Huelga en la UM, capricho o insolvencia (Columna Política “Bajo la Lupa”)

*HUELGA EN LA UM, CAPRICHO O INSOLVENCIA.
*REFORMAS, LA DEMOCRACIA INCOMODA A SUS JUGADORES.
*LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y EL SILENCIO CÓMPLICE.
Columna Política “Bajo la Lupa”, Por Armando Saavedra (27-IV-2026).- Esta columna, dedicó bastante tiempo a investigar en diversas fuentes oficiales, anexos del presupuesto estatal 2026 y otros aprobados por el congreso y alguno datos internos de la universidad michoacana que vía transparencia se pudieron obtener, pero todos esos datos, son suficientes para que nuestros lectores puedan llegar a una conclusión mucho más cercana a la realidad sobre el conflicto laboral que aqueja a la Casa de Hidalgo.
El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana sostiene que la huelga no se resuelve porque la rectora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ no quiere pagar prestaciones atrasadas. La narrativa del “capricho” ha sido eficaz políticamente, pero los datos financieros muestran otra realidad: la universidad enfrenta una estructura presupuestal rígida que apenas cubre lo ordinario y no deja margen para absorber pasivos históricos.
El presupuesto 2026 asciende a 5,267,245,046.96 pesos, integrado por 2,465,009,372 pesos de subsidio federal ordinario, 2,389,798,135 pesos de subsidio estatal ordinario y 412,437,539 pesos de ingresos propios. El subsidio por alumno es de 87,918.50 pesos, con una participación de 50.77% de la Federación y 49.23% del Estado.
La base laboral está conformada por 7,322 trabajadores activos y 2,258 pensionados, para un total de 9,580 personas que reciben salario o prestaciones. En la práctica, los jubilados se consideran “activos” porque por disposición contractual reciben las mismas prestaciones que los académicos y administrativos en servicio, además de la pensión que les otorga el IMSS.
Esto provoca que un jubilado de la UM perciba mejores ingresos que un trabajador en activo, lo que incrementa la presión financiera sobre la institución. El desglose del gasto confirma la rigidez: en 2026, de los 4,854,807,507 pesos del presupuesto convenio, 4,440,344,833 pesos se destinan a servicios personales, es decir, 91.74% del total.
El resto se reparte en materiales y suministros (148,647,165 pesos, 3.03%), servicios generales (122,643,009 pesos, 2.75%) y transferencias y ayudas (143,172,498 pesos, 2.47%). En 2025, el presupuesto fue de 4,452,096,344 pesos, de los cuales 4,076,229,976 pesos se destinaron a servicios personales, equivalentes al 89.52%. Ese año se ejercieron 4,553,448,424 pesos, lo que obligó a recurrir a recursos extraordinarios.
La diferencia entre lo autorizado y lo ejercido en los años previos siempre fue significativa: en 2021 se autorizó 3,033 millones y se ejercieron 3,737 millones; en 2022, 3,326 millones autorizados contra 3,766 ejercidos; en 2023, 3,579 millones contra 4,039; en 2024, 3,706 millones contra 4,332; y en 2025, 4,452 millones contra 4,553. En promedio, entre 400 y 700 millones adicionales cada año fueron necesarios para cerrar el ejercicio.
El presupuesto pleno de 2026, equivalente al 4.5% del gasto estatal, elimina la necesidad de recursos extraordinarios, pero apenas alcanza para cubrir nómina y prestaciones ordinarias. A esto se suma el tema del aguinaldo: el contrato colectivo establece 60 días, de los cuales Federación y Estado reconocen 40 y la UM debe cubrir 20. En 2025, el pago total fue de 315,474,881 pesos, de los cuales 210,316,587 fueron reconocidos por la Federación y el Estado y 105,158,293 correspondieron a la universidad. En 2024, el monto fue de 303,813,539 pesos y en 2023 de 285,017,489 pesos.
Este esquema evidencia que la universidad asume un costo adicional que no está contemplado en el subsidio ordinario. El problema se agrava al considerar la relación trabajador–alumno: según datos de la SEP y la ANUIES, en el ciclo 2024–2025 el promedio nacional en universidades públicas es de 1 trabajador por cada 17 alumnos. En la UM, con 9,580 trabajadores y alrededor de 50,000 estudiantes, la relación es de 1:5.2, mucho más estrecha que el promedio nacional.
Además, el sistema de jubilación dinámica, que otorga el 100% del último salario y se incrementa cada vez que hay aumentos para el personal en activo, junto con la doble pensión (IMSS más pensión universitaria), coloca a la UM en una situación financiera insostenible.
