Lo anterior representa prácticamente la mitad de la cifra de muertes que dejó la estrategia contra la inseguridad del sexenio pasado y que llegó a los 101 mil muertos, de acuerdo con el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.

“Todo lo que caracterizó el sexenio de calderón se sigue dando actualmente por desgracia. No sé si es porque Enrique Peña Nieto está revolcado en la ola y no ha podido salir de ella para respirar, a pesar de que prometió que iba a reconfigurar la estrategia de seguridad no ha podido o no ha querido, la cosa es que no lo ha hecho”, lamenta el especialista en temas de derechos humanos.

El especialista critica que a un año de cumplirse una década de la decisión de sacar a las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado, estas no regresen al cuartel y lejos de cumplir con la misión de reducir la violencia, hayan ayudado a crear condiciones de “crisis humanitaria” en varias zonas del país.

“Casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán son solo botones de muestra de la gran nube oscura que produce la ineficiente estrategia de seguridad pública y de cuando se confía en unas fuerzas de seguridad que no son las apropiadas”, puntualiza.

De acuerdo con un estudio elaborado por Amnistía Internacional, desde 2007 alrededor de 25 mil personas habrían desaparecido en México; casi la mitad, 12 mil 500, ocurrieron durante la actual administración.

Sin embargo, opina Corcuera, el gobierno federal se ha empeñado en negarlo y continuar por el mismo camino que sacó al PAN de Los Pinos.

“El presidente tiene que reconocer la enfermedad y no negarla. Cada que llegan instancias internacionales el gobierno lo único que ha hecho es negarlo todo. Lo malo es que este año han sido el Comité de Desapariciones Forzadas; el relator contra la tortura; el comité de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el alto comisionado de las Naciones Unidas”, asegura.  

Aunque el académico apunta que de cambiar la estrategia de seguridad los resultados se verían a largo plazo, esto es irrenunciable. 

“Tiene que reconfigurar sus estrategias para que muy poco a poco se empiece a sentir la mejoría. De aquí a tres años no vamos a ver al paciente como nuevo, la enfermedad es tan grave que requiere de cirugía y tratamiento a largo plazo”, explica.

Santiago Corcuera asegura sin embargo que hay luces en el actual sexenio, sobre todo en lo referente al tratamiento con las víctimas de la violencia.

“Estuvo dispuesto a proponer todos los cambios que se necesitaban Ley  de Víctimas; de manera muy temprana en el sexenio se hizo un programa nacional de derechos humanos; y también la labor al interior de la Procuraduría General de la República para elaborar los protocolos homologados de investigación tanto de tortura como de desaparición de personas”, afirma.

¿Legado de dudas por corrupción?

Para María Amparo Casar, directora de Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el único logro palpable del sexenio peñista ha sido el Pacto por México que unió a las fuerzas políticas, envió un mensaje de un PRI distanciado de la imposición que lo caracterizó durante 70 años y que lo ayudó a impulsar su programa de gobierno.           

Sin embargo, a tres años de distancia, la politóloga opina que diversos acontecimientos han mostrado la cara insensible del gobierno federal.

“El mayor desacierto del gobierno ha sido pensar que las viejas formas de gobierno propias de cuando el propio Peña Nieto era gobernador del Estado de México podían replicarse sin consecuencia alguna en el nivel federal: control de la comunicación, traducción de deseos/decisiones en acciones, toma de decisiones sin consecuencias en la opinión pública. Una de las caras de esta moneda es la insensibilidad política en decisiones como: el tren México-Querétaro, algunos nombramientos, el manejo de Ayotzinapa o el de la Casa Blanca”, destaca.

Por otro lado, el incipiente combate a la corrupción que ha tocado no sólo al presidente, sino a los secretarios de Estado como Luis Videgaray, titular de Hacienda y a Gerardo Luis Esparza, de Comunicaciones y Transportes.

“Es de resaltar que aún cuando se llevó a cabo la aprobación del sistema nacional anti-corrupción la percepción sobre el incremento de la corrupción tiene bases sólidas: el incumplimiento de temas como el fuero, la reglamentación del Artículo 134 constitucional sobre la prohibición del uso personalizado de la propaganda o del nombramiento de un órgano que supervise la contratación de publicidad del gobierno”, explica.

En el mismo sentido opina Luis Carlos Ugalde, presidente de la consultoría Integralia y ex Comisionado Presidente del extinto Instituto Federal Electoral, quien prevé un escenario negativo a pesar de que “se están sentando bases para el futuro con por la Ley en materia de transparencia y la gestación de un sistema anticorrupción”.  

