La Huelga de la UM a punto de levantarse (Columna Política “Bajo la Lupa”)

*LA HUELGA EN LA UM A PUNTO DE LEVANTARSE.
*EDUCACIÓN RECORTADA: LA FRIVOLIDAD DE UN TIJERETAZO
*AUTONOMÍA CON FACTURA: EL NEGOCIO DEL CSIM.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (13-V-2026).- El discurso del líder del SUEUM, EDUARDO TENA FLORES, se tambalea frente a sus propias contradicciones. En 2021, el sindicato respondió oficialmente que los llamados “trabajadores de apoyo” no pertenecían al gremio ni eran representados por él; incluso se negó a entregar un padrón porque no existía vínculo sindical.
Hoy, sin embargo, TENA los coloca como bandera de lucha en la mesa de negociaciones, reclamando seguro social para quienes llevan más de dos décadas laborando. ¿Qué cambió? No hay constancia de una reforma estatutaria que los haya incorporado, lo que sugiere que más que un acto de justicia laboral, se trata de un recurso político para ampliar la narrativa de defensa y presionar a la Rectoría.
La incongruencia es peligrosa: un sindicato que antes negaba representación ahora exige prestaciones para quienes oficialmente no son parte de su base. Esa ambigüedad erosiona la credibilidad del movimiento y abre la sospecha de que los “trabajadores de apoyo” son usados como ficha de negociación más que como causa legítima. El problema no es la demanda en sí —el acceso a seguridad social es un derecho elemental—, sino la manipulación del discurso sindical para justificar esquilmos bajo la mesa.
La convocatoria a Asamblea General para discutir los ofrecimientos de la autoridad confirma que ya hubo acuerdos sustanciales. Lo que falta es que TENA FLORES explique con claridad: ¿los trabajadores de apoyo son ahora parte del sindicato o siguen siendo externos? Porque si la respuesta es la segunda, entonces su inclusión en las negociaciones no es más que un disfraz retórico que, tarde o temprano, terminará exhibiendo la falta de honestidad en la conducción sindical.
El discurso del líder del SUEUM, EDUARDO TENA FLORES, se sostiene en una contradicción difícil de ocultar. En 2021, el propio sindicato emitió un documento oficial en el que se afirmaba con precisión que los llamados “trabajadores de apoyo” no pertenecían al gremio ni eran representados por él. Esa declaración cerraba la puerta a cualquier intento de incluirlos en los emplazamientos a huelga o en las negociaciones con la Rectoría.
Hoy, sin embargo, TENA los coloca como bandera central de su lucha, reclamando seguro social para quienes llevan más de dos décadas laborando sin esa prestación. ¿Qué cambió? No hay constancia de una reforma estatutaria que los haya incorporado, lo que sugiere que más que un acto de justicia laboral, se trata de un recurso político para ampliar la narrativa de defensa y presionar a la autoridad universitaria.
La convocatoria a Asamblea General, cuyo único punto es discutir los ofrecimientos de la Rectoría, confirma que ya hubo acuerdos sustanciales. Lo que falta es que TENA FLORES explique con claridad: ¿los trabajadores de apoyo son ahora parte del sindicato o siguen siendo ajenos? Porque si la respuesta es la segunda, entonces su inclusión en las negociaciones no es más que un disfraz retórico que, tarde o temprano, terminará exhibiendo la falta de honestidad en la conducción sindical.
EDUCACIÓN RECORTADA: LA FRIVOLIDAD DE UN TIJERETAZO
La educación básica en México ya enfrenta un rezago doloroso: los resultados de la prueba PISA nos colocan en los últimos lugares de la OCDE, con deficiencias graves en lectura, matemáticas y ciencias. En ese contexto, la ocurrencia del secretario de Educación Pública, MARIO DELGADO, de recortar cinco semanas al ciclo escolar no es solo un error administrativo: es un golpe directo a la calidad educativa y a la dignidad de millones de estudiantes y docentes.
El argumento oficial es tan endeble como grotesco: el calor y el Mundial de Futbol. Como si el derecho a aprender pudiera suspenderse por la temperatura o por la transmisión de partidos. La educación no es un espectáculo deportivo ni una sala de espera climatizada; es la base de la movilidad social y de la competitividad nacional. Reducirla por razones triviales equivale a decirle a las familias mexicanas que el futuro de sus hijos vale menos que un calendario de entretenimiento.
