- Ingemar, empresa de Ernesto Ruffo Appel, movió miles de millones mediante 80 “cuentas puente” dentro de una red investigada por contrabando de combustibles y evasión fiscal masiva.
22 de julio del 2026.- Ingemar, empresa fundada y controlada mayoritariamente por el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, registró operaciones incongruentes con su perfil fiscal, revela parte del expediente al que tuvo acceso SinEmbargo. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la compañía recibió más de 3 mil 075 millones de pesos mediante cuentas bancarias nacionales y realizó operaciones de divisas superiores a mil 386 millones de dólares. El patrón detectado consistía en recibir grandes cantidades de dinero, dispersarlas casi inmediatamente y mantener saldos finales mínimos, una conducta que el análisis identifica como característica de las llamadas “cuentas puente”.
Ingemar es investigada por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles procedentes de Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que la organización declaraba volúmenes inferiores a los realmente transportados o registraba los hidrocarburos como productos distintos para evadir impuestos. El combustible ingresaba por ferrocarril y carretera, era descargado sin permisos y posteriormente distribuido en varios estados.
Las investigaciones muestran que en el centro del entramado, las autoridades tienen identificada a la empresa Crismón Hidrocarburos y Derivados, señalada como la principal fuente de financiamiento de Ingemar. El esquema expuesto por las autoridades muestra cómo los recursos recibidos eran posteriormente enviados a compañías estadounidenses como Belar Fuels Company LLC y Unico Commodities LLC, mientras que otra parte habría sido transferida a Dragados y Puertos. Estos movimientos presentan indicios de triangulación, pues el dinero circulaba entre diferentes empresas nacionales y extranjeras, dificultando seguir su origen y destino final.
Una revisión de la documentación de las dos compañías realizada por El País reveló a su vez que Ingemar tiene como administrador único a José Luis Rángel Martínez, comisario en Crismón Hidrocarburos y Derivados, y socio en otra compañía de uno de sus dueños.
La indagatoria oficial detectó por su parte a unas 80 cuentas bancarias utilizadas como “cuentas puente”, mediante las cuales se recibían y dispersaban rápidamente miles de millones de pesos para dificultar el rastreo de los recursos. Las autoridades estiman que las operaciones causaron daños fiscales superiores a cuatro mil millones de pesos y obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 personas.
Estas cuentas bancarias vinculadas con Ingemar estaban en instituciones como Intercam, Grupo Financiero Monex, CIBanco y BBVA. Solamente en Intercam se habrían registrado, entre junio de 2024 y julio de 2025, movimientos por 3 mil 75 millones 480 mil 560 pesos. Los ingresos y egresos muestran que los depósitos eran retirados o transferidos con rapidez, sin que los recursos permanecieran durante periodos prolongados en las cuentas de la compañía.
Para las autoridades, estas operaciones financieras formarían parte de una estructura empresarial utilizada para fragmentar la trazabilidad del dinero y aparentar la legalidad de los recursos relacionados con la importación de combustibles.
- Así operaba la red de contrabando
Las autoridades investigan la participación de importadoras, comercializadoras, operadores ferroviarios, agentes aduanales y compañías encargadas de dispersar los pagos. Ruffo Appel ha sostenido que Ingemar únicamente realizaba trámites aduanales y ha negado que la empresa conociera las posibles irregularidades en los cargamentos.
Toda la investigación se desencadenó a raíz de un operativo realizado en Saltillo, Coahuila, en julio de 2025, en el que fueron asegurados alrededor de 15.5 millones de litros de hidrocarburos, 129 carrotanques. La operación exhibió a una red de empresas utilizadas para introducir combustible al país mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal. Una de ellas es Ingemar que se convirtió en el eje de una investigación que, un año después, culminó con la detención de Ernesto Ruffo Appel.
Una investigación de El País, realizada con registros públicos de comercio y aduanal de las empresas involucradas, revela que la red de Ruffo Apple movió más de 800 millones de litros de combustible como contrabando desde Estados Unidos en 15 meses, causando un daño al fisco mexicano de al menos 5 mil 400 millones de pesos.
Desde el decomiso de julio de 2025, el exgobernador ha negado que exista una relación más allá de lo estrictamente comercial entre Ingemar, su empresa con permiso para importar combustible, y el comercializador final de la gasolina incautada, Crismón Hidrocarburos y Derivados.
La semana pasada, la Fiscal de la República, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer cómo se logró identificar esta red dedicada a introducir, distribuir y comercializar combustible mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas. La red reportaba cantidades inferiores a las transportadas o registraba los hidrocarburos como productos distintos, con el propósito de evadir impuestos. Para operar, el grupo habría articulado empresas importadoras, compañías logísticas, agencias aduanales, transportistas y una estructura financiera encargada de administrar y dispersar los recursos obtenidos.
En el centro de la investigación de la Fiscalía General se ubicó a Ruffo Appel, fundador de Ingemar. De acuerdo con Godoy Ramos, fue por medio de esta que la estructura comenzó a desarrollar sus actividades. El exmandatario fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad, como parte de una operación dirigida contra 25 objetivos relacionados con la red.
