Catastros y registros: El predialazo que viene y tu bolsillo (Columna Política “Bajo la Lupa”)

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*QUINCE AÑOS DE FIESTA Y RESACA: EL REBAÑO MICHOACANO EN EL COLISEO GUINDA
*CATASTROS Y REGISTROS: EL PREDIALAZO QUE VIENE Y TU BOLSILLO
*¿PISO PAREJO? ¡MANDINGA LAS HILACHAS! CONVOCATORIA A LA MEDIDA
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (09-X-2026).- Dicen por ahí que no hay fiesta completa sin desvelados ni comilona sin dolor de estómago, y vaya que la conmemoración de la década y media del partido guinda en el imponente Auditorio Nacional pareció más una misa de cuerpo presente con música de fondo que un verdadero aquelarre de júbilo.
En el papel presumían a reventar casi diez mil almas en el coloso de Paseo de la Reforma, pero en la realidad lo que sobraron fueron bostezos, caras largas y el veneno puro que destilan las pugnas intestinas por el reparto del pastel rumbo a las urnas. Una ceremonia desabrida, de aplausómetro desinflado, donde la omnipresencia de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tuvo que ser proyectada en pantallas de alta definición porque el patriarca prefirió la serenidad de su rancho antes que mandarles siquiera un telegrama de felicitación.
Y mientras la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO se mantenía a prudente distancia institucional, el vástago del expresidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN —conocido en los bajos fondos de la grilla como “ANDY”—, provocó un evidente escozor cuando fue ovacionado por un núcleo duro de obradoristas que, al unísono y a garganta partida, le corearon «¡no estás solo!». Un grito de auxilio que sonó a justificación descarada frente a las múltiples acusaciones y sospechas de corrupción que arrastra a cuestas.
Aunque sus corifeos intenten venderlo como el gran articulador o aspirante a San Lázaro, la verdad monda y lironda es que “ANDY” ya no le suma un ápice al movimiento; al contrario, para los comicios intermedios de junio de 2027 terminará siendo un pesado lastre electoral del que muchos querrán desmarcarse. Por eso la dirigente nacional, ARIADNA MONTIEL REYES, prefirió ignorarlo y marginarlo del presídium, arropándose mejor con veteranos de la vieja guardia como CÉSAR YÁÑEZ, BERNARDO BÁTIZ y BERTHA LUJÁN.
Pero vayamos al terreno que nos atañe, al solar purépecha, porque mientras ARIADNA MONTIEL arengaba desde el estrado con un discurso que provocó una desbandada prematura hacia los camiones bajo la lluvia capitalina, la cargada michoacana no desaprovechó la ocasión para gastar suela, saliva y reflectores en el magno recinto. Allá estuvo, por supuesto, el autodenominado «primer morenista de Michoacán», el gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, quien no quiso perderse la pasarela nacional y se apersonó en el recinto para rendir pleitesía y placearse entre sus homólogos gobernadores, buscando enviar la señal de que mantiene el pulso y la interlocución directa con el centro del país. Y no iba solo: encabezando la estructura partidista local se vio al dirigente formal, JESÚS MORA GONZÁLEZ, pregonando pureza de principios y llamando al reconocimiento de las bases territoriales, mientras tras bambalinas la contienda por el 2027 tiene al comité ardiendo en llamas.
A su lado, placeándose con singular alegría y buscando reflectores en la pasarela nacional, estuvo ni más ni menos que CARLOS TORRES PIÑA. Aquel personaje que despachara en la Secretaría de Gobierno hace 15 meses, para luego enfundarse fugazmente en la toga de fiscal general del Estado de Michoacán hasta su renuncia ante el Congreso local, ahora con su investidura como flamante coordinador estatal de los comités de defensa de la 4T y la soberanía nacional, midiendo el terreno y buscando que en el centro del país le validen el control de la estructura territorial rumbo a la sucesión.
