*BARRAGÁN: VEINTE AÑOS DE SOMBRA Y CORRUPCIÓN.
*ASPIRANTES A LA 4T ENFRENTAN REGLAS Y SOSPECHAS INTERNAS
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política Bajo la Lupa”, por Armando Saavedra (24-VI-2026).- El expediente que hoy sacude al Congreso de Michoacán no es un accidente ni un malentendido administrativo, es la confirmación de una trayectoria marcada por sombras. JUAN CARLOS BARRAGÁN VÉLEZ, actual diputado de Morena, carga con una sentencia del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa que lo responsabiliza por el desvío de más de cinco millones de pesos del programa Beca Futuro.
No es la primera vez que su nombre aparece ligado a prácticas turbias: cuando dirigió el ICATMI ya se le señalaba por cursos fantasma, constancias sin validez y el uso de fondos de prevención para fines políticos. La historia se repite, y la narrativa de persecución política suena más a estrategia de defensa que a argumento sólido.
El fallo del TAAM es claro: inhabilitación por veinte años y obligación de reintegrar recursos. BARRAGÁN insiste en que se trata de un ataque contra el proyecto de RAÚL MORÓN, pero esa coartada no resiste el escrutinio. Las acusaciones son directas contra él, no contra el senador.
El intento de victimizarse como pieza sacrificada en una guerra interna de Morena es un recurso gastado, una cortina de humo que busca desviar la atención de lo esencial: el dinero nunca llegó a los jóvenes que debía beneficiar.
La defensa del diputado se centra en alegar que los recursos fueron entregados a comunidades marginadas y a hijos de policías caídos, pero la auditoría documenta que se otorgaron a beneficiarios no autorizados. La contradicción es evidente y la sanción revive el debate sobre la independencia del Tribunal Anticorrupción, cuya integración ha sido cuestionada por vínculos personales y políticos. Sin embargo, más allá de las suspicacias, lo que permanece es la evidencia administrativa y la reincidencia de un patrón de corrupción.
BARRAGÁN asegura que seguirá en las boletas, que la sentencia no es firme y que recurrirá al amparo. La retórica desafiante contrasta con la realidad: la sanción lo aparta del servicio público por dos décadas y lo coloca en el centro de un escándalo que difícilmente podrá maquillar con discursos de victimización. La ciudadanía no olvida que en el ICATMI se detectaron talleres exprés, certificados sin reconocimiento oficial y padrones manipulados para fines electorales.
Hoy, el guion se repite con Beca Futuro, confirmando que la sombra de la corrupción lo acompaña desde hace años.
El golpe político es contundente. BARRAGÁN, que apenas semanas atrás se perfilaba como aspirante a la presidencia municipal de Morelia, enfrenta ahora un futuro marcado por la inhabilitación y la desconfianza pública. Su insistencia en que todo es una consigna de CASA MICHOACÁN y un ataque del gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA no borra el hecho de que las irregularidades están documentadas y que el tribunal actuó con base en auditorías oficiales.
La narrativa de persecución política se convierte en un recurso desesperado para sostener una imagen que se desmorona.
El propio BARRAGÁN ha señalado que detrás de la resolución está la mano del gobernador y de actores internos de Morena que buscan descarrilar su proyecto. Sin embargo, lo que se observa es un patrón: cada vez que se le señala por irregularidades, responde con acusaciones de guerra sucia, de fuego amigo o de conspiraciones mediáticas. Lo hizo cuando se le cuestionó en el ICATMI por los cursos fantasma y lo repite ahora con Beca Futuro. La constante es clara: nunca asume responsabilidad, siempre busca culpables externos.
La sanción del TAAM no solo lo aparta de la vida pública, también reaviva el debate sobre la credibilidad de las instituciones anticorrupción en Michoacán. La polémica por la designación de la magistrada SWANY PEÑA REYES, vinculada sentimentalmente con el diputado JUAN PABLO CELIS SILVA, ha alimentado suspicacias sobre la imparcialidad del tribunal. Pero incluso si se cuestiona la integración, lo que no se puede negar es que las auditorías oficiales documentaron el desvío y que las pruebas fueron suficientes para imponer una de las sanciones más severas contempladas en la legislación estatal.
El trasfondo político es innegable: dentro de Morena existen bloques enfrentados, y BARRAGÁN ha mantenido diferencias con el grupo cercano al gobernador. Pero reducir el caso a una vendetta interna es minimizar la gravedad de los hechos. Los recursos públicos destinados a la educación de jóvenes michoacanos fueron desviados, y esa es la esencia del problema. La ciudadanía no puede aceptar que se justifique la corrupción con el argumento de que se trata de un pleito político.
La conclusión es inevitable: JUAN CARLOS BARRAGÁN VÉLEZ no es un perseguido político, es un funcionario reincidente en prácticas cuestionables que hoy recibe una sanción proporcional a sus actos. La narrativa de que se le acusa para golpear el proyecto de RAÚL MORÓN es falsa y oportunista. Lo que se castiga no es una alianza política, sino una conducta reiterada de corrupción. Y en un estado cansado de simulaciones, la sociedad exige que las sanciones se cumplan y que los responsables no encuentren refugio en discursos de victimización.
En Michoacán, la corrupción no se combate con excusas ni con amparos mediáticos, se enfrenta con hechos. Y los hechos, en este caso, son claros: BARRAGÁN siempre ha tenido una sombra oscura sobre su trayectoria, y hoy esa sombra se convierte en sentencia. Su insistencia en que será presidente municipal de Morelia mientras el proceso sigue abierto es más un acto de soberbia que de realismo. La ciudadanía merece representantes libres de sospechas, no políticos que arrastran expedientes de corrupción como equipaje permanente.
