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Morelia, Mich., 04 de marzo del 2016.- En el proceso contra el exfundador de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, debe hacerse valer la garantía fundamental de que tenga un juicio justo y apegado a derecho, lo que obligaría al Poder Judicial a valorar de manera objetiva, sin presiones externas que atenten contra su autonomía, todos los elementos de prueba, sentenció el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña.
Esto después de que se diera a conocer un acuerdo que permite a los grupos de autodefensa la portación de armas y realizar labores de seguridad pública.
La defensa de Mireles Valverde anunció este día que daría a conocer documentos muy importantes para acreditar la excluyente del delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército; no obstante, en medios de comunicación se dio cuenta de un acuerdo con los autodefensas firmado por el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, en el que a la letra se establece: “las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRD señaló que debe comprobarse la legitimidad de ese documento y analizarlo con detenimiento; asimismo, dijo que será fundamental que la Secretaría de Gobernación responda con veracidad a la petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que exige sean dados a conocer los acuerdos firmados con las autodefensas.
Si se reconoce la legitimidad del referido acuerdo, el peso de la ley debe caer sobre el ex comisionado Alfredo Castillo y el ex gobernador Fausto Vallejo, así como ha recaído sobre José Manuel Mireles, ya que si bien los entonces funcionarios no estaban facultados para autorizar la portación de armas por parte de civiles, propiciaron que se violara la ley al permitir que civiles armados operaran en labores de seguridad pública.
Enfatizó que es evidente que la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán fracasó en su principal objetivo de reestablecer el estado de derecho en la entidad, ya que este cometido no se puede alcanzar torciendo la ley y procurando justicia de manera selectiva.
La dirigencia estatal del PRD recalcó que sería muy grave que Alfredo Castillo esté ocultando información que resulta fundamental en el proceso, incluso mediante declaraciones sesgadas que ha aportado al caso, ya que de ésta dependen no sólo la libertad de Mireles Valverde, sino de muchos ex autodefensas que permanecen en prisión.
