*¿PRODUCTIVIDAD JUDICIAL O JUSTICIA PARA EL PODER?
*¡ARRANCAN! ALUD DE RENUNCIAS Y LICENCIAS.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (19-VI-2026).- El presente ejercicio constituye una muestra estadística elaborada a partir de diversas sesiones públicas celebradas entre enero y mayo de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, integrado por la Magistrada Presidenta Monserrat ERANDI AMBROSIO MONDRAGÓN , el Magistrado OMAR LIÉVANOS RUIZ y el Magistrado SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS.
La muestra revisada refleja una productividad notable. En las sesiones analizadas aparecen más de ciento ochenta asuntos resueltos, entre amparos directos, amparos en revisión, quejas, revisiones fiscales, impedimentos, reclamaciones, inconformidades y conflictos competenciales.
Los números, sin embargo, permiten una segunda lectura. Una parte importante de esa carga de trabajo proviene de órganos vinculados al Poder Ejecutivo, entre ellos el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, las diversas Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tribunales laborales y distintas dependencias administrativas federales y estatales.
Y es precisamente ahí donde surge una pregunta incómoda. ¿A quién benefician las resoluciones? La revisión de los asuntos analizados muestra una tendencia constante: predominan las sentencias de “No Ampara”, los sobreseimientos y las determinaciones que dejan firme la actuación de las autoridades laborales y administrativas.
Los amparos concedidos existen, pero son considerablemente menos frecuentes y, cuando se otorgan, en una proporción importante se limitan a efectos procesales o a la reposición de procedimientos por vicios formales. En términos prácticos, la muestra estadística permite advertir que las autoridades gubernamentales obtienen resultados favorables en una proporción significativamente mayor a la de los particulares que acuden al juicio de amparo.
Lo anterior adquiere relevancia cuando se observa que una parte considerable de los asuntos resueltos involucra a dependencias, organismos y órganos jurisdiccionales administrativos relacionados con el propio aparato gubernamental. Particularmente, los asuntos provenientes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de las Juntas de Conciliación representan una porción importante de la actividad jurisdiccional del tribunal.
Desde luego, ello no significa por sí mismo que exista falta de independencia judicial ni permite concluir que las resoluciones carezcan de sustento jurídico. Sin embargo, las estadísticas sí generan cuestionamientos legítimos sobre la percepción pública de imparcialidad cuando la tendencia predominante favorece a las autoridades demandadas.
La reflexión resulta aún más relevante si se considera que históricamente diversos integrantes del Poder Judicial Federal han accedido a la magistratura mediante procedimientos en los que intervino el Poder Ejecutivo Federal en la formulación de propuestas y conformación de ternas, modelo institucional que durante años fue objeto de debate precisamente por las percepciones que podía generar respecto de la autonomía judicial.
La independencia judicial no solamente debe existir; también debe percibirse. Por ello, cuando trabajadores, pensionados, jubilados y particulares observan que una proporción importante de los asuntos promovidos contra autoridades administrativas y laborales concluyen con resoluciones desfavorables para quienes buscan la protección constitucional, resulta inevitable preguntarse si la tendencia observada responde exclusivamente a la fortaleza jurídica de las actuaciones gubernamentales o si refleja una línea jurisdiccional particularmente restrictiva en la concesión del amparo.
La pregunta no es si existe subordinación. La pregunta es si las estadísticas pueden explicarse únicamente por la legalidad de los actos reclamados. Porque cuando un tribunal resuelve más de ciento ochenta asuntos en pocos meses y una parte significativa de ellos confirma la actuación de órganos vinculados al poder público, la percepción ciudadana sobre la independencia judicial se convierte en un tema de interés democrático.
La legitimidad de los tribunales no se construye únicamente mediante informes de labores ni indicadores de productividad. Se construye, sobre todo, a través de la confianza pública que generan sus resoluciones.
La independencia judicial se mide en las sentencias. Y las sentencias, cuando se observan en conjunto, también cuentan una historia.
¡ARRANCAN! ALUD DE RENUNCIAS Y LICENCIAS.
Eso de ¡arrancan! solo fue para llamar su atención, porque la verdad en este asunto es que todos los aspirantes y aspirantas a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán arrancaron desde el año pasado y durante ese tiempo las patadas, golpes bajos y espinillazos bajo la mesa fueron la constante, a pesar de que públicamente todos portaron la bandera de la unidad, pero solo fue de dicho porque en los hechos se dieron y se siguen dando hasta con la cubeta.
Para muestra el reciente y desesperado éxodo de las oficinas públicas a mediados de junio para librar los lineamientos internos de cara al registro formal del 22 de junio. GLADYZ BUTANDA MACÍAS soltó de golpe la Secretaría de Movilidad y Urbanismo mientras CARLOS TORRES PIÑA prefirió pedir una cómoda licencia por hasta 45 días en la Fiscalía General del Estado y RAÚL MORÓN OROZCO hizo lo propio por tiempo indefinido en el Senado.
En el Congreso local la diputada FABIOLA ALANÍS SÁMANO también abandonó su curul desatando un sainete digno de comedia cuando su suplente ANED EDITH AYALA GARCÍA declinó asumir el puesto provocando que JULIETA GARCÍA ZEPEDA saltara por prelación desde la lista plurinominal a quedarse con la silla vacía.
