franco a un grupo de manifestantes a modo para darle trámite a un asunto que formalmente promovió el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la máxima casa de estudios, SERGIO CARMELO DOMÍNGUEZ MOTA.
Aunque DOMÍNGUEZ MOTA intentó curarse en salud y suavizar el artero golpe asegurando ante los micrófonos que no se trata de un conflicto personal contra la rectora sino de una legítima búsqueda de legalidad, la parafernalia exhibida por GAONA GARCÍA, hablando sin empacho de una supuesta «licuadora» institucional y mostrando diapositivas con observaciones por doscientos noventa y cinco millones de pesos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, revela una burda maniobra política que sobrepasa por completo las funciones institucionales del Congreso.
Dentro del rosario de quejas mediáticas, también se esgrimieron presuntas violaciones a la normatividad académica interna y a los contratos colectivos de trabajo por el supuesto otorgamiento irregular de decenas de plazas y definitividades a profesores. Pero suponiendo sin conceder que tales irregularidades laborales y escalafonarias hubieran ocurrido, ¿no son acaso las representaciones sindicales legalmente constituidas y los tribunales laborales competentes las vías institucionales exclusivas para dirimir y reclamar esos derechos? ¿Desde cuándo el recinto parlamentario se convirtió en ventanilla de trámite para controversias de índole estrictamente laboral y universitaria?
La abierta animadversión de GAONA GARCÍA hacia ÁVILA GONZÁLEZ no es ninguna novedad en la aldea política michoacana, pero ante este burdo montaje teatral vale la pena plantear varias reflexiones de fondo. ¿Acaso son tan sumisos, deficientes o negligentes los funcionarios universitarios como para cometer a ojos cerrados tantas supuestas ilegalidades sin que nadie dentro de la estructura universitaria dijera absolutamente nada al respecto?
Más aún, si la autoridad universitaria violó tantas resoluciones judiciales como acusan, ¿por qué los órganos jurisdiccionales correspondientes no han procedido legalmente en su contra con el rigor debido? En el ámbito presupuestal, ¿por qué la Auditoría Superior de la Federación o las instancias facultadas no han procedido penal o administrativamente contra la rectoría si verdaderamente existiera una malversación de fondos públicos?
Resulta demasiado extraño que, ante semejante cúmulo de supuestas irregularidades pregonadas a los cuatro vientos, ninguna institución legalmente facultada haya iniciado procedimientos y que ahora GAONA GARCÍA y sus socios pretendan erigir al Congreso local en un tribunal sumario para juzgar lo que las autoridades competentes no han sancionado.
Finalmente, ¿qué opinan al respecto los demás diputados integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura ante las actitudes arbitrarias y protagónicas del presidente de la Mesa Directiva?
¿Convalidarán con su silencio cómplice este atropello o marcarán una clara distancia frente al protagonismo desmedido de su compañero? ¿O acaso existe una perversa directriz política dictada desde las sombras del poder para doblar a la rectora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ y obligarla a entregar el control del relevo en la rectoría nicolaita? Al tiempo.
SE NIEGA EL CONGRESO A PERDER PRIVILEGIOS.
Dice un viejo refrán popular que “el amor y el dinero no se pueden ocultar”, pero en el Poder Legislativo de Michoacán habría que agregarle un tercer elemento: la insaciable voracidad por el presupuesto público. Mire usted, amable lector, la comedia monumental que terminan de escenificar los integrantes de la LXXVI Legislatura local roza en los linderos del cinismo puro y descarado.
Resulta que tras la aprobación y publicación del famoso “Plan B” de Austeridad impulsado desde el Poder Ejecutivo Federal encabezado por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, la ordenanza constitucional quedó grabada en piedra en el Diario Oficial de la Federación. La reforma al artículo 116 de la Carta Magna fue contundente y claridosa: los congresos estatales no podrán ejercer un presupuesto anual que supere el 0.70 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la entidad respectiva. En buen castellano, esto significa meterle la tijera de tajo a una bolsa millonaria que durante décadas ha servido para alimentar dietas ostentosas, asesores de membrete, partidas secretas y bonos extraordinarios para los diputados locales.
Pero ¡oh sorpresa!, en la Casona de la avenida Madero las cosas se interpretan a conveniencia del bolsillo propio. El presidente de la Mesa Directiva, el diputado BALTAZAR GAONA GARCÍA, salió al paso con una declaración que pasará a los anales del descaro leguleyo. Con una soltura que pasma, el legislador por el distrito de Tarímbaro sostuvo que la actual legislatura simple y sencillamente no aplicará el recorte presupuestal estipulado para el ejercicio fiscal 2027. ¿La razón? Según sus muy particulares luces y su conveniente lectura, los artículos transitorios del decreto federal disponen que la medida deberá aplicarse hasta la siguiente legislatura. Y para rematar el despropósito, soltó la frase matona que retrata de cuerpo entero a la clase política local: “esta legislatura no tiene la voluntad de aplicarlo”.
¡Vaya joyita de declaración! Permítame desmenuzar la patraña, porque aquí el fondo del asunto no es un simple debate técnico o una discrepancia de calendarios. Lo que el diputado BALTAZAR GAONA GARCÍA y sus pares están enseñando sin pudor alguno es que para ellos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un instrumento optativo, un catálogo de sugerencias que se acata solo cuando conviene a sus intereses particulares.
