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Columna Política «Repercusiones», Por Samuel Maldonado B.- En el mar profundo de los vicios gubernamentales del pasado y del presente México, destacan desde luego las heroicidades de la tétrica Policía Judicial Federal, cuyas función principal era, hipotéticamente, la de investigar los crímenes y delitos cometidos y el de consignar a los presuntos culpables ante los tribunales judiciales correspondientes. La historia de esta policía está llena de atrocidades, que comenzaron prácticamene desde su fundación en el periodo último de don Porfirio Díaz, quien mediante el decreto correspondiente impulsara su fundación en el año de 1908.
El descrédito de esta policía y las grandes corruptelas provocadas por funcionarios y agentes de esta organización en forma constante, impulsaba y obligaba a las autoridades superiores del momento a modificar constantemente su estructura y organización, por lo que a finales del siglo pasado, se consideró prudente modificarla sustancialmente pero todo terminó en un gato pardísmo; es decir, la cambiaron pero no cambiaba pues su estructura era la misma de tal manera que solo se modificaba su nombre y se mantenía al mismo personal. En 1991, se reestructuro en la Dirección General de los Servicios Técnicos y Criminalísticos, misma que quedó bajo la jurisdicción de la Coordinación General para la Atención de los Delitos contra la Salud.
El descrédito incremental de esta agrupación prácticamente criminal, obligó nuevamente a las autoridades a otro cambio de nombre y se le llamó –modernamente- Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que tampoco dio frutos positivos pues no no funcionó, no se modernizó y si continúo teniendo la opinión negativa de la sociedad mexicana en lo general. Seguramente por lo anterior y considerando su historia llena de corrupción y deshonestidades, el 23 de julio de 2012 hubo nueva reorganización y reglamento interno que se publicitó en el Diario Oficial de la Federación como nuevo “Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, consignando el nuevo nombre de esta organización: ¡Policía Federal Ministerial! sin lograr que la opinión pública tuviera una idea favorable de la misma.
Seguramente que desde hace ya muchos años, esta dependencia oficial es un quebradero de cabeza para las autoridades superiores, por lo que no tan recientemente y creo que con el fin de darle un poquito de “brillo”, la autoridades han incrustado en la misma a personal militar, tanto del Ejército como de la Marina Nacional, y de esta forma, marinos y soldados, que con frecuencia sustituyen totalmente a la misma desacreditada dependencia investigadora, comienzan a enrolarse en asuntos que constitucionalmente no le son de su competencia, por lo que de continuar con las instrucciones presidenciales, seguro perderán presencia y prestigio y la estimación de la sociedad en lo general.
De esa posición y por su fortaleza militar (la Historia no miente) no faltará en ejército y marina, aguzados y osados militares que cansados de la ineficiencia operativa de los civiles trabajando en materia de seguridad nacional, hagan a un lado a la administración pública y tomen el mando como ha sucedido en algunos países de América Latina.
La ineficiencia de la lucha contra el crimen organizado, o la falta de resultados para tranquilizar al país es obvia. En fin, las autoridades del país seguramente pensaban que los cambios de nombre de una dependencia lograría objetivos mayores y tal vez por eso de ser la AFI, terminó como AIC. Es decir, como “Agencia de Investigación Criminal”, de la que es Director General el Sr. Tomás Zerón de Lucio, personaje que a decir del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) es presunto responsable de haber manipulado las investigaciones sobre las desapariciones de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En fin, esperemos que el fuego del “basurero guerrerense ” no termine con calcinar a este jefe policiaco, sino que sirva para resolver todo este misterio.