En ese mismo escenario se dejó ver GLADYZ BUTANDA MACÍAS, quien lejos de despachar en oficinas públicas, dejó atrás la administración gubernamental para disputarle abiertamente esa coordinación estatal a TORRES PIÑA; aunque la contienda no le favoreció, ahí estuvo presente, tomándose la postal del recuerdo, proclamando en redes que el partido representa «la resistencia de Latinoamérica» y reposicionándose para lo que venga, pues ahora quiere la coordinación municipal de Morelia, “de consuelo” dicen, pretendiendo emular lo sucedido con la senadora ANDREA CHÁVEZ que de premio de consuelo le dieron la coordinación de Ciudad Juárez Chihuahua.
Detrás de ellos, una verdadera estampida de la clase política michoacana: diputados locales, legisladores federales afines a la línea oficialista y al bloque del senador RAÚL MORÓN OROZCO, todos midiéndose el aceite en las butacas intermedias. Y es que nadie quería faltar: ahí se amontonaron todos aquellos suspirantes que andan a la caza de las coordinaciones distritales federales, las coordinaciones municipales y las distritales locales, sabedores de que en el nuevo argot guinda, quien amarre una coordinación tiene prácticamente un pie dentro de la boleta electoral.
Para engordar el caldo, la maquinaria del acarreo funcionó a la perfección: los llamados Coordinadores Operativos Territoriales (los afamados “COTs”) sirvieron como los capataces encargados de movilizar y vaciar camiones enteros traídos desde los rincones de Michoacán. Llenaron el graderío, cumplieron con la cuota obligada de porras y matracas, y luego corrieron despavoridos a buscar sus autobuses para no quedar atrapados en el lodazal y el tráfico capitalino. Así transcurrió el festejo: arriba la cúpula exigiendo humildad y advirtiendo que no tolerará soberbias; abajo, la clase política michoacana —con ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, CARLOS TORRES PIÑA y la marabunta de aspirantes— enseñando los colmillos y afilando los cuchillos bajo la mesa, demostrando que en el morenismo de nuestra tierra, la fraternidad dura exactamente lo que tarda en apagarse el proyector.
CATASTROS Y REGISTROS: EL PREDIALAZO QUE VIENE Y TU BOLSILLO
Vaya trasnochada legislativa la que se recetaron en San Lázaro. Con 324 votos a favor de la aplanadora oficialista, 107 en contra y una llamativa abstención en solitario de la diputada petista LILIA AGUILAR GIL, se aprobó la Ley General que homologa los catastros y los Registros Públicos de la Propiedad en todo el país.
El discurso de venta suena inmejorable para la tribuna: combatir la corrupción inmobiliaria, frenar despojos y erradicar fraudes. Nadie en su sano juicio se opondría. Salvo que, al poner el asunto bajo la lupa jurídica y económica, lo que asoma tras bambalinas no es solo orden técnico, sino una embestida fiscal centralista. ¿Se trata de una reforma eminentemente recaudatoria? Por supuesto que sí. El Gobierno Federal arrastra un boquete financiero mayúsculo y necesita carretadas de dinero fresco para sostener el millonario gasto de los programas sociales. Hasta hoy, ese tren de gasto clientelar se ha venido financiando a punta de déficit y deuda pública récord, porque la recaudación tributaria anual simplemente ya no alcanza para pagar la fiesta. Ante la negativa de decretar una reforma fiscal abierta, decidieron meterle la mano al patrimonio inmobiliario de los estados y municipios.
En cristiano y sin rodeos: durante décadas ha existido una brecha enorme entre el valor comercial de una casa (lo que vale en el mercado) y el catastral (el precio de papel con que el municipio cobra el predial, castigado hasta en un setenta por ciento para no perder votos). La nueva ley crea una Plataforma Nacional Única controlada desde la Federación que, mediante satélites y algoritmos, emparejará el valor catastral con el valor real de mercado.
¿Cómo le pegará esto a su cartera?
