*EL SOMBRERO DE LAS DERROTAS Y LAS OPORTUNIDADES.
*BALTAZAR GAONA: EL CONFLICTO COMO OFICIO.
*REFORMA ENGAÑOSA: LA CONFUSIÓN DEL UNIFORME ESCOLAR.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (22-V-2026).- SALVADOR LÓPEZ ORDUÑA es un veterano de las urnas, con un historial que mezcla triunfos sonados y derrotas que no se olvidan. Fue dos veces presidente municipal de Morelia, pero también perdió dos candidaturas a la gubernatura y, lo más relevante para el análisis, ya fue derrotado como candidato a la alcaldía en 1989. Ese antecedente lo persigue: no sólo sabe ganar, también sabe perder en la misma plaza que ahora quiere reconquistar.
El anuncio de que será el candidato del Movimiento del Sombrero para las elecciones municipales de 2027 coloca su figura en un escenario peculiar. No llega como novato ni como outsider, sino como un viejo conocido que intenta reinventarse bajo una nueva marca. El reto es doble: convencer a los electores que lo recuerdan como pionero del cambio en los noventa y seducir a una generación que apenas lo ubica en los archivos.
El Movimiento del Sombrero apuesta por la simbología popular, por la cercanía y la autenticidad. Pero la candidatura de LÓPEZ ORDUÑA no puede ocultar que ya fue derrotado en Morelia. Ese dato es crucial: el electorado local ya le dijo “no” una vez, y la memoria política suele ser más dura que cualquier campaña de marketing.
Las posibilidades de triunfo dependen de varios factores:
Capital histórico: fue el primer alcalde no priista, un símbolo de ruptura que todavía puede generar nostalgia.
Desgaste acumulado: tres derrotas en su historial, incluida la municipal, lo pintan como un político que insiste más de lo que convence.
La marca del Sombrero: si logra consolidarse como movimiento ciudadano y no como ocurrencia folclórica, puede darle plataforma real.
Bajo la lupa, la candidatura de SALVADOR LÓPEZ ORDUÑA es un experimento electoral. Su regreso con sombrero nuevo a una plaza que ya lo conoció, lo aplaudió y lo rechazó, será leído como un reto de mercadotecnia política y de memoria histórica. Si gana, será un regreso inesperado y un triunfo del símbolo sobre la estadística; si pierde, será la confirmación de que los sombreros no siempre protegen del sol electoral ni de la memoria de las derrotas.
BALTAZAR GAONA: EL CONFLICTO COMO OFICIO.
En el Congreso de Michoacán, BALTAZAR GAONA GARCÍA, diputado del Partido del Trabajo y presidente de la Mesa Directiva, parece empeñado en demostrar que su oficio no es la conducción parlamentaria, sino la generación de conflictos. Ya antes había metido al Legislativo en un diferendo innecesario al pronunciarse contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en asuntos que solo competen a la comunidad universitaria. Ahora, el enfrentamiento es interno, con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, FABIOLA ALANÍS SÁMANO, como antagonista principal y con un bloque de legisladores que buscan su destitución.
El petista respondió a la intentona con su estilo habitual: calificó de “enanismo político” la solicitud de los morenistas encabezados por JUAN CARLOS BARRAGÁN. Según él, sus críticos buscan posicionarse con agendas personales y lo usan como trampolín. Pero más allá de la retórica, lo cierto es que el Congreso se ha convertido en un ring donde cada sesión se abre con acusaciones, reproches y votaciones divididas.
El episodio más reciente gira en torno a la llamada “agenda política” al inicio de las sesiones. GAONA defendió ese espacio como mecanismo para dar voz a todas las bancadas, incluso a las minorías, y evitar que los posicionamientos se hicieran frente a un Pleno vacío. Morena, con ALANÍS a la cabeza, lo consideró un exceso: un acuerdo político que no podía colocarse por encima de la Ley Orgánica. El resultado fue una votación ríspida, con 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención, que eliminó el punto del orden del día. La oposición lo llamó “bozal”, GAONA lo denunció como intento de censura, y la escena dejó aliados divididos y coordinadores enfrentados.
Las diferencias alcanzaron incluso al Partido Verde, con XÓCHITL RUIZ desmarcándose del procedimiento, y al PAN, donde TERESITA HERRERA cuestionó la súbita “irregularidad” de un mecanismo que llevaba semanas funcionando. Movimiento Ciudadano, representación parlamentaria e independientes también se opusieron al retiro, defendiendo que el esquema daba orden y voz a las bancadas. En contraste, el PRD terminó alineándose con Morena y con ello inclinó la balanza. El resultado fue un Congreso fracturado, con mayorías que se mueven al ritmo de las incomodidades políticas y las coyunturas internas.
GAONA, fiel a su estilo, convirtió la derrota en bandera: acusó un intento de “poner bozal” a la oposición y reprochó que los acuerdos políticos se deshicieran según conveniencia. Su coordinador, REYES GALINDO, defendió que el verdadero problema no era la agenda política, sino la falta de actualización de la Ley Orgánica. Pero el desenlace fue claro: las bancadas ya no tendrán garantizado un espacio automático para posicionarse al inicio de las sesiones, y la única vía para recuperar esa figura será una reforma legal.
