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15 de octubre del 2016.- A las ocho de la mañana del 6 de enero de 2015, la familia Madrigal estuvo apretujada, inerme contra el piso, suplicando no ser ejecutada, en una de las avenidas más transitadas de Apatzingán. Un vecino del lugar me relató, con miedo y con furia, que durante 20 minutos observó la escena. Me dijo: “Gritaban las muchachas: ¡No tiren estamos desarmados! Y luego lloraban y luego gritaban y luego lloraban”. El vecino me comentó que atestiguó cuando los policías federales rodearon a la familia sojuzgada. Con sus manos, hizo el gesto de la acción de disparar: “¡Y así los agarraron para abajo! ¡Los masacraron! ¡Los hicieron pedazos!”.
La voz de este vecino forma parte del coro que integra este reportaje de investigación que hoy es premiado. La sinfonía de testimonios tuvo lugar en un pedazo de Michoacán: el estado donde arrancó la estrategia fracasada de combate al narcotráfico de Felipe Calderón en 2006. Donde más de 6 mil civiles tomaron las armas para enfrentarse a la violencia organizada en 2013. Y donde, ese mismo año, Enrique Peña Nieto dio continuidad a dicha estrategia de seguridad.
Conocemos la numeralia de sangre de esta década: más de 100 mil muertes, más de 28 mil desapariciones, más de 280 mil casos de desplazamiento forzado. Cifras de noticias cotidianas que para una sociedad, desafortunadamente, ya forman parte del paisaje.
Lo que en mi opinión aporta este reportaje es que reivindica la dimensión humana del periodismo, de ir al lugar de los hechos y recoger un coro de voces en directo, externadas en distintos lugares, bajo acoso de convoyes de fuerzas federales.
Pero la investigación que hoy es distinguida consigna hechos que no son excepcionales. La masacre de Apatzingán nos muestra la actuación sistemática de las fuerzas del Estado mexicano. Su aumento de letalidad.
El que la policía federal hubiera actuado en esta masacre con impunidad total, ante vecinos y transeúntes, posibilitó, que como ninguna otra ocurrida en el gobierno de Peña Nieto, tenga registros de audios, fotografías, videos y documentos. Pero ¿cuántas ejecuciones extrajudiciales no hemos cubierto porque las desconocemos o porque no hubo sobrevivientes? Hoy en día en México tenemos un grave problema de información porque hay regiones del país a las que ya no podemos acceder.
La publicación de este reportaje ejemplifica además nuestra responsabilidad en la tarea de informar. Es la razón por la que esta noche soy acompañada por Carmen Aristegui, titular de Aristegui Noticias; Alejandro Roldán, director de Univisión México; Peniley Ramírez, reportera de Univisión Investiga, y Homero Campa, coordinador de información internacional de la revista Proceso. Mi gratitud por su acompañamiento.
El reconocimiento a mi reportaje hace de este el foro idóneo para contar por vez primera por qué este reportaje fue los tres medios de comunicación.
Soy periodista independiente. Durante tres años y medio realicé reportajes especiales para el periódico El Universal. Debo decir que originalmente la investigación periodística sobre la matanza de Apatzingán me la asignó Francisco Santiago, el director de El Universal, a cinco días de los acontecimientos.
No obstante la gravedad de los hechos, en los que las víctimas señalaron como responsable intelectual a Alfredo Castillo, entonces Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, amigo cercano de Peña Nieto, el director del periódico, Francisco Santiago, decidió no publicar mi reportaje.
Pienso que en el momento en que la dirección de El Universal decidió no publicar durante dos meses mi investigación sobre la masacre, por razones políticas y electorales, se convirtió de facto en cómplice de los perpetradores.
Pude llevar el reportaje a estos tres medios de comunicación gracias al apoyo legal del licenciado Édgar Ureña. Un factor crucial que me permitió difundir la información fue el apoyo de Artículo 19, especialmente de su ex director Darío Ramírez y del abogado Gabriel Soto. Artículo 19 me aportó los fondos que yo transferí a El Universal como reembolso de los gastos de viáticos que el periódico me proporcionó para realizar la cobertura.