Mientras que muchas universidades han reformado sus esquemas para que la pensión universitaria sea complementaria, la UM mantiene un modelo que multiplica los costos. En este contexto, el gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA tiene razón al afirmar que “hay dinero”, pero ese dinero está etiquetado para gasto corriente. El sindicato exige el pago de adeudos históricos y beneficios adicionales, pero esos compromisos no están contemplados en el presupuesto pleno.
La rectora no niega por voluntad, sino porque el margen financiero es inexistente.
Los datos muestran que casi 92 de cada 100 pesos se destinan a nómina y prestaciones, dejando apenas un 8% para operación y apoyos. La Casa de Hidalgo no se gestiona por caprichos, sino por números. El conflicto no es de voluntades personales, sino de una estructura financiera rígida que apenas garantiza estabilidad. La resolución del conflicto requiere que ambas partes se sienten a negociar con realismo financiero y exploren nuevas fuentes de financiamiento.
Además, es indispensable que el Congreso del Estado, antes de aprobar el presupuesto de egresos del siguiente ejercicio fiscal, etiquete recursos específicos para cubrir los pasivos laborales de la universidad. Solo así podrá atenderse lo que hoy parece imposible dentro del marco del presupuesto ordinario. Sí hay dinero, pero no para todo lo que se exige.
REFORMAS, LA DEMOCRACIA INCOMODA A SUS JUGADORES.
La democracia mexicana tiene la costumbre de cambiar las reglas justo cuando los jugadores creen que ya las dominan, y en Michoacán el tablero político se ha sacudido con dos movimientos simultáneos: por un lado, el llamado Plan B de reforma constitucional ya vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y por otro, un paquete de iniciativas locales que aún se encuentran en comisiones de dictamen, con la posibilidad de pasar al Pleno si el Ejecutivo las respalda.
El resultado es un escenario donde varios actores descubren que la silla que tenían en mente ya no existe o que la cancha se inclinó en su contra. El artículo 115 constitucional reformado establece que los ayuntamientos deberán integrarse con paridad vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva, pero la letra chiquita es la que duele: nadie podrá ser candidato a presidente municipal, regidor o síndico si tiene vínculos de matrimonio, concubinato o parentesco hasta cuarto grado con quien ya ocupa el cargo.
Se acabó la herencia de la silla, adiós a las esposas, primos y cuñados que veían en el ayuntamiento un negocio de continuidad. En Morelia, el caso es emblemático: la esposa del presidente municipal ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR queda fuera de la jugada y la narrativa de la continuidad familiar se derrumba como castillo de naipes. La reforma no solo es jurídica, es quirúrgica: corta de raíz la tentación dinástica que tanto daño ha hecho a la política local.
El artículo 116, por su parte, prohíbe la reelección inmediata de diputados locales, lo que significa que los integrantes de la actual 76 Legislatura de Michoacán, que soñaban con repetir en la curul, tendrán que buscar nuevos horizontes. De golpe y porrazo, sus aspiraciones cambian de dirección: o se lanzan a la diputación federal o se pelean por una presidencia municipal. La lucha interna en los partidos se intensifica porque las sillas son las mismas, pero los aspirantes se multiplican. La ironía es deliciosa: quienes hoy discuten iniciativas de reforma electoral local para “fortalecer la democracia” descubren que la democracia los jubiló anticipadamente.
El discurso de “servir al pueblo” se convierte en la desesperada búsqueda de un plan B personal, y mientras tanto los partidos se preparan para una guerra interna donde los cuchillos no serán metafóricos. Conviene aclarar que el Congreso de Michoacán no ha aprobado aún el paquete de reformas locales que hemos venido analizando, son iniciativas en comisiones de dictamen con posibilidad de pasar al Pleno si el Ejecutivo las respalda.
Ahí se incluye de todo: desde el voto de personas en prisión preventiva y en estado de postración, hasta la digitalización de notificaciones por correo electrónico.
Se propone modernizar la logística electoral, tipificar la violencia digital, blindar la elección de jueces y fortalecer la estructura del Instituto Electoral de Michoacán. La joya de la corona es la paridad: reglas claras para garantizar que las candidaturas cumplan con el 50/50 sin que el Instituto Electoral se meta en los métodos internos de los partidos. El resultado final es lo que cuenta, no el camino, y ahora con la reforma federal esa paridad se convierte en mandato constitucional para los municipios. La armonización no es opcional, es obligatoria.
