*REFORMA ELECTORAL INCOMPLETA FRENTE AL PODER CRIMINAL.
*EL CHAVO LÓPEZ Y LA SOMBRA DE LA SANCIÓN.
*MISELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (25-V-2026).- La iniciativa que pretende perfeccionar la reforma del Poder Judicial incorpora medidas técnicas plausibles —simplificación del voto, paridad de género, criterios homogéneos de evaluación— pero contiene un núcleo peligroso que exige atención: la presunción de determinancia y la vaguedad sobre qué se entiende por “injerencia extranjera”, combinadas con la ausencia de medidas concretas para enfrentar la intervención de grupos delictivos.
La presunción de determinancia opera como un atajo jurídico: si la diferencia entre candidatos es menor a un umbral preestablecido, se asume que cualquier injerencia extranjera fue suficiente para alterar el resultado sin necesidad de probar causalidad concreta; en la práctica, eso convierte al tribunal en un mecanismo que puede anular elecciones por defecto en contiendas cerradas, y desplaza la carga probatoria hacia la ciudadanía y los órganos que pierden la elección.
Es crucial preguntarse quién decide qué es “injerencia extranjera” y con qué estándares: la iniciativa enumera conductas —financiamiento ilícito, propaganda, desinformación, manipulación digital— y añade una cláusula residual que permite declarar “cualquier otra conducta que, a juicio del tribunal, comprometa la soberanía nacional”; esa redacción abierta deja a la discrecionalidad judicial la frontera entre opinión legítima y operación coordinada de interferencia, sin establecer protocolos técnicos de atribución, plazos perentorios para la investigación, ni requisitos mínimos de evidencia forense digital o financiera.
El riesgo se agrava respecto al voto en el exterior: millones de mexicanas y mexicanos residentes fuera del país podrían ver su sufragio puesto en duda por campañas de desinformación o propaganda originadas en el extranjero; la iniciativa no define cómo distinguir entre la legítima circulación de ideas en redes internacionales y operaciones coordinadas de interferencia, ni fija umbrales técnicos para atribuir responsabilidad a actores concretos, ni prevé mecanismos independientes de verificación que protejan ese voto de decisiones automáticas basadas en márgenes estrechos.
Aunado a esto, la propuesta mira casi exclusivamente hacia actores estatales o agentes extranjeros y no articula con la misma contundencia medidas contra la intervención de organizaciones criminales, que en México han demostrado capacidad real para condicionar resultados: compra de votos, cooptación de candidaturas mediante prestanombres, amenazas a electores y funcionarios, y violencia selectiva que altera la participación ciudadana en regiones como Sinaloa o Michoacán.
Esas formas de injerencia no siempre encajan en la categoría de “extranjera” y, por tanto, quedarían fuera del alcance de la presunción; verificar hojas de servicio y antecedentes de aspirantes ayuda a filtrar perfiles, pero no evita que redes criminales financien campañas opacas, utilicen empresas fachada para lavar recursos o impongan candidatos por intimidación.
Para enfrentar esa realidad se requieren medidas operativas y preventivas que la iniciativa no desarrolla: inteligencia financiera y electoral especializada con protocolos de intercambio de información entre fiscalías y autoridades electorales, investigación forense de flujos de dinero transnacional, unidades conjuntas de investigación sobre desinformación y redes sociales, protección efectiva de electores y funcionarios en zonas de riesgo, y sanciones penales y administrativas contundentes contra la cooptación criminal de la política.
Además, la concentración de elecciones en una sola jornada y la reducción a dos candidaturas por cargo, aunque simplifican la boleta, pueden facilitar la captura local: menos opciones y boletas más compactas hacen más visible y, en contextos de violencia, más manejable la compra de votos o la coacción; la insaculación y la depuración de listas por comités pueden ser útiles para evitar clientelismos, pero solo si esos comités son verdaderamente independientes, auditables y sujetos a contrapesos externos.
