14 de octubre del 2026.- La Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha propuesto este miércoles aranceles de 200.000 dólares por viaje a todos los buques con bandera española, así como restricciones a la exportación de una serie de productos españoles hacia territorio estadounidense. Es su respuesta al veto del comercio con Israel, que el Gobierno impuso por la guerra en Gaza y los asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados.
La FMC inició una investigación después de que en 2024 se negara el acceso a los puertos españoles a tres buques del Programa de Seguridad Marítima estadounidense, vinculado a la Secretaría de Defensa, alegando que transportaban carga con destino u origen en Israel. En ese momento, ya se aplicaba el embargo de armas, que se amplió más tarde con otras restricciones al comercio israelí.
Tras escuchar a diferentes partes implicadas, incluido el Gobierno de España, el organismo federal ha concluido que esas medidas crean “condiciones desfavorables para el transporte marítimo internacional” y “graves consecuencias” para el desarrollo de las exportaciones estadounidenses.
Por ello, además del arancel de 200.000 dólares por viaje y buque, impone restricciones a las exportaciones de algunos productos españoles, entre los que se incluyen perfumería y cosmética, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra y azúcar y confitería.
El Gobierno niega el perjuicio a EE.UU. y presentará alegaciones
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han aclarado que presentarán alegaciones en el plazo establecido por la FMC, de 60 días desde la publicación en el registro. “Las medidas adoptadas por España en ningún caso son discriminatorias contra Estados Unidos ni contra ningún tercer país, y, por lo tanto, consideramos que cualquier medida sobre esta base carecería de fundamento”, han indicado.
Desde el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares han garantizado también que defenderán los intereses comerciales y las decisiones soberanas del país, así como el cumplimiento del Derecho de la UE y del Derecho internacional, con el objetivo de evitar las sanciones que, recordamos, no son firmes, sino una propuesta de la FMC.
