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Dicha medida también ayudaría a los problemas financieros que padece el estado, pues de ser aprobada se generaría un ingreso por 21 mil millones de pesos; casi un 70 por ciento del monto de la deuda pública de la entidad, que podrían ser utilizados para programas sociales e infraestructura.
Aunado a esto, refirió que también se solucionaría un problema que tiene desde hace varios años el estado, pues muchos de ellos entran con un permiso temporal, mediante el pago de una fianza, pero después se convierten en ilegales ante todos los trámites que tienen que realizar para su legalización.
Recordó que hoy en Estados Unidos radican entre 2.5 y tres millones de michoacanos, de un total de cinco millones, es decir, 40 por ciento de su población, y se toma en cuenta que el 70 por ciento de los vehículos extranjeros son importados por migrantes. En Michoacán esta situación se convierte en un problema que tiene su origen en la migración.
«Entendiendo así el problema, en coordinación con diversas organizaciones entre ellas la Unión Democrática Campesina, hemos apoyado a los propietarios de estos vehículos para la promoción de un amparo ante la justicia federal para su legalización definitiva», expresó el líder perredista.
La propuesta que será llevada al Congreso tiene como argumento que estos vehículos son instrumentos de trabajo esenciales en sectores como el agropecuario, por ello es esencial que se brinde la certeza jurídica a los propietarios, en su mayoría familiares de migrantes.
En este sentido dijo que el Congreso tiene un antecedente en el acuerdo que el gobierno de Chihuahua hizo valido el 30 de octubre del 2012 para que los gobiernos locales garanticen contribuciones en la importación definitiva de vehículos usados
«En tanto, nuestro partido permanecerá atento a la resolución de la justicia federal para seguir respaldando a nuestros campesinos, pues esto significaría un puntal para mejorar sus posibilidades de desarrollo», concluyó.
