Niñas y niños, con acceso a la libertad de expresión y a la información: 75 Legislatura

Morelia, Michoacán, a 31 de mayo de 2023.- (350/23). Con la finalidad de garantizar que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, la 75 Legislatura aprobó reformas a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Para ello, los sujetos obligados deberán crear un micrositio en sus portales de internet, en una sección visible y de fácil acceso que permita la navegación comprensible, amigable, segura e intuitiva de la niñez y adolescencia.

De esta manera, se garantiza la participación en igualdad de condiciones para este sector vulnerable de la población, que, con estas disposiciones, podrá ejercer su derecho al conocimiento, a la participación y esparcimiento a través del uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

De esta manera, el dictamen elaborado por las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, en su análisis, estima pertinente la propuesta presentada por la diputada Ivone Pantoja, toda vez que se encuentra alineada con las disposiciones establecidas en el artículo 6º Constitucional, relativas al derecho de acceso a la información pública.

De igual manera, se consideró que la reforma abonará al interés superior de la niñez, toda vez que la difusión de la información a través del micrositio que se estipula, se realizará mediante ajustes razonables encaminados a que sean efectivamente comprensibles para los menores de edad.

De tal modo que, los sujetos obligados, podrán difundir las actividades que realizan a un sector de la población que, en algunas ocasiones, no es tratado como un sujeto activo de derecho, ignorando que son titulares en su debida proporción y medida.

En ese sentido, la reforma determina que en el tratamiento de datos personales de menores de edad, se deberá privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; por lo tanto, todas las autoridades estatales y municipales deberán implementar la difusión de la información institucional, a través de un sistema de apoyo que contribuya al pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

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