En el encuentro en el que planeamos la estrategia para darlo a conocer, Carmen Aristegui externó: “esta es una reunión histórica en México”. Este era el caso: una reportera con una investigación no publicada, buscó el apoyo de una periodista despedida de una empresa, como todos lo sabemos, luego de revelar la investigación sobre La Casablanca. A su vez buscó el apoyo de una revista caracterizada por su línea crítica, como lo es Proceso. A este esfuerzo, sumamos la difusión del reportaje en la cadena Univisión. Lo anterior permitió que las y los mexicanos, dentro y fuera del país, conocieran cómo actuaron las fuerzas del Estado mexicano en Apatzingán el Día de Reyes de 2015.
Como reportera obtuve información que indica que, primero Castillo, y luego Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, tuvieron encuentros con directivos de otras empresas periodísticas para difundir la versión oficial de que en Apatzingán aconteció un “fuego cruzado” entre civiles armados. Algunos de estos encuentros quedaron reflejados en notas de dichos medios.
Considero muy grave haber tenido que acudir a dos medios críticos y a un medio internacional para dar a conocer una historia que denuncia la impunidad y la corrupción en torno al caso de la masacre de Apatzingán. El Universal está cumpliendo 100 años. En el diario hay editores y reporteros profesionales. Pero al día de hoy desconozco la trama política, electoral o económica que llevó a la familia Ealy, al director Francisco Santiago, y al subdirector David Aponte, a no publicar mi reportaje.
Pero en México se acabó la censura y este es el ejemplo. Si “x” no quiere publicar un reportaje de investigación, entonces lo publicará “a”, “b” o “c”.
Igualmente grave considero el ataque cibernético que el portal de Aristegui Noticias y Artículo 19 denunciaron el día previo a la difusión del reportaje “Fueron los federales”.
Para aquellos que no quieren reconocerlo: el ejercicio del periodismo en México cambió al imponer el poder de la violencia organizada. Cuando mi investigación fue publicada, varios columnistas, desde la comodidad de su escritorio, cuestionaron que las 39 fuentes entrevistadas fueran anónimas. Incluso uno de ellos calificó a mi reportaje de “periodismo carroñero”.
Alguna vez Julio Sherer, fundador de la revista Proceso, cuando fue cuestionado de hacer un supuesto periodismo amarillista, dijo: “amarillo está el país”.
Narrar los ataques de policías federales contra civiles, que solo portaban palos como defensa; consignar cómo disparos a corta distancia reventaron cráneos de víctimas; y registrar cómo balas expansivas destrozaron órganos de jóvenes también desarmados, debajo de una camioneta, no es periodismo carroñero, es consignar los hechos.
Las críticas ante el anonimato de las fuentes no encontraron eco en el jurado que otorgó este premio, por lo cual estoy muy agradecida. Este jurado validó los testimonios recogidos y, pese a los cánones del periodismo tradicional, que exigen identificar el nombre y rostro de las fuentes, y reivindicó su derecho, vital en este México de hoy, a permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
Con información de Aristegui Noticias
Como lo reveló mi reportaje, y luego lo comprobó una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la masacre del Día de Reyes en Apatzingán la Policía Federal fue responsable de ejecuciones extrajudiciales y de muertes por uso excesivo de fuerza. La investigación se convirtió también en la referencia obligada del caso para organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y hoy -gracias a este jurado-, es distinguida con el Premio Nacional de Periodismo.
Agradezco a Aristegui, Proceso y Univisión por dar a conocer mi reportaje. De igual manera agradezco a toda la red de colegas que se sumó a la estrategia de difusión de forma comprometida. Y a otras personas más que, ellos lo saben, no puedo mencionar. Esta distinción es también un triunfo de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a la información.
Pero particularmente estoy agradecida con las mujeres y hombres sobrevivientes, y testigos de esta masacre, por haberme confiado sus testimonios.
Con este reconocimiento guardo la expectativa que el caso de la masacre de Apatzingán tenga de nuevo visibilidad. Porque a 22 meses de la matanza, la Procuraduría General de la República no ha dado a conocer su investigación. No hay un solo detenido. Y la persecución contra los sobrevivientes y sus familiares continúa. Muchas gracias.
