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Ciudad de México, 11 de julio del 2016 (El Economista.com).- La Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte dos acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, por las normas avaladas en esas entidades que se consideran violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, señaló en rueda de prensa que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto se presentaron estas acciones porque “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”.
El objetivo de estas medidas es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que las entidades no pueden establecer regulaciones en materia anticorrupción en el ámbito local antes de la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, recién reformado en el Congreso de la Unión.
Los actos realizados recientemente por los gobiernos de Veracruz y Quintana Roo, como el nombramiento de magistrados y fiscales anticorrupción, no están acordes ni son afines a las leyes anticorrupción establecidas para frenar el abuso del poder, no para propiciarlo, mencionó Sánchez Hernández.
Por ello es conveniente que la Suprema Corte revise las disposiciones y normas aprobadas recientemente en los congresos de esos estados, que el Gobierno de la República considera pondrían en riesgo el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción, para “que no haya cabida a leyes locales a modo”, declaró.
“Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República se encaminan a atender problemas muy concretos», afirmó a su vez el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval.
La falta de competencia de los congresos locales generará inseguridad jurídica y los juicios emitidos por su aplicación tendrían vicios de inconstitucionalidad, aseguró Sandoval Silva.
“Queda en manos de la Suprema Corte de Nación resolver sobre este asunto”, subrayó Sánchez Hernández durante una rueda de prensa celebrada en la residencia oficial de Los Pinos.
El vocero recordó que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción fue avalada en mayo de 2015 y que los estados deben esperar la promulgación de las leyes generales para armonizar sus normas estatales.
Las entidades carecen de facultades para publicar leyes locales de anticorrupción ni pueden hacer nombramientos de funcionarios relacionados con esa materia, pues se basarían en normas jurídicas que no están en línea con el sistema anticorrupción vigente y, por tanto, carecerían de legalidad.
Aunque el plazo para la promulgación del paquete de reformas anticorrupción no está definido, el gobierno de Peña Nieto está decidido en cumplir y hacer cumplir las leyes para preservar el Estado de derecho en todas las entidades, subrayó.
Los partidos opositores consideran que las acciones de ambos gobiernos tienen como objetivo blindar a los gobernadores salientes para que no sean investigados ni procesados por actos de corrupción.
Con información de El Economista.com
