CDMX, 07 de septiembre del 2026.- Los intereses y gastos administrativos de la deuda “impagable” del rescate bancario de la década de los 90 alcanzaron 2 billones 181 mil 485.6 millones de pesos en julio de 2026, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizados con base en la inflación. Sin embargo, aún faltan por liquidarse más de un billón de pesos, exhiben los informes de la dependencia.
Las obligaciones financieras, que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), se han quedado de tal manera enquistadas en las finanzas públicas de México, que a julio todavía representaban un billón 165 mil 351 millones de pesos en pasivos del IPAB –el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que administra esa deuda–, y 35 mil 852.2 millones de pesos del programa de apoyo a deudores.
En vísperas de la presentación del paquete económico 2027, que se entregará al Congreso el 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recuperó el tema del rescate bancario y el peso que todavía tiene en las finanzas públicas. En su gira por Zacatecas lo calificó de “deuda impagable” y sentenció: “nunca se va a acabar de pagar el Fobaproa, el IPAB”.
Un día después, en Colima, la mandataria señaló que Édgar Amador Zamora –quien ha visto crecer la deuda pública del país en un billón 555 mil 676 millones de pesos corrientes desde que asumió como secretario de Hacienda en marzo del año pasado– le “dictó” que los pasivos del llamado Fopabroa están absorbiendo 50 mil millones de pesos cada dos años.
“Cada dos años pagamos del presupuesto público 50 mil millones de pesos al IPAB, pero eso sólo corresponde a una parte de los intereses de esa deuda; el capital y la otra parte de los intereses, se tiene que adquirir deuda para pagar el IPAB”, consignó la mandataria.
En mayo del año pasado, en una entrevista con La Jornada, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que las obligaciones del IPAB, que vienen “de un rescate de deudas privadas que se transformaron en deudas públicas”, se tendrían que pagar al menos hasta 2057, es decir, que de manera preliminar pesarán 62 años en el balance público (bit.ly/4d1hqYk).
Se consultó a Hacienda sobre la actualización del costo financiero que han tenido los pasivos del Fobaproa, con base en las cifras oficiales que la misma dependencia difunde, y sobre el avance que ha tenido la deuda pública del país en su medida más amplia –el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)– desde marzo del año pasado. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
De acuerdo con los datos de la dependencia, el que la medida más amplia de la deuda siga creciendo, ha llevado a que los pasivos del rescate bancario hayan pasado de 34.37 por ciento del SHRFSP en el año 2000 –es decir, más de una tercera parte– a 6.25 por ciento en julio de 2026.
El problema sobre la deuda asociada al rescate bancario es de origen. Más allá del endeudamiento en que suelen incurrir los gobiernos para financiar parte del gasto público, el desaseo, la corrupción y la incompetencia fueron constantes en los hallazgos sobre el Fopabroa reportados en su momento por auditores independientes y la Auditoría Superior de la Federación.
Desde 2021, La Jornada había informado que los intereses derivados del rescate bancario ya habían rebasado el monto original (bit.ly/4gECPsH).Si bien, se “normalizó” el pago de este pasivo como una manera de evitar una crisis más duradera, nunca se transparentó del todo quiénes fueron los beneficiados de los fraudes realizados en el marco del Fopabroa.
Vistos estos datos con valores de julio de 2026, los intereses y costos de administración que derivan del Fobaproa han representado 10 por ciento de todo el costo financiero presupuestario que ha pagado el país desde diciembre de 1995.
La apuesta es que los pasivos del IPAB pierdan peso a medida que crece la economía. De acuerdo con el plan anual de financiamiento del instituto, al cierre de 1999, esta deuda equivalía a 10.78 por ciento del producto interno bruto (PIB) y en junio del año pasado se había reducido a 2.78 por ciento.
Con información de La Jornada