En Morelia, la reforma se siente como terremoto. ALFONSO MARTÍNEZ ya no puede pensar en dejar la silla a su esposa, los diputados locales que buscaban reelegirse deben buscar refugio en candidaturas federales o municipales, y los partidos tendrán que repartir candidaturas con bisturí porque la paridad vertical y horizontal no es discurso, es obligación verificable.
La lucha interna será feroz, los aspirantes que antes podían negociar con la reelección ahora se lanzan a la arena municipal, los partidos tendrán que equilibrar género, competitividad y lealtades en un juego donde cada movimiento puede desatar una rebelión interna, y los independientes, gracias a las iniciativas locales, podrían formar candidaturas comunes con partidos.
La cancha se abre, pero también se complica: más jugadores, menos sillas. La mordacidad está servida: los que impulsan iniciativas para “fortalecer la democracia” descubren que la democracia los jubiló anticipadamente; los que soñaban con heredar la silla municipal a la esposa o al primo se topan con la prohibición constitucional; los partidos que presumían apertura ahora deben hacer malabares para cumplir con la paridad sin romper sus equilibrios internos; y los independientes, que antes eran vistos como intrusos, ahora podrían aliarse con partidos y convertirse en actores reales de competencia.
La democracia mexicana tiene un talento especial para incomodar a los políticos, y esta vez la incomodidad es doble: iniciativas locales que aún esperan dictamen y una reforma federal ya vigente. El tablero cambió, las reglas se endurecieron y las aspiraciones personales se estrellaron contra la pared de la Constitución. La reforma electoral de Michoacán y el Plan B federal no son simples ajustes técnicos, son un rediseño profundo del sistema político local. Se acabaron las reelecciones inmediatas, se acabaron las candidaturas familiares, se acabó la discrecionalidad en la paridad.
Lo que queda es una cancha más pareja, pero también más intensa. Los partidos tendrán que sobrevivir a guerras internas, los independientes tendrán que demostrar que pueden competir en serio, y los políticos de siempre tendrán que aprender que la democracia no es un traje a la medida. En Morelia, la esposa del presidente municipal ya no podrá ser candidata, en el Congreso los diputados locales deberán buscar nuevos horizontes, en los partidos la lucha será sangrienta y en la ciudadanía la expectativa es clara: que esta vez las reglas no sean simulación, sino garantía de equidad. La democracia, bajo la lupa, sigue siendo un espectáculo fascinante: un juego donde las reglas cambian, los jugadores se incomodan y el público espera que, al menos esta vez, la función sea menos tramposa.
LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y EL SILENCIO CÓMPLICE.
En Michoacán, los contratos millonarios adjudicados de manera directa para la supervisión de los teleféricos de Morelia y Uruapan no solo levantan sospechas por su monto y opacidad, sino que exhiben un vacío institucional alarmante: la ausencia de investigación por parte de las autoridades fiscalizadoras.
La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán no deja margen de interpretación. El Artículo 94 establece que las autoridades investigadoras, incluida la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), deben iniciar de oficio las auditorías e indagatorias necesarias.
El Artículo 10 les otorga competencia para investigar faltas administrativas graves, y el Artículo 91 señala que las pesquisas pueden comenzar de oficio, por denuncia o derivadas de auditorías. Es decir, no se requiere un escándalo mediático ni una denuncia ciudadana para que la ASM actúe: la ley les obliga a hacerlo.
Sin embargo, frente a contratos que suman casi 65 millones de pesos adicionales bajo el pretexto de supervisión, y adquisiciones patrimoniales de la funcionaria que difícilmente cuadran con su salario, la respuesta institucional ha sido un silencio sepulcral. Ni la ASM ni otra autoridad han abierto investigación alguna, pese a que los documentos constan en la Plataforma Nacional de Transparencia y en declaraciones patrimoniales oficiales.
La omisión es doblemente grave: por un lado, erosiona la confianza ciudadana en los mecanismos de control; por otro, normaliza la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos. La ley no es un catálogo de buenas intenciones, es un mandato vinculante. Cuando las autoridades fiscalizadoras deciden mirar hacia otro lado, convierten la norma en letra muerta y se vuelven cómplices por inacción.
En este contexto, la aspiración política de GLADYZ BUTANDA MACÍAS se sostiene sobre un terreno minado: contratos cuestionados, adquisiciones patrimoniales bajo sospecha y una institucionalidad que se niega a cumplir con su deber.
La pregunta no es si hay elementos para investigar, sino por qué quienes están obligados a hacerlo prefieren callar.
La columna vertebral de cualquier democracia es la rendición de cuentas. Cuando la ley ordena investigar y las autoridades no lo hacen, el mensaje es claro: la impunidad no solo se tolera, se administra.