El saldo político es evidente. BALTAZAR GAONA ha logrado que su nombre se asocie más con el conflicto que con la conducción tersa del Congreso. Su estilo confrontativo, su insistencia en defender mecanismos cuestionados y su capacidad para polarizar incluso a aliados lo colocan en el centro de la tormenta. Lo que para él es defensa de la libre expresión, para otros es un obstáculo en la gobernabilidad parlamentaria. Y mientras tanto, el Congreso sigue atrapado en la paradoja de que quien debería garantizar orden es, en realidad, el principal generador de ruido.
REFORMA ENGAÑOSA: LA CONFUSIÓN DEL UNIFORME ESCOLAR
En Michoacán se aprobó una reforma a la Ley de Educación que, lejos de eliminar la obligación de portar uniforme, busca frenar un viejo vicio administrativo: el negocio de los proveedores “oficiales”. La iniciativa, impulsada por la diputada GRECIA AGUILAR, prohíbe que las escuelas condicionen la compra de útiles, uniformes o materiales a un establecimiento específico, cerrando la puerta a convenios que encarecen la educación y golpean la economía familiar.
El problema es que la noticia se ha distorsionado. En la conversación pública se expandió la idea de que los estudiantes ya no tendrían que usar uniforme, como si el Congreso hubiera decretado libertad absoluta en la vestimenta escolar. Nada más alejado de la realidad. La ley mantiene intacta la obligación de que los alumnos acudan con uniforme y cuenten con útiles, pero ahora los padres podrán elegir dónde adquirirlos, comparando precios y evitando imposiciones disfrazadas de “acuerdos organizativos”.
La fracción XXIV del artículo 226 quedó clara: se prohíbe obligar, inducir o presionar a las familias para comprar en proveedores determinados, incluyendo listas exclusivas o recomendaciones obligatorias. El objetivo es garantizar equidad y respeto a la economía familiar, no abolir el uniforme. Sin embargo, la confusión ha sido tal que muchos padres creen que la reforma liberó a sus hijos de la camisa blanca y el pantalón azul.
La Comisión de Educación advirtió que estas prácticas, aunque se presentaban como medidas administrativas, en realidad eran imposiciones que limitaban la libertad de elección y generaban beneficios indebidos para ciertos actores. El dictamen busca cortar de raíz esos abusos, pero la narrativa pública ha convertido una medida de transparencia en un supuesto “adiós al uniforme”.
En conclusión, la reforma no elimina la disciplina escolar ni la imagen institucional que representa el uniforme.
Lo que elimina es el monopolio de proveedores que, bajo la sombra de la autoridad escolar, convertían la educación en un negocio privado. La confusión es peligrosa: si no se aclara, se corre el riesgo de que padres y alumnos interpreten la ley como carta blanca para romper reglas básicas de convivencia escolar.
La lección es simple: la reforma protege el bolsillo, no la moda. Los niños seguirán uniformados, pero los padres ya no uniformados en la fila de un solo proveedor.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
**En Michoacán, el Congreso local decidió eliminar la carta de antecedentes penales como requisito para registrarse como candidato a cualquier cargo público. La medida, presentada como un acto de “apertura democrática”, abre la puerta a que cualquiera pueda competir sin importar su historial judicial. El detalle irónico es que, mientras tanto, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM impulsa a nivel federal una reforma electoral que plantea la creación de una comisión encargada de revisar los perfiles de aspirantes, precisamente para evitar que personajes con vínculos criminales lleguen a las boletas. Así, mientras en el estado se quita el candado, en la federación se busca ponerlo con lupa. Una paradoja digna de la política mexicana: aquí se abre la puerta de par en par, allá se instala un detector de metales.
** En el PAN de Michoacán, CARLOS QUINTANA salió a decir que la dirigencia no meterá mano en la contienda interna por la candidatura a la alcaldía de Morelia. Según él, lo importante es la unidad y respetar los procedimientos, aunque confesó que ya se reunió con los aspirantes y que el ambiente es “de buen ánimo”. A finales de mayo se levantará la encuesta que definirá al coordinador, y de ahí saldrá el candidato oficial. Los nombres en la baraja son YANKEL BENÍTEZ, actual secretario del Ayuntamiento; FITO TORRES, de OOAPAS; y el diputado federal DAVID CORTÉS. En resumen: QUINTANA promete piso parejo, pero en política moreliana todos saben que hasta las encuestas tienen dueño.
**El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana decidió suspender no solo la tradicional cena-baile, sino también el acto solemne que se realizaría en el auditorio del Centro Cultural Universitario, con motivo del Día del Empleado Universitario. La dirigencia acusó a la rectora de obstaculizar la celebración y lanzó consignas de “¡Fuera de la universidad!”. Lo llamativo es que apenas días atrás, para festejar a las madres sindicalizadas, acudieron al Salón Charo de Casa de Gobierno, donde el gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA les prestó el espacio y hasta patrocinó banquete y regalos. Ahora, con múltiples auditorios disponibles —desde el Samuel Ramos hasta el propio del sindicato— prefirieron dramatizar la negativa y suspender todo. Más que un problema de logística, parece un cálculo político: el acto solemne convertido en bandera de protesta, y el “¡Viva el SUEUM!” resonando más como consigna de resistencia que como celebración institucional. Ver menos
