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Morelia, Mich., 26 de mayo del 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado categóricamente su rechazo al aumento de las penas, e incluso ha considerado que ese incremento, al impedir la reinserción social del sentenciado, no resulta ser la vía idónea, señaló la diputada Nalleli Pedraza Huerta.
La legisladora se manifestó en contra del aumento al límite de los años de prisión, en el que se planteó que pase de 40 a 50, porque contraviene a las normas en materia de seguridad y justicia.
Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXIII Legislatura Local, el endurecimiento de las penas para delitos graves, contraviene lo dispuesto en la reforma constitucional de seguridad y justicia del año 2008, en la que se destaca la reducción del uso de la prisión preventiva, con la finalidad de fomentar una mejor protección a los derechos fundamentales y una mayor eficacia para el sistema de justicia en nuestro estado y en nuestro país.
Nalleli Pedraza puntualizó que el consenso de los especialistas en la materia es que desde la perspectiva de los derechos humanos, este tipo de aumento de penas atentan contra el principio fundamental de reinserción social, ya que privan de cualquier esperanza de libertad en virtud de que anulan la posibilidad de acceder a algún tipo de beneficio de libertad anticipada convirtiéndose en una especie de sentencia a muerte en reclusión para el interno.
Destacó que el pronunciamiento de la CNDH señala que la respuesta no siempre se encuentra en las penas de larga duración, ya que éstas no se enfocan a solucionar los problemas de violencia, delincuencia organizada o secuestros, y por el contrario, representan más violencia de la que se pretende contener, al violar los derechos humanos de los sentenciados, al motivar un modelo en el que no se fortalece la reinserción social y se privilegia la separación permanente del interno bajo el afán de una supuesta salvaguarda social.
Aun con estos argumentos la iniciativa fue aprobada por en el Congreso, pero al tratarse de una reforma a la Constitución es necesario que la mayoría de los Ayuntamientos también la avalen.
En ese contexto la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso apuntó que quienes aprobaron la iniciativa ignoran que el aumento de penas no inhibe los delitos, que el aumento no ayudará a la reinserción, y que en todo caso lo que provocará es mayor costo social y económico, pues los sentenciados estarán más tiempo en prisión, lo que implica un mayor costo al gobierno del estado de Michoacán y sus contribuyentes, y además se pierde casi por completo el objetivo de reinsertar a los internos a la sociedad, lo cual significa un irreparable costo social.
Lamentó que los diputados aprobaran la iniciativa, aun sabiendo que esta acción es inútil para disminuir los delitos o, al menos, ignorando si existe una relación causal entre una reforma en este sentido y la disminución de la criminalidad, hayan sido irresponsable y hayan ido en contra incluso del pronunciamiento de la CNDH.
