Columna Política “Gotas de Poder”, Por José Cruz Delgado (11-VI-2026).- Comenté el buen trabajo que está realizando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, sobre el tema del reclutamiento infantil, pero otro tema importante es el desplazamiento forzado de personas en el estado que huyen de la violencia.
Para el titular del organismo, Josué Mejía Gusmán, el desplazamiento forzado es un tema muy complejo, pero si no se reconoce no se puede atender.
Le comento que Chiara Cardoletti, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, reconoció que en Michoacán se ha trabajado arduamente en este tema, sobre todo la Comisión, y precisamente, la ACNUR y la CEDH firmaron un convenio de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los Refugiados (ACNUR).
La firma de convenio significa refrendar el compromiso de ACNUR de continuar realizando acciones de capacitación para fortalecer la capacidad institucional de la CEDH Michoacán, en beneficio de las personas para las que trabaja el organismo internacional: apátridas, personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, beneficiarias de protección complementaria y principalmente, personas desplazadas internas.
Hay que reconocerlo que la CEDH trabaja muy cerca de las personas jornaleras agrícolas, quienes han dejado sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades de vida. Pero la gestión de Josué Mejia Pineda va más allá, pues la dependencia autónoma y la asociación Cáritas Diocesana Morelia están proyectando la instalación de un albergue para personas en situación de movilidad.
Mire usted, Chiara Cardoletti, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, reconoció que en Michoacán se ha trabajado arduamente en este tema, destacando que, aunque el principal objetivo de la ACNUR es atender las necesidades de las personas refugiadas, tiene otra función muy importante, que es la de colaborar con los gobiernos en esa tarea.
Mejía dice que la defensoría del pueblo siempre ha sido una importante aliada de la ACNUR, pues despliega toda su capacidad para resolver las dificultades propias del tema.
En cuanto a las acciones conjuntas, ambos organismos se comprometen a: trabajar en la difusión y sensibilización de los derechos de las personas desplazadas internas, dirigidas a personas servidores públicas y a la población en general; impulsar políticas públicas destinadas a la prevención, atención y protección de personas desplazadas internas así como a recibir y canalizar casos de personas desplazadas internas, para que puedan recibir orientación y acceder a los programas sociales u oferta institucional del Gobierno de Michoacán.
Se comprometen también a brindar asistencia técnica para la gestión de información y la identificación de tendencias, así como necesidades específicas de las personas desplazadas internas y a fomentar acciones que se enfoquen en combatir la discriminación, xenofobia y racismo hacia personas desplazadas internas en Michoacán.
Sensibilizar a las comunidades de acogida sobre quién es una persona desplazada interna y la importancia de crear comunidades fuertes, es otra de las acciones comprometidas.
CEDH y ACNUR también brindarán apoyo a albergues estatales y de la sociedad civil en Michoacán, vigilando que cumplan con los estándares que aseguren espacios dignos de recepción de personas desplazadas internas.
Un acuerdo relevante es de promover la creación de mecanismos necesarios para implementar alertas tempranas sobre situaciones de riesgo de desplazamiento de personas, y, realizar reuniones periódicas con los operadores de las distintas instituciones públicas y de la sociedad civil involucradas en esta materia para conocer necesidades e identificar problemáticas.
El fenómeno del desplazamiento forzado en Michoacán es una realidad por lo que urge elaborar políticas públicas que permitan ofrecer respuestas coordinadas a las personas desplazadas. Es necesario tomar medidas preventivas que realmente contribuyan a detener el fenómeno, dado que este grupo de la población ve violados sus derechos humanos constantemente, empezando por el derecho a la personalidad jurídica y pasando por los derechos económicos, sociales, culturales, entre otros.
Sobre este tema, el diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa de reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de frenar el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado y fortalecer el Sistema de Justicia para Adolescentes.