Primero, en el recibo anual del impuesto predial. Al duplicarse o triplicarse la base catastral para empatar con la comercial, el cobro se disparará en idéntica proporción si los cabildos no reducen sus tasas. Además, el barrido satelital detectará de inmediato cuartos en azoteas, tejabanes o ampliaciones no reportadas.
Segundo, al comprar, vender o heredar. Al elevarse el avalúo catastral, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) que se paga al escriturar se irá por las nubes, encareciendo la vivienda. Al vender, el cruce con el SAT fiscalizará al centavo la plusvalía para cobrar un riguroso ISR. Y si de herencias se trata, tramitar la adjudicación sucesoria familiar implicará derechos registrales basados en precios comerciales exorbitantes.
Tercero, provocará gentrificación fiscal: adultos mayores con pensiones modestas que viven en colonias céntricas ya no podrán pagar prediales tasados a valor comercial actual, orillándolos a malbaratar su patrimonio.
El calendario legal marca que los congresos estatales deberán armonizar sus normas hacia finales de 2026, arrancando la plataforma y la Clave Única Catastral el 1 de enero de 2027. Las operaciones notariales resentirán el impacto en 2027, mientras que el predialazo generalizado llegará en los recibos de 2027 y 2028 cuando los municipios actualicen sus tablas de valores.
Como bien advirtió la oposición legislativa en tribuna, concentrar todo el patrimonio inmobiliario en un padrón unificado bajo la tutela de la Federación no solo pisotea la autonomía municipal del artículo 115 constitucional, sino que alinea una maquinaria voraz para exprimir a la clase media. Si querían frenar mafias inmobiliarias bastaba aplicar la ley; lo que aprobaron es una gigantesca caja registradora para tapar el hoyo financiero federal. Al tiempo.
¿PISO PAREJO? ¡MANDINGA LAS HILACHAS! CONVOCATORIA A LA MEDIDA
Bien reza el sabio refrán popular que «el que hace la ley, hace la trampa», y en la flamante convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional guinda para ungir a quienes encabezarán las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación en Michoacán, el tufo a dados cargados y a trampa premeditada se percibe a leguas de distancia.
Dicen sus creadores que se busca garantizar equidad, transparencia y un auténtico espíritu democrático. ¡Paparruchas! A ojo de buen cubero y desmenuzando con bisturí quirúrgico las letras chiquitas del documento, salta a la vista un sesgo tan grotesco que insulta la inteligencia hasta del militante más ingenuo. Fíjese usted nada más en la jugada maestra contenida en la Base Tercera: a los ilusos aspirantes que despachan en el Poder Judicial —federal o local—, a quienes arrastran el lápiz en el Poder Ejecutivo de los estados o a cualquier funcionario administrativo de los ayuntamientos, se les exige de manera tajante e inexorable renunciar o pedir licencia desde el minuto uno de su registro. Se quedan sin chamba, sin sueldo y a la intemperie política.
Pero ¡ah, sorpresa! En el párrafo siguiente viene la excepción que desnuda el dolo: para las y los diputados locales, diputados federales, regidores, síndicos y, agárrese bien, los presidentes municipales que sueñan con la reelección o con imponer a sus incondicionales, para ellos no hay exigencia alguna de soltar el cargo. Ellos sí pueden registrarse tranquilamente, seguir cobrando de la nómina y mantener a su disposición el aparato burocrático y los reflectores institucionales sin pedir ni un solo día de licencia.
¿Dónde quedó el cacareado piso parejo? ¿Cómo puede competir en igualdad de condiciones un modesto burócrata o un juez obligado a renunciar frente a un alcalde o un legislador que mantiene a su servicio viáticos, asesores, recursos públicos camuflados y presencia permanente en territorio? La convocatoria nace viciada de origen y con dedicatoria expresa para blindar a la casta de elección popular, garantizándoles ventaja absoluta sobre cualquier competidor emergente. Con semejante traje confeccionado a la medida de los grupos de poder en el Congreso y en las alcaldías, que no vengan ahora a vendernos el cuento de la pureza franciscana: en Morena, la simulación sigue siendo la reina del tablero.

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