Delgado insiste en que el último mes de clases es “tiempo muerto”, un espacio burocrático sin propósito pedagógico. Sin embargo, esa crítica ignora que la escuela no es solo un lugar de transmisión de contenidos, sino también de convivencia, disciplina y formación integral. Incluso los días posteriores a la entrega de calificaciones pueden aprovecharse para reforzar aprendizajes, atender rezagos, realizar proyectos comunitarios o preparar a los alumnos para la transición al siguiente nivel. Declarar que las aulas abiertas “sin propósito” desvirtúan la dignidad docente es, en realidad, un desprecio por la capacidad de los maestros de dar sentido a cada jornada.
La historia del calendario escolar muestra que su duración —entre 185 y 200 días— no es capricho, sino resultado de una reforma legal aprobada en 2016, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de la jornada y fortalecer la autonomía escolar. Es cierto que más días no garantizan automáticamente mejor aprendizaje, pero menos días sí aseguran menos oportunidades. En un país donde cuatro millones de niños abandonaron las aulas tras la pandemia, recortar semanas de clase es como quitarle oxígeno a un paciente en terapia intensiva.
Además, la medida desconoce la realidad de las familias. Los padres organizan su trabajo y sus responsabilidades en función de un calendario escolar previamente establecido. Adelantar las vacaciones implica costos adicionales en cuidados, improvisación en la rutina laboral y el riesgo de que los niños pasen horas frente a pantallas o en la calle, sin supervisión. La educación pública no puede administrarse como si fuera un programa de concursos donde se consulta a los alumnos si prefieren más vacaciones. La pedagogía no se decide con aplausómetros.
El mensaje político es inquietante: la SEP sometida a la lógica de la popularidad instantánea, como si gobernar la educación fuera animar una fiesta infantil. En lugar de enfrentar el rezago con estrategias serias —mejor formación docente, inversión en infraestructura, programas de lectura y ciencia— se opta por la frivolidad del recorte. La calidad educativa exige constancia, rigor y visión de largo plazo, no ocurrencias populistas.
En conclusión, la educación mexicana necesita más tiempo, más calidad y más compromiso, no menos días de clase. Recortar el ciclo escolar es recortar el futuro. Y ese tijeretazo, lejos de aliviar, profundiza la herida de un sistema que ya sangra por la falta de seriedad y de responsabilidad institucional.
AUTONOMÍA CON FACTURA: EL NEGOCIO DEL CSIM
El señalamiento de OCTAVIO OCAMPO contra la dirigencia del Consejo Supremo Indígena no es menor: por fin alguien con voz pública expone lo que en muchas comunidades se murmura desde hace tiempo. El problema no está en los pueblos originarios ni en su legítimo derecho al autogobierno, sino en quienes han convertido la asesoría en un negocio disfrazado de causa comunitaria. Una vez que las comunidades logran administrar directamente su presupuesto, aparece la factura: el cobro por “acompañamiento” y “asesoría”, que en realidad funciona como un peaje político.
Ese esquema explica la resistencia a la rendición de cuentas. Se escudan en la autonomía y en los usos y costumbres para evitar transparentar cómo y en qué se gasta el dinero público. El discurso de defensa de derechos se convierte en un blindaje para la opacidad, y el resultado es que los recursos destinados a mejorar la vida comunitaria terminan en bolsillos particulares o en proyectos de dudosa legitimidad.
La paradoja es evidente: mientras las comunidades indígenas enfrentan riesgos reales por la infiltración de grupos criminales y demandan seguridad, la dirigencia del CSIM se ocupa de expandir su influencia incluso en municipios donde ni siquiera existen comunidades reconocidas como indígenas. Esa intromisión genera conflictos internos y desestabiliza poblaciones enteras.
Lo que OCAMPO pone sobre la mesa es la necesidad de distinguir entre la lucha legítima de los pueblos y la intermediación interesada de quienes lucran con ella. La autonomía no puede ser sinónimo de opacidad, ni la asesoría convertirse en negocio perpetuo. Si la defensa de los derechos colectivos se reduce a un esquema de cobros y favores, entonces lo que se está construyendo no es autogobierno, sino clientelismo con rostro comunitario.
En suma, la crítica no deslegitima a las comunidades, sino a quienes las usan como bandera para enriquecerse. Y ahí está el verdadero reto: que la autonomía indígena se traduzca en transparencia, en rendición de cuentas y en beneficios tangibles para la gente, no en negocios disfrazados de causas.