También es necesario precisar la cadena de custodia de la evidencia digital y financiera que se invoque para alegar injerencia, establecer peritos independientes, plazos procesales claros y recursos de impugnación efectivos que eviten anular una elección sobre la base de presunciones no verificadas.
En suma, la reforma ofrece un blindaje parcial frente a ciertas formas de interferencia externa, pero deja desprotegida la democracia frente a actores que históricamente han distorsionado procesos electorales desde dentro y a través de redes transnacionales del crimen; si el objetivo es fortalecer la legitimidad de la justicia y la integridad del voto, la redacción constitucional debe acompañarse de candados técnicos:
Definición precisa y acotada de “injerencia extranjera”, estándares probatorios exigentes, mecanismos independientes de investigación y atribución, salvaguardas específicas para el voto en el exterior y un paquete integral contra la injerencia de grupos delictivos que combine prevención, inteligencia, persecución y protección de la integridad del proceso electoral; sin esos elementos, la letra constitucional puede convertirse en una herramienta ambigua que, en contextos de captura institucional o polarización, termine por deslegitimar elecciones y erosionar la confianza ciudadana en la justicia y en las urnas.
EL CHAVO LÓPEZ Y LA SOMBRA DE LA SANCIÓN
SALVADOR LÓPEZ ORDUÑA, mejor conocido como “EL CHAVO LÓPEZ”, quiere volver a la arena política de Morelia con sombrero nuevo y discurso reciclado, esta vez bajo la modalidad de candidato independiente impulsado por el Movimiento del Sombrero. El problema es que carga con un expediente que no se borra con discursos ni con sombreros: una inhabilitación federal de diez años, dictada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, que le impide ocupar cargos públicos hasta el 12 de febrero de 2027.
La sanción, inscrita en la Plataforma Digital Nacional de Servidores Públicos Sancionados, es clara: negligencia administrativa en el manejo de recursos federales durante su paso por el FONHAPO. No es un rumor, es un registro oficial. El calendario electoral juega como juez implacable. Para junio de 2027, día de la elección, LÓPEZ ORDUÑA ya habrá cumplido su castigo y legalmente podría aparecer en la boleta. Pero los procesos internos de selección y las precampañas arrancan meses antes, cuando todavía seguiría marcado como “inhabilitado”.
Eso significa que, salvo que su movimiento le guarde el espacio y lo inscriba después de febrero, su aspiración podría naufragar antes de zarpar. La ley le abre la puerta en marzo, pero la política suele cerrarla con candado en diciembre. Aquí aparece el dilema ético y moral. ¿Debe un movimiento que se presenta como fresco y ciudadano postular a alguien que hasta hace unos meses estaba castigado por negligencia administrativa?
La respuesta jurídica es sencilla: sí puede ser candidato. La respuesta política es más incómoda: cargaría con el estigma de haber sido sancionado y sus adversarios tendrían un argumento fácil y contundente: “¿Cómo confiar en quien ya fue inhabilitado por mal manejo de fondos públicos?” La memoria ciudadana no se borra con la fecha de vencimiento de una sanción. El Movimiento del Sombrero puede apostar por LÓPEZ ORDUÑA, pero tendrá que explicar cómo se concilia la narrativa de independencia y renovación con la realidad de un aspirante que llega con cicatrices administrativas.
La ética política no se mide en calendarios, se mide en credibilidad, y ahí es donde la candidatura del CHAVO LÓPEZ enfrenta su mayor obstáculo. En conclusión, la ley le permitirá competir en junio de 2027, pero la moral pública y la percepción ciudadana podrían convertir su aspiración en un boomerang: legalmente viable, políticamente cuestionable. El sombrero puede cubrirle la cabeza, pero difícilmente le tapará la sombra de la inhabilitación.
