*La falta de seguridad obliga a retrasar las elecciones hasta julio de 2027.
*Los civiles caen víctimas de las bandas o de las operaciones de seguridad.
21 de noviembre del 2026.- “La casa de mi padre fue invadida por pandillas y estuvieron al borde de la muerte”, relata Roudy Joseph, activista de origen haitiano refugiado en España. Su familia vive en Plaine du Cul-de-Sac, una zona en la periferia de la capital de Haití, Puerto Príncipe. “Allí las pandillas se disputan el territorio y la población civil quedó en medio. Secuestraron y quemaron casas. Hubo muchos desplazados”, explica Joseph a RTVE Noticias.
Como la mayoría de la población haitiana, la familia de Joseph vive con el miedo a convertirse en objetivo de las bandas armadas o a caer en el fuego cruzado con las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales. “Intentan hacer su vida cotidiana, pero con un persistente temor de ser atacados, heridos o asesinados, incluso por una bala perdida”, cuenta el activista.
Al menos 4.595 personas murieron en Haití y 2.050 resultaron heridas entre enero y septiembre de 2026, según la ONU, además de registrarse 1.497 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Desde 2022, más de 22.000 personas han muerto y aproximadamente 1,5 millones han huido de sus hogares.
Las bandas campan a sus anchas, y una operación militar amparada por el Consejo de Seguridad no ha logrado aún controlar la situación. El Salvador ha enviado tropas por su cuenta tras el secuestro de varios de sus soldados.
“Haití es el fracaso más sonoro de la política internacional y doméstica en el hemisferio americano” y el “epítome de un Estado fallido”, afirma Salvador Martí, investigador asociado del CIDOB.
Décadas de crisis
La historia de Haití, el país nacido de una revolución de esclavos, está marcada por la corrupción, los dirigentes autocráticos, las intervenciones extranjeras y las catástrofes naturales. Salvador Martí señala 1991-1992, cuando la primera presidencia del sacerdote Jean Bertrand Aristide fue interrumpida por un golpe de Estado, como el “inicio de un deterioro continuo”. “Son tres décadas de intervenciones que no han podido resolver nada. Se ha producido un proceso de desarticulación de las instituciones, de la autoridad, de la legitimidad, que se ha ido extendiendo”, añade.
El país no se había recuperado aún de la destrucción causada por el terremoto de 2010 y la epidemia de cólera cuando celebró sus últimas elecciones, en 2016. Fue elegido Jovenel Moïse, del partido Tet Kalé. En 2021, Moïse fue asesinado por mercenarios colombianos que se hicieron pasar por agentes antidrogas de EE.UU.
Moïse fue sucedido por una serie de gobiernos transitorios, pero el vacío de poder efectivo ha permitido que las bandas acumulen poder y controlen extensas áreas.
“Al no haber unas fuerzas de seguridad depuradas de vínculos con las pandillas ni una institucionalidad estatal que pudiera hacer frente a esto, Haití se encuentra en una crisis en la que no ha podido tener elecciones ni unas fuerzas de seguridad suficientemente capaces para hacer frente a una amenaza que sigue creciendo”, explicaba en el programa de RNE Hora América María Fernanda Arocha, analista del Centro de Localización y Datos sobre Conflictos Armados (ACLED) para México, Centroamérica y el Caribe.
Quiénes son las bandas de Haití
Las élites políticas y económicas de Haití se han apoyado en grupos armados desde los tiempos de la dictadura de la familia Duvalier (1957-1986). Pero desde el asesinato de Moïse se han independizado de sus patronos.
Además del robo y la extorsión, las bandas se benefician de la situación de Haití como puente para todo tipo de contrabandos. “En un mundo donde la red transnacional del crimen cada día tiene más recursos, las redes de tráfico ilícito, ya sea de personas y órganos hasta droga y armas, están siempre pendientes de dónde pueden tener un espacio logístico. Y Haití es perfecto”, explica Salvador Martí.
Viv Ansanm es el grupo armado más importante. En realidad es una coalición de dos bandas, antiguos enemigos: la G9 y la G-Pep. Se unieron en 2024 bajo la dirección del expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue.
Viv Ansanm supera a todos los demás grupos en potencia de fuego y podría tener entre 12.000 y 20.000 miembros, según un informe del International Crisis Group. A comienzos de 2024 llegaron a controlar gran parte de Puerto Príncipe, incluido el aeropuerto, y forzaron la dimisión del entonces primer ministro.
Conforme ha ido ganando poder, Chérizier se ha internado en el populismo político, con vídeos en redes sociales en los que se dirige al pueblo, e incluso ha hablado de formar un partido.
La segunda banda en importancia es Gran Grif, que domina el departamento de Artibonito y dirige Luckson Elan, alias General Luckson. Otra es la 400 Mawozo, encabezada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, y a la que El Salvador responsabiliza del secuestro de cuatro de sus soldados.
Las bandas atacan a la población como represalia por colaborar con las fuerzas de seguridad, por negarse a pagar la extorsión o desobedecerles. O simplemente, como en el caso de la familia de Joseph, están en medio de las disputas por el territorio.