MISCELÁNEA POLÍTICA
*La magistrada anticorrupción AZUCENA CORREA MARÍN, recién integrada al Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán, sorprendió al aparecer en la plaza de la Soterraña arropando las banderas de la Cuarta Transformación junto a aspirantes a la gubernatura. Su trayectoria incluye haber sido secretaria de la Contraloría estatal y ahora presidir la Quinta Sala del Tribunal, con funciones directas en la sanción de responsabilidades administrativas.
El gesto no pasó desapercibido: en redes sociales se cuestionó que una magistrada, encargada de velar por la ética y la imparcialidad, se exhiba públicamente en actos de corte político. La queja no trascenderá a instancias formales —pues difícilmente prosperaría una denuncia—, pero sí deja la percepción de que el Poder Judicial se acerca peligrosamente a la arena partidista.
Los detractores de la 4T ya toman nota: cada exceso, cada guiño político de funcionarios que deberían mantenerse neutrales, se acumula como munición para futuros debates. La pregunta es si veremos pronto a más magistrados y jueces en plazas públicas, arengando a prospectos de gubernatura y alcaldías, como si la toga pudiera doblarse en bandera.
En tiempos donde la legitimidad institucional se mide por la distancia frente al poder político, la magistrada CORREA MARÍN debería recordar que la investidura judicial no es un accesorio que se quita y se pone según la ocasión. Porque lo que hoy parece un gesto menor, mañana puede convertirse en un argumento mayor contra la credibilidad del propio Tribunal.
*JUAN CARLOS BARRAGÁN VÉLEZ, diputado local de Morena, ha insistido en que en 2024 fue “bloqueado” por presiones internas para no ser candidato a la presidencia municipal de Morelia. Hoy, rumbo al 2027, vuelve a proyectarse como el gran prospecto de la 4T, incluso pidió licencia a su curul para preparar su campaña y presume cifras de iniciativas legislativas como si fueran credenciales de gobierno.
Sin embargo, la realidad es que BARRAGÁN carga con un historial de confrontaciones, discursos victimistas y pleitos internos que lo han dejado en la orilla más de una vez. Aunque encuestas lo colocan en la contienda, sus negativos —acusaciones de oportunismo, exceso de protagonismo y falta de resultados tangibles— son la lápida que lo acompañará.
En programas como Los Demonios Sueltos, que dirigen prestigiados periodistas, se presenta como víctima del poder, pero esa narrativa desgastada difícilmente le alcanzará para revertir la percepción ciudadana. En política, la sobrevaloración de sí mismo suele ser un boomerang: BARRAGÁN se vende como indispensable, pero los votantes lo ven como prescindible.
Así, mientras otros perfiles consolidan trabajo territorial y alianzas, BARRAGÁN insiste en el papel de perseguido. Bajo la lupa, lo más probable es que en 2027 vuelva a quedarse en la orilla, porque en política los negativos no se borran con discursos, sino con resultados.
*La sucesión en la rectoría de la UMSNH ya tiene actores externos queriendo incidir: los exalumnos nicolaitas encabezados por OLIVIO LÓPEZ MÚJICA buscan recuperar voz y voto en el Consejo Universitario, del que fueron excluidos con la reforma a la Ley Orgánica. Sin embargo, mientras la Asociación Nacional de Nicolaitas Exalumnos A.C. dispute el membrete con la organización que lidera CHEMA MONTEJANO, difícilmente podrán reposicionarse como un actor legítimo en la vida interna de la universidad.
La propuesta de reglamento para la elección de rector o rectora suena ambiciosa, pero la fragmentación histórica de los exalumnos y la falta de reconocimiento institucional los mantiene en la periferia. La disputa por la rectoría se perfila intensa, pero sin unidad y sin claridad en la representación, los exalumnos seguirán siendo convidados de piedra. En la política universitaria, la credencial pesa más que la arenga, y mientras haya dos asociaciones peleando por el mismo nombre, el voto perdido seguirá siendo su mayor exclusión.
AVISO PARROQUIAL: A este columnista llegó la noticia de que al menos 17 funcionarios del gobierno del estado de Michoacán, están siendo “verificados” por el departamento de estado de los Estados Unidos de América, lo que implica que sus visas están entredicho. Por lo pronto, me dicen que a una funcionaria estatal, ni siquiera le permitieron abordar el avión en territorio mexicano, por “detalles” en su visado. Ver menos