MISELÁNEA POLÍTICA
**El gobierno de ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA volvió a tropezar con la propia lengua: en su boletín oficial atribuyó a CLAUDIA SHEINBAUM la iniciativa para anular elecciones por intervención extranjera, cuando en realidad fue obra de RICARDO MONREAL. Error garrafal, porque no hablamos de un detalle menor, sino de la paternidad de una reforma constitucional. La omisión exhibe a la administración estatal como incapaz de distinguir quién legisla y quién gobierna, y peor aún, como descuidada en la imagen institucional que debería cuidar con lupa. En tiempos donde la soberanía se defiende hasta en los discursos, BEDOLLA demuestra que ni siquiera puede defender la precisión de sus comunicados. Resultado: un gobierno que se pinta solo como desinformado y poco serio, justo en un tema que exige rigor y credibilidad.
**En Michoacán, mientras el Congreso discute una eventual reforma electoral local, sería oportuno que los diputados incluyeran un candado contra el hostigamiento telefónico y la propaganda invasiva. Hoy los ciudadanos estamos hasta la madre de recibir llamadas a deshoras: encuestas disfrazadas de spam, mensajes grabados de aspirantes y propaganda que se cuela hasta debajo de la puerta. El marco legal nacional regula la propaganda en medios y prevé sanciones por financiamiento ilícito (LGIPE, arts. 209-212), pero guarda silencio frente al acoso telefónico. La PROFECO presume su Registro Público para Evitar Publicidad, aunque partidos y encuestadoras se escapan de esa trampa. Resultado: la privacidad se convierte en botín electoral y el teléfono en instrumento de acoso institucionalizado. Si de verdad se quiere blindar la democracia, el Congreso michoacano debería prohibir expresamente el uso indiscriminado de números telefónicos sin autorización ciudadana. Porque cuidar la privacidad no es lujo: es vital.
**La Corte dice que no se quita el aguinaldo, solo se parte a la mitad: de 60 a 30 días. O sea, no te roban el derecho, nomás te lo adelgazan como dieta forzada. Los actuales pensionados respiran tranquilos, pero los futuros ya saben que su Navidad será con menos pavo y más frijol. El argumento es la “viabilidad financiera”, ese eufemismo que suena a “no hay dinero, pero sí ganas de recortar”. Y claro, Zacatecas inaugura la tijera, mientras otras entidades ya afilan la suya. El fallo abre la puerta a que el aguinaldo se convierta en aguinaldito, y que la justicia constitucional se disfrace de contadora austera. Porque aquí no se trata de derechos adquiridos, sino de derechos en liquidación.
**Fraude a la ley, le llaman, pero en Michoacán lo disfrazan de encuesta telefónica. Resulta que ahora nos preguntan si preferimos a BARRAGÁN o a BUTANDA, como si la democracia cupiera en un call center. El detalle es que la corcholata oficial no despega ni con cohetes de feria, y en Casa Michoacán ya huelen el fracaso: diez puntos y contando hacia abajo. Así que saturan celulares y líneas fijas con la ilusión de que la gente se entusiasme entre “tan malo el pinto como el colorado”. La ironía es que la campaña anticipada parece más desesperada que estratégica, y lo único que revela es que el jefe del Ejecutivo anda buscando plan B antes de que su corcholata se evapore como espuma de cerveza caliente.
**La Asociación de Ministros Evangélicos de Morelia (AMEM) realizó el pasado sábado 23 de mayo la “Celebración de Vida y Paz”, un encuentro ciudadano y de oración que busca fomentar la unidad, la esperanza y la paz en Morelia y hasta ahí, todo muy bien, marcharon unas tres mil personas, las que durante el recorrido oraron, cantaron y bailaron, pero al final, cuando se trató de mandar el mensaje principal, apareció el señor “diputado moches” ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR a dar su mensaje. ¡Por favor! Esos pastores, dentro de los que hay algunos muy vivillos, echaron a perder su evento al contaminarlo con la intervención y presencia de lo más impresentable de la clase política michoacana. Ver menos