Las empresas involucradas se presentaban formalmente como importadoras de productos derivados del petróleo, pero al ingresar la mercancía desde Estados Unidos declaraban volúmenes menores a los reales o registraban sustancias distintas a las que transportaban. El combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas y posteriormente era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Según la investigación, los cargamentos entraban al territorio nacional sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
La organización declaraba alrededor de 10 mil litros por cada carro tanque de ferrocarril, pese a que en realidad transportaba hasta 110 mil litros, es decir, reportaba únicamente cerca del 10 por ciento de su capacidad. Una vez internado, el combustible era descargado en conexiones conocidas como espuelas ferroviarias, sin contar con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético. Desde esos puntos, el producto era transferido a pipas y tractocamiones de distintas empresas, que se encargaban de venderlo y distribuirlo en varias regiones del país.
Los registros de comercio revisados por El País muestran que Belar Fuels, la comercializadora de combustibles de Estados Unidos, metió en México —con ayuda de Ingemar— su primer cargamento de diésel por tren el 25 de junio de 2024. La misma información sostiene que mandó dos ferrotanques, con capacidad para 110 mil litros de producto, con solo 20 mil litros dentro. Es decir, ese mes, entraron de contrabando 180.000 litros de diesel. A lo largo del tiempo, como sucedió con la red que operaba en los puertos de México, los criminales se confiaron, aumentando sus operaciones y volumen mes a mes. Si en julio de 2024 realizaron ocho operaciones con 750 mil litros, al junio siguiente eran casi 800 envíos con un total de 73 millones de litros.
En el caso de las carreteras, según la investigación de El País, el esquema comenzó a funcionar en marzo de 2024 y se detiene en febrero de 2025, operando principalmente por la aduana de Ciudad Camargo, también en Tamaulipas. Sus operaciones son mucho menores, pero en estos 11 meses, casi 5 mil camiones cisterna introdujeron de contrabando 146 millones de litros, con un daño al erario público de al menos 800 millones de pesos.
Además de reconstruir la ruta del combustible, la Fiscalía analizó cuentas bancarias, operaciones cambiarias, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Las autoridades detectaron cerca de 80 cuentas nacionales en las que el dinero era recibido y transferido casi inmediatamente, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento, explicó la Fiscal, corresponde al de las llamadas “cuentas puente”, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales.
Entre enero y julio de 2025, la organización habría realizado cuatro mil 238 operaciones de importación por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, provocando un perjuicio estimado en más de cuatro mil millones de pesos a la hacienda pública. La Fiscalía obtuvo órdenes judiciales contra 25 objetivos y reportó la detención de Ernesto “N” y otras cuatro personas. Godoy Ramos subrayó que las investigaciones continúan y que la situación jurídica de los involucrados será informada conforme avancen las etapas procesales, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
- La defensa de Ruffo Appel
Ernesto Ruffo Appel sostuvo —desde que Ingemar apareció en las investigaciones hace un año— que la empresa no participaba en actividades ilícitas. Reconoció ser accionista y fundador de la compañía, pero afirmó que la empresa se limitaba a realizar trámites de importación y gestión aduanal para terceros, sin comprar, vender ni comercializar directamente los combustibles. También aseguró que sus operaciones estaban respaldadas por permisos y documentación avalados por el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de Energía.
Ruffo explicó que el permiso para importar combustibles había sido obtenido mediante un amparo, después de que las autoridades —en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador— se negaran inicialmente a concederlo. El exgobernador se ha dicho dispuesto a entregar los pedimentos y documentos de Ingemar para demostrar que no existían irregularidades. Además, señaló que la empresa elaboraba los pedimentos con base en la información proporcionada por los comercializadores y que correspondía a las autoridades aduaneras verificar que un mismo documento no fuera utilizado para introducir volúmenes superiores a los autorizados.
La defensa política de Ruffo fue respaldada por el PAN y por Somos México. Acción Nacional exigió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, aunque sostuvo que nadie debía estar por encima de la ley. Somos México fue más lejos: calificó la detención como un “inaudito atropello”, pidió su liberación inmediata y afirmó que Ingemar sólo realizaba gestiones aduanales para terceros.
Ruffo también enfrenta los señalamientos del empresario Ricardo Thompson, cofundador de la compañía, quien lo acusó de haberlo despojado de sus acciones y de asumir el control administrativo de la empresa junto con José Valdés Cuervo.
La investigación contra Ingemar comenzó tras el decomiso realizado en Coahuila en julio de 2025, cuando fueron asegurados alrededor de 15.5 millones de litros de combustible y 129 carrotanques. Las autoridades vincularon a Ingemar y a la empresa estadounidense Belar Fuels con la presentación de documentación presuntamente apócrifa para introducir al país más hidrocarburos de los autorizados.
Según la FGR, la red declaraba apenas una parte de la capacidad real de los ferrotanques o registraba el combustible como otro tipo de producto para reducir el pago de impuestos.
La Fiscalía sostuvo que el combustible ingresaba desde refinerías de Texas, era transportado por ferrocarril, descargado sin permisos en espuelas ferroviarias y posteriormente distribuido en pipas y tractocamiones. En una primera estimación, las autoridades calcularon una evasión superior a 106 millones de pesos, pero al revisar 4 mil 238 operaciones de importación efectuadas entre enero y julio de 2025, estimaron un perjuicio fiscal de más de 4 mil millones. La FGR identificó a Ingemar como el origen de la estructura empresarial investigada y obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas, entre ellas Ruffo, acusado de probable delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos
Con información de SinEmbargo y foto de El Universal