Toda esta rebatinga burocrática cobra perfecto sentido al revisar la última encuesta de Buendía y Márquez de este junio de 2026, donde Morena lidera la preferencia partidista con el 25 por ciento frente a una oposición microscópica donde el PAN apenas rasca el 10 y el PRI el 8 por ciento, aunque el verdadero gigante es el 40 por ciento de ciudadanos que prefirieron no responder.
En la carrera por la candidatura CARLOS TORRES PIÑA encabeza la fila de las ilusiones con un modesto 15 por ciento de las preferencias seguido de cerca por RAÚL MORÓN con el 13 por ciento, quien además carga con el lastre de un balance de opinión negativo de menos tres puntos producto de un 14 por ciento de mala reputación frente a un 11 por ciento de buena.
Un escalón abajo aparece FABIOLA ALANÍS con el 11 por ciento presumiendo un balance positivo de más cuatro igualita que CARLOS TORRES PIÑA, mientras GABY MOLINA se queda con el 9 por ciento y GLADYZ BUTANDA se va al fondo con un tétrico 4 por ciento de las simpatías. Lo verdaderamente mordaz para el ego de este selecto grupo es que el 29 por ciento de los michoacanos afirma que no quiere a ninguno de ellos como candidato y un 19 por ciento ni siquiera sabe quiénes son, evidenciando que el alud de licencias y renuncias no responde a un clamor popular sino al infinito hambre de poder de una élite dispuesta a morderse viva por la joya de la corona estatal.
Para colmo de males y hasta donde este columnista ha podido saber, la pasarela de aspirantas y aspirantes se sigue incrementando desmesuradamente pues en el ala de los varones, además de CARLOS TORRES PIÑA y RAÚL MORÓN, se registrarán por el Partido del Trabajo REGINALDO SANDOVAL y por el Partido Verde Ecologista de México su dirigente estatal ERNESTO “EL DIPUTADO MOCHES” NÚÑEZ AGUILAR, mientras que por las mujeres la lista se torna larguísima con FABIOLA ALANÍS SÁMANO, GABRIELA MOLINA AGUILAR, REYNA CELESTE ASCENCIO ORTEGA, GLADYZ BUTANDA MACÍAS y MYRIAM MARTÍNEZ RAMÍREZ.
Como ya está debidamente señalado por la convocatoria oficial, la Comisión Nacional de Procesos Internos de Morena meterá tijera y hará una rigurosa depuración entre todos los que se anoten para dejar únicamente a cuatro pretensos en total, estrictamente divididos en dos varones y dos damas, quienes serán los únicos sobrevivientes que participarán en la encuesta final.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
*** El INE intenta descabezar al IEM, al analizar la posible remoción de cinco de las siete consejerías del órgano electoral michoacano, una medida que dejaría prácticamente desmantelado al instituto a meses de arrancar el proceso de 2027. La intención es revisar la legalidad de una designación provisional en la Contraloría Interna, pero la sanción planteada podría tener efectos institucionales graves y abrir un escenario de incertidumbre en la organización de los comicios.
El debate se centra en la proporcionalidad de la respuesta, pues se trata de valorar si la medida corresponde al contexto y a los hechos, considerando que la designación cuestionada fue temporal y posteriormente subsanada. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad de funcionarios, sino la fortaleza y autonomía de una institución clave para garantizar elecciones libres y confiables en Michoacán.
*** El diputado tarimbarense se regodea de soberbio al advertir que si lo quitan de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso se pondría en riesgo la alianza del PT con Morena y el Verde rumbo a 2027, como si fuera un personaje indispensable para sostener la Cuarta Transformación. Lo más vergonzante es que tanto la dirigencia como el coordinador parlamentario del PT lo respaldan en lugar de obligarlo por ética y dignidad a dejar el cargo, mientras la mayoría de los legisladores permanecen hipócritamente callados, convirtiéndose en cómplices de sus desatinos.
La polémica por el corrido interpretado en el recinto legislativo derivó en una sanción económica y abrió un debate que va más allá de la cultura popular, pues expone los límites de la representación institucional y la fragilidad de los acuerdos políticos. En cualquier otro estado del país ya lo habrían removido con cara destemplada, pero aquí, en Michoacán, el silencio legislativo se convierte en complicidad y la política en espectáculo, con un Congreso atrapado en la contradicción de tolerar excesos que ponen en entredicho la seriedad de sus funciones.
*** Carmelo Domínguez llora su destitución como director de la Facultad de Derecho, alegando falta de debido proceso y acusaciones sin sustento, pero lo cierto es que la Universidad Michoacana arrastra un cúmulo de irregularidades bajo su gestión. La propia rectora Yarabí Ávila reveló que más de 300 docentes quedaron afectados en sus ingresos por trámites que nunca se realizaron, además de concursos de oposición detenidos por más de tres años y procesos administrativos atorados en la Contraloría y el Tribunal Universitario.
Mientras Carmelo se victimiza y anuncia un amparo para recuperar el cargo, la realidad es que su administración dejó una larga cola de pendientes y sospechas en el manejo de recursos que tarde o temprano saldrán a la luz pública. El Consejo Universitario decidió relevarlo para que la Facultad pueda avanzar, aunque el exdirector insista en que se trata de una persecución política. Lo grave es que, en lugar de reconocer las omisiones, se aferra al discurso de dignidad y legalidad, cuando lo que está en juego es la credibilidad de una institución que no puede seguir paralizada por caprichos personales.
