Columna «Bajo la Lupa»: No respetar la ley, cultura oficial

En efecto, una de las cosas que la mayoría de los ciudadanos no entendemos, es por qué las autoridades, de cualquier nivel, se sienten con la potestad de no cumplir la ley o para entenderlo más fácil, violan la ley porque nadie les dice nada.

Es cotidiano ver, observar que particularmente los elementos que pertenecen a alguna corporación policiaca, no respetan las señales de tránsito, con suma facilidad se pasan los “altos”, con solo encender de manera intempestiva sus “códigos de emergencia”, exigen a los ciudadanos se les otorgue el paso.

Desde un simple patrullero, hasta el más alto funcionario de la secretaría de seguridad pública, atropellan a los demás automovilistas, profieren amenazas verbales y en muchos casos con sus respectivas armas.

Hace solo unos cuantos días, un “alto funcionario” del gobierno estatal, tuvo que acudir a la Casa de la Cultura a encabezar algún evento, empero, lo que llamó la atención a los ciudadanos de a pié y sobre todo a los automovilistas, fue que los elementos de tránsito bloquearon la circulación en su sentido normal, es decir de sur a norte de la calle Benito Juárez, solo para permitir que el convoy que encabezaba el “alto funcionario”, ingresara a dicha calle, pero ¡En sentido contrario! Como se aprecia en la gráfica, ingresó por la calle de García Pueblita, pero el colmo de la desvergüenza y prepotencia, es que el convoy del “alto funcionario”, duró varias horas estacionado en sentido contrario y en el arroyo de la calle, impidiendo la circulación vehicular, hasta que el “alto funcionario” se desocupó.

Así es, los empleados al servicio del gobierno del estado cotidianamente observan que los altos funcionarios violan el reglamento de tránsito, usando indebidamente los códigos de emergencia y otras veces sin utilizarlos, se pasan los altos, circulan en sentido contrario o se estacionan en donde se les pega la gana, aún en lugares destinados a personas con alguna discapacidad, tal y como lo podemos observar en la siguiente gráfica, el auto oficial con número de identificación 08-27 y con placas de circulación PSA-38-19, marca Volkswagen color blanco, cuyo conductor se introdujo a las oficinas de la secretaría de la contraloría, sobre la calle de Benito Juárez y sin vergüenza alguna, se estacionó obstruyendo el acceso a personas con discapacidad.

Varios transeúntes increparon con cierta amabilidad y hasta ironía al conductor por estacionarse en el acceso a discapacitados y solo recibieron improperios del conductor, ratificando la prepotencia con que se conducen algunos empleados del gobierno estatal.

Ya sé que Usted me dirá que en toda la ciudad se dan este tipo de abusos de autoridad, pero que es tal el cinismo y la prepotencia con la que se conducen la mayoría de funcionario públicos y empleados estatales, que no es raro ver estas escenas de prepotencia, sin embargo, otra de las modalidades de la prepotencia y el abuso de autoridad, se da cotidianamente en la afueras de los que han denominado Teatro Mariano Matamoros, cuya construcción tiene más de dos años suspendida, sin movimiento alguno, empero, los funcionarios responsables de los que queda de la obra, utilizan el servicio de seguridad que con los impuestos de usted y yo paga alguna autoridad, para que les cuiden su “estacionamiento particular” en plena vía pública.

Dicho estacionamiento privado tiene varios años, prácticamente desde que se iniciaron las obras de reconstrucción del citado teatro Matamoros. ¿Cuánto tiempo durará esta arbitrariedad? Hasta que a alguna autoridad se le pegue la gana ordenar que se libere la vía pública. Vea la siguiente gráfica:

Como hemos podido ver, los empleados y funcionarios estatales son ejemplares exponentes de la prepotencia y la arbitrariedad, sin embargo, en el Poder Judicial federal también “hace aire”, pues hace unos cuantos día pudimos observar como un funcionario del Poder Judicial dio vuelta en “U”, se pasó el alto en el vehículo en que se transporta, una vagoneta color blanco con placas del Distrito Federal, pero para hacer lo descrito, necesitó el auxilio de una patrulla escolta de color blanco, sin ningún balizamiento, que utilizó los códigos de emergencia para violar la ley de tránsito.

Por pura curiosidad, -ya ve que no nos gusta el chisme- este escribidor se paró momentáneamente en el acceso principal del edificio que alberga las oficinas de los tribunales federales en la esquina de la Avenida Camelinas y Avenida del Campestre, en donde pregunté a los vigilantes quién era el funcionario que se transportaba en dicho vehículo y se me informó, que era el magistrado del tribunal colegiado penal FROYLAN MUÑOZ ALVARADO, quien recientemente ha sido asignado a los tribunales federales con residencia en esta ciudad capital.

El señalamiento anterior, solo revela que la prepotencia y la cultura de violar la ley, no es privativo de las autoridades municipales y/o estatales, también los funcionarios de la federación se sienten intocables y con derecho a violar la ley impunemente.

Este miércoles a partir de las 11 de la mañana, allá en el denominado “Colegio de Morelia”, se efectuará una sesión de cabildo en la que el munícipe moreliano “independiente” PONCHO MARTÍNEZ ALCÁZAR, solicitará autorización al cabildo municipal, a efecto de entregar una iniciativa de decreto al Congreso del Estado, en el que solicita autorización para contratar crédito para dar suficiencia a la inversión que mediante la modalidad de “Asociación Pública Privada” se pretende hacer, para la construcción de la denominada “Ciudad Administrativa”.

Sin precisar a cuánto asciende al monto del crédito, cuya autorización solicita al congreso del estado, PONCHO solo señala que será por el importe de tres mensualidades del pago que deberá hacer a la empresa que gane la licitación y que habrá de ser la responsable de la inversión y construcción de la Ciudad Administrativa.

Llama la atención, que en la exposición de motivos y los considerandos respectivos, el municipio se responsabiliza de pagar no solo la deuda a 25 años, sino que también pagará todos los costos financieros de dicho crédito, y las cuotas de apertura de tal crédito, que empresario ganador de la obra, deba pagar al banco que le preste.

O sea, en palabras simples, un empresario constructor amigo de PONCHO pedirá un crédito, que éste a su vez aplicará para hacerle una obra al municipio y que pagará en su totalidad el mismo municipio.

Me explico: Voy al banco, pido dinero para financiar una obra, las garantías que me pide dicho banco, me las da el municipio, cumplidos los requisitos, el banco me presta el dinero a pagar en mensualidades.

Así las cosas, le hago la obra al municipio y el propio municipio me paga en mensualidades dicha obra, pago que me alcanza para pagarle al banco que me prestó con la garantía del ayuntamiento y me sobra una excelente utilidad. ¿Me entendió?

El municipio de Morelia, garantizará el pago de las mensualidades a la empresa constructora, con las participaciones federales, las que se depositarán en un fideicomiso cuyo costo de constitución será a cargo del propio municipio. ¿Buen negocio, no?

El método anterior, es en la actualidad moda entre las autoridades de todos los niveles y en general en el país, pues al utilizarlo, evitan tener que pedir autorización para contratar créditos a los congresos de los estados y PONCHO también lo utilizará para hacer un negocito a 25 de deuda para el municipio de Morelia. ¿Habrá mochada en la obra? Dice el refrán popular que para que haya sobras, debe haber obra.