CDMX, 30 de abril del 2026.- En respuesta a las acusaciones de Estados Unidos contra una decena políticos mexicanos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó: “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
Dijo que de haber elementos que infieran la responsabilidad de los señalados —entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha— no se protegerá a nadie; sin embargo, de comprobarse que se trata de un tema “político”, la mandataria subrayó que no se permitirá la injerencia de Washington en las decisiones nacionales.
“Debe quedar sumamente claro: Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía.
La jefa del Ejecutivo abrió la mañanera de este jueves con la lectura de un comunicado con su posición del caso, donde sostuvo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine, confirme a las leyes nacionales, si existen elementos para aprehender y extraditar a los imputados, como lo solicitó Washington.
“Nosotros no vamos a proteger a nadie, y lo hemos demostrado… (pero) si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿Cuál es la motivación?”, dijo ante pregunta sobre el tema. Donde también llamó la atención de que el único elemento que dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un documento difundido en español, son imágenes de supuestos pagos de sobornos escritos a mano en una hoja de papel. “Me llama la atención, ya que la fiscalía determine”.
Resaltó que se trata de un hecho inédito: “Esto no había ocurrido nunca. ¡Nunca en la historia! Que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones, de un presidente municipal en funciones o de un senador en funciones”.
En el comunicado que dio a conocer, la titular del Ejecutivo acentuó: “Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción (…) Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”