Algunos casos muestran su extrema violencia: en el barrio de Cité Soleil, los pandilleros decapitaron a 19 personas, incluyendo a 12 mujeres ancianas. En la localidad de Kenscoff, dos ataques en julio y agosto dejaron 105 muertos, entre ellos 19 niños.
Fuerzas de seguridad e intervención internacional contra las bandas
Enfrente están las fuerzas de seguridad haitianas, formadas por 13.000 agentes de la Policía Nacional y unos 1.400 miembros de las Fuerzas Armadas. Además, en 2025 el Gobierno contrató los servicios de Vectus Global, una empresa militar privada creada por Erik Prince, un exmilitar estadounidense conocido por haber fundado Blackwater, que operó en Irak.
En 2024, una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia y respaldada por la ONU, se desplegó en Haití para combatir a las bandas. La misión no llegó a los 1.000 efectivos, la mayoría policías kenianos, y abandonó en marzo de 2026 sin ningún avance.
Le sucedió la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF en inglés), que supuestamente debe llegar a los 5.500 efectivos, pero que de momento ha desplegado a 1.500 procedentes de nueve países, entre ellos Sri Lanka, Chad, Guatemala y El Salvador.
La GSF ha tenido algunos éxitos, pero las bandas adoptan nuevas tácticas, como el reclutamiento de niños, y pronto recuperan el territorio perdido. Además, las operaciones de seguridad también provocan muertos entre los civiles.
“Las bandas actúan en lugares densamente poblados, donde es difícil diferenciar entre pandilleros y civiles, sobre todo en operaciones con soporte aéreo”, explica María Fernanda Arocha. “La posibilidad de afectación a civiles es bastante alta”.
“La población está entre la espada y la pared – resume Roudy Joseph. – Por un lado sufren la violencia criminal de las pandillas, pero también los ataques de las tropas”.
La situación impide el acceso a servicios básicos, como sanidad, agua potable o alimentos.
Esto no ha impedido que República Dominicana y Estados Unidos hayan devuelto a su país a miles de haitianos que deberían disfrutar de protección internacional.
¿Qué busca Bukele en Haití?
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha convertido en otro actor en Haití. Tras la desaparición de cuatro salvadoreños de la GSF en octubre, Bukele ha enviado 2.000 militares en una operación propia e independiente.
La intervención salvadoreña tiene el apoyo de parte de la población, pero también ha hecho sonar las alarmas entre las ONG y los observadores internacionales por la falta de un marco legal claro, los antecedentes del modelo autoritario de Bukele y por las dudas sobre sus verdaderas intenciones.
“La narrativa de Bukele es la de posicionarse como un líder regional en la lucha contra el crimen organizado”, argumenta la analista de ACLED. A nivel interno, “forma parte de la necesidad de reforzar y fortalecer esta imagen de líder capaz de enfrentarse a las pandillas y a la inseguridad ante las elecciones de febrero de 2027”.
Salvador Martí no descarta, además, que sea un intento de Bukele de congraciarse con EE.UU. para que la colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países se recupere al nivel que tenía en los años 80 del siglo pasado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que su país no está involucrado, pero ha pedido que las fuerzas salvadoreñas, la GSF y las haitianas se coordinen.
Un incierto futuro
Ante la situación de inseguridad, las elecciones presidenciales, previstas para diciembre, se han retrasado de nuevo, hasta julio de 2027. El primer ministro actual, Alix Didier Fils-Aimé, ejerce de presidente interino.
Pese al retraso, ya hay 33 candidatos registrados. Una es Martine Moïse, viuda del presidente asesinado. También están los expresidentes Michel Martelly y Jocelerme Privert, sometidos a sanciones internacionales por su supuesta complicidad con las bandas; el exprimer ministro Claude Joseph y la exministra de Exteriores Dominique Dupuy. Fanmi Lavalas, el partido de Jean-Bertrand Aristide, no presentará a ningún candidato.
Según María Fernanda Arocha, lo más urgente es un “plan de seguridad” que “atienda no sólo a la intervención directa e inmediata, sino a la sostenibilidad de las operaciones”. “Si las autoridades no dan alineamientos, es difícil coordinar las distintas fuerzas y pensar en un gobierno que pueda formarse y tener elecciones”, advertía la analista de ACLED.
“Mientras haya grandes intereses a los que les convenga que haya un espacio inestable donde tener su logística, es muy difícil que esto termine”, opina Salvador Martí. El investigador del CIDOB cree que lo máximo a lo que se puede llegar es a un “equilibrio” entre “las varias intervenciones de pacificación en curso”, las autoridades locales y las diversas fuerzas que operan en el país para dar “un barniz de institucionalidad y paz”. Así podría existir “una cierta institucionalidad y una cierta infraestructura para que la gente viva de manera mínimamente digna”.
Roudy Joseph advierte de que “ninguna salvación va a venir de una fuerza extranjera”. “Pero tal vez se pueda aprovechar un poco la situación con esas intervenciones, no para confiar totalmente en ellas, sino para que el pueblo pueda recuperar su vida, tomar la situación en sus manos y producir cambios profundos y permanentes para la estabilidad de Haití”.