El caso de BARRAGÁN es un recordatorio de que la corrupción no se borra con discursos ni con encuestas favorables. Se sanciona con resoluciones firmes y con la memoria de una sociedad que ya no está dispuesta a tolerar la impunidad. Y aunque él insista en que todo es parte de una guerra sucia, lo cierto es que su nombre ha estado ligado a irregularidades desde hace más de una década. Hoy, la justicia lo alcanza y lo coloca en el lugar que corresponde: bajo la lupa de la ciudadanía y marcado por la sombra de la corrupción.
ASPIRANTES A LA 4T ENFRENTAN REGLAS Y SOSPECHAS INTERNAS
Este jueves 25, después de la resaca futbolera, Morena pondrá orden al desfile de aspirantes que buscan convertirse en coordinadores de la defensa de la 4T y la soberanía nacional. En riguroso orden alfabético, desfilarán ante la Comisión Nacional de Elecciones en el WTC de Ciudad de México, con la obligación de cumplir los requisitos que la convocatoria marca: ser mexicano por nacimiento, tener al menos 30 años cumplidos al 6 de junio de 2027, acreditar diez años de residencia en la entidad si no se nació en ella, no tener sentencias firmes por violencia de género, delitos sexuales, corrupción o faltas administrativas graves, no estar inscritos en registros de violencia política contra las mujeres, no ser deudores alimentarios morosos y separarse de cualquier cargo público o partidista al momento del registro.
La convocatoria, presentada como un blindaje ético, busca evitar que los aspirantes lleguen con cuentas pendientes, aunque en la práctica se convierte en un filtro político que deja ver la tensión interna del partido. Morena presume que la definición se hará mediante encuestas y estudios de opinión, pero todos saben que detrás de las gráficas y los horarios hay un pulso de poder que se mide en lealtades, padrinazgos y capacidad de movilización. El registro no es solo un trámite burocrático, es la primera prueba de fuego para quienes quieren disputar gubernaturas en 2027.
La lista de nombres que se anotará este jueves refleja la diversidad de corrientes y la inevitable pugna por el control de las candidaturas. Cada aspirante llega con su propia mochila de pasado, presente y futuro, y la convocatoria funciona como espejo incómodo: quien levanta la mano se expone a que le saquen los negritos en el arroz. Morena intenta vender la idea de que todo se resolverá con reglas claras y piso parejo, pero la experiencia demuestra que las encuestas son apenas el disfraz de decisiones políticas tomadas en otro nivel.
En suma, la convocatoria es un documento que combina requisitos legales con un trasfondo político evidente. Los aspirantes saben que no basta con cumplir la edad, la residencia o la separación de cargos, sino que deberán sobrevivir a la guerra interna y a la lupa pública que acompaña cada paso. El jueves será apenas el inicio de una carrera donde las reglas están escritas, pero los resultados se deciden en la arena del poder.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
***En política basta levantar la mano y decir que se aspira a un cargo para que el pasado, presente y futuro se conviertan en munición, y eso es lo que le sucede a GRECIA QUIROZ, presidenta municipal sustituta de Uruapan, a quien desde que se mencionó como posible candidata del Movimiento del Sombrero a la gubernatura le empezaron a salir los negritos en el arroz.
La andanada la inició BALTAZAR GAONA GARCÍA acusándola de cobrar sin trabajar en el Congreso, aunque CARLOS ALEJANDRO BAUTISTA TAFOLLA la defendió diciendo que cumplía funciones desde Uruapan. Poco después medios la señalaron de nepotismo por tener a su madre CLAUDIA SORAYA GARCÍA MORALES como regidora, a su hermano JORGE OCTAVIO QUIROZ GARCÍA como asesor de Bautista Tafolla, y otros parientes en CAPASU y en limpia municipal.
Como si fuera poco, LEONEL GODOY RANGEL se lanzó contra el Movimiento del Sombrero afirmando que CLAUDIO X. GONZÁLEZ y RICARDO SALINAS PLIEGO están detrás del financiamiento, mientras mencionaba a JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ como actor político que públicamente ha expresado interés en que QUIROZ sea candidata. Con esas credenciales y bajo esa tormenta, la alcaldesa sustituta enfrenta el precio de querer disputar poder en Michoacán: golpes mediáticos, acusaciones de nepotismo y la etiqueta de ser parte de un proyecto financiado por intereses económicos nacionales.
***La impugnación del Sombrero y de Movimiento Ciudadano contra la reforma electoral en Michoacán parece más un gesto político que una batalla con posibilidades reales de éxito. Si quisieran cambiar las reglas de fondo tendrían que proponer que cualquier movimiento tuviera los mismos beneficios que un partido político sin serlo, o incluso eliminar la figura de las candidaturas independientes, que es lo que realmente los tiene atados de manos y pies. No entienden que un independiente es independiente de todos y de todo, y que querer beneficios sin cumplir obligaciones como los tiempos, las asambleas o la paridad es un contrasentido.
El secretario de Gobierno RAÚL ZEPEDA VILLASEÑOR lo dejó claro: la reforma mantiene intactos los requisitos para las candidaturas independientes, incluido el dos por ciento de firmas del listado nominal, garantizando que cualquier ciudadano pueda participar en igualdad de condiciones. La legislación aprobada fortalece la certeza jurídica del proceso electoral sin eliminar mecanismos de participación ciudadana, pero los inconformes insisten en que se les reconozca como partidos sin asumir las cargas que ello implica. En resumen, la impugnación luce más como un intento de victimización política que como una estrategia jurídica viable, porque las reglas siguen siendo las mismas y los independientes continúan teniendo un espacio legítimo en la democracia michoacana.