Cualquier estudiante de primer año de la Facultad de Derecho sabe perfectamente que, conforme al principio de Supremacía Constitucional consagrado en el artículo 133 de la propia Ley Fundamental, las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente son imperativas y obligatorias para todas las autoridades del país. La disposición transitoria es meridianamente clara: fija un plazo de 180 días naturales para la homologación de las leyes locales e indica de forma explícita que la contención financiera aplica a partir de la integración del paquete económico del ejercicio 2027. En ningún párrafo, renglón ni coma del decreto federal se establece una dispensa o un cheque en blanco para que la actual integración de la LXXVI Legislatura quede exenta de la austeridad republicana.
Lo que verdaderamente ocurre es que ajustarse al techo financiero del 0.70 por ciento implicaría quitarle al Congreso de Michoacán una tajada superior a los 400 millones de pesos anuales. Perder semejante dineral duele, y duele mucho cuando se está acostumbrado a vivir en el privilegio sistemático. Por eso prefieren inventar piruetas jurídicas, escudarse en leguleyadas y argumentar falta de “voluntad”.
Así las cosas, mientras a la ciudadanía de a pie se le pide ajustar el cinturón y entender la austeridad como un valor democrático, en el Poder Legislativo michoacano se declaran en rebeldía constitucional para no tocar un solo centavo de sus jugosas prerrogativas. Una muestra fehaciente de que cuando los intereses personales de la clase política chocan contra la Carta Magna, para nuestros flamantes representantes la ley simplemente sale sobrando.
PARQUE INDUSTRIAL DEL BAJÍO: EL BARRIL SIN FONDO Y EL ESPEJISMO DEL DESARROLLO
Mire usted, amable lector, si algo ha caracterizado a la clase política de nuestra entidad a lo largo de los últimos sexenios es su extraordinaria capacidad para vender espejitos, empaquetar viejas promesas con nuevos moños y presentar la simulación como una verdadera proeza de gobierno. El más reciente episodio de este teatro de ilusiones tuvo lugar con la pomposa firma del Fideicomiso para el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar “Parque Industrial Bajío”, encabezada por el gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA.
El anuncio mediático se lanzó con bombos y platillos: una supuesta bolsa inicial de 100 millones de pesos aportados por la iniciativa privada para detonar la infraestructura en la zona geográfica que abarca municipios como Zinapécuaro y Álvaro Obregón. Sin embargo, al deshojar la margarita y rascarle un poco a los datos duros, lo que queda al descubierto no es un motor de transformación industrial, sino un auténtico barril sin fondo de dinero público que apunta directamente a convertirse en un estrepitoso fracaso.
Hagamos memoria y números, que para eso estamos aquí. Desde que este proyecto comenzó a gestarse allá por el año 2015 bajo la administración de SILVANO AUREOLES CONEJO —entonces bajo la narrativa de las extintas Zonas Económicas Especiales y reservas territoriales—, las arcas del Estado han desembolsado más de 400 millones de pesos en la compra de terrenos, estudios de factibilidad que terminaron en el cajón de los recuerdos, promociones internacionales sin sustento e infraestructura básica.
Once años de recursos públicos vertidos en una franja territorial sin que se haya instalado hasta la fecha una sola empresa ancla de manufactura o de alta tecnología. ¿Y cuál es el gran logro anunciado tras más de una década de sequía? Que un puñado de desarrolladores ponga 100 millones de pesos. ¡Menuda desfachatez!
Pero el problema de fondo no es solo el desproporcionado saldo entre lo desembolsado por el gobierno y lo aportado por los particulares. Para que cualquier capital nacional o extranjero decida radicar sus inversiones en un parque industrial se requieren dos condiciones elementales que aquí brillan por su ausencia: seguridad pública real y vocación industrial genuina.
Hablemos con la verdad, aunque a muchos en Palacio de Gobierno les incomode. La región metropolitana que abarca Zinapécuaro, Álvaro Obregón y sus alrededores vive sumida en una crisis de violencia sistemática. Las reyertas sangrientas entre grupos delictivos antagónicos y los choques armados con los cuerpos de seguridad son la constante de todos los días. Sin embargo, no existe un solo plan especial de seguridad ni una estrategia focalizada para blindar ese corredor. ¿Qué empresa multinacional en su sano juicio va a arriesgar su capital y la integridad de su personal en una zona donde el Estado no garantiza la paz social ni el libre tránsito? La respuesta es obvia: ninguna.
Por si fuera poco, basta revisar la lista de los firmantes del promocionado fideicomiso para entender hacia dónde va la jugada. Las corporaciones involucradas no son gigantes de la transformación industrial; ahí están CITELIS, de la familia RAMÍREZ, enfocada históricamente al negocio inmobiliario y de plazas comerciales; GRUPO HERSO, de los hermanos SOLÓRZANO, abocado al desarrollo habitacional; y SUPRA CONSTRUCTORES, dedicada a la infraestructura urbana.
Con estos actores en la mesa, el mentado Polo de Desarrollo no llegará a ser jamás el gran Silicon Valley michoacano ni el centro manufacturero que nos han querido vender. En el mejor de los escenarios, el proyecto terminará convertido en un mero negocio inmobiliario privado: un complejo de bodegas de almacenamiento para empresas de paquetería, empaques para la exportación agroindustrial y párale de contar. Un espejismo de inversión privada edificado sobre un abismo de recursos públicos que, al tiempo, terminará en el cesto de los proyectos fallidos.