“¿Qué es lo que podría hacer el gobierno en la segunda mitad para remontar las dudas respecto a su transparencia y respecto a su legalidad? Seria combatir la corrupción, si lo hiciese saldría en hombros, si no lo hace –y yo creo que no va a ocurrir– va a dejar un legado de dudas”, opina.

En este sentido, Luis de la Calle, economista por el ITAM y ex funcionario federal en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, opina que hasta el momento lo único que se ha logrado es que el hartazgo crezca entre los ciudadanos. 

“Nos falta mucho en el tema de combate a la corrupción, lo único que hemos logrado es que la sociedad es menos tolerante a la corrupción, necesitamos eso pero en los políticos”.

Por lo anterior afirma, los próximos tres años Peña Nieto deberá concentrarse en fortalecer el estado de derecho, “el pie de donde más cojeamos”.

“El principal obstáculo que enfrenta la gente pobre es que no tienen manera de protegerse de los abusos en temas de seguridad. Para adelante, el presidente, debería de concentrarse por un lado en la implementación de las reformas que se hicieron, en segundo lugar asegurar que el gobierno funcione desde el punto de vista de los bienes y servicios que provee a la gente; y en tercer lugar asegurar la estabilidad; y cuarto lugar es el estado de derecho”, opina. 

Crecimiento mediocre y más desigualdad

En julio de este año el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que si bien la pobreza extrema había bajado del 2012 al 2014 y pasó de 9.8 a 9.5% de la población, el número de pobres creció, de 45.5 a 46.2 por ciento.

Mauricio Flores Arellano, columnista y comentarista de temas de negocios y económicos, reconoce que en materia económica hay “avances sustanciales”, aunque insuficientes.

El especialista asegura que al gobierno de Enrique Peña Nieto le ha faltado demostrar de lo que son capaces las reformas estructurales impulsadas con el Pacto por México.

“Todavía tienen un largo camino para demostrar su efectividad en tres factores: lograr que la productividad promedio crezca y con ello los salarios reales; la falta de crecimiento en las áreas de mayor rezago que tiene que ver con las áreas informales; esto también va emparejado con otro de los grandes pendientes con una reforma fiscal que vaya a la base del problema y no con soluciones medias que fue lo que finalmente sucedió con la actual reforma fiscal”, explica.

El economista por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) destaca que pese al “crecimiento mediocre” (a inicios de noviembre, el Banco de México estrechó su pronóstico para el crecimiento económico local de este año de 1.7-2.5%  a 1.9-2.4%), y del complicado entorno mundial en materia económica se ha logrado una estabilidad en las finanzas.

“El papel de Luis Videgaray ha sido crucial en el factor de estabilidad en las finanzas públicas, a pesar del incremento de la deuda que se ha tomado en los últimos dos años para tratar de apuntalar el crecimiento económico es una deuda que está muy lejos de ser una cuestión problemática”, explica.

Además, apunta el especialista, “la recaudación fiscal ha funcionado al grado en el que incluso en la caída de los ingresos petroleros, permitió a México tener calificación de deuda soberana”.

“Donde creo que hay un problema fuerte es en términos de una reforma hacendaria que fue pensada en el contexto del Pacto por México pero que fue una reforma incompleta ya que no acabó de profundizar en la ampliación de la base contribuyente al no considerar impuestos de mayor alcance”, asegura.

De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre el último trimestre de 2012 y el segundo de 2015, el número de personas desocupadas pasó de dos millones 495 mil dos millones 287 mil. Es decir, una disminución de 208 mil desempleados.

Sin embargo, el número de sub ocupados pasó de 3.9 millones a 4.1 millones, en el mismo periodo.

Otro indicador, el del tipo de cambio, tampoco ha dado tregua al gobierno peñista: en 2012 el tipo de cambio interbancario promedió 13.15 pesos por dólar, para 2013 estuvo en 12.86, en 2014 fue de 13.36. El último día de noviembre de 2015, el tipo de cambio se fijó en 16.5 pesos por dólar, luego de llegar hasta 17.01 pesos a finales de septiembre.

En noviembre de este año, una encuesta de la casa Buendía&Laredo fijó en 51% el nivel de desaprobación de la gestión del presidente Peña Nieto.

Los especialistas concluyen que en la segunda mitad del sexenio Enrique Peña Nieto deberá aterrizar y en su caso modificar las reformas estructurales impulsadas al inicio de su administración; modificar la estrategia para combatir la inseguridad en el país e iniciar otra, la del combate a la corrupción.

“Es importante hacer notar que en las encuestas de aprobación del presidente muestran que las líneas de aprobación/desaprobación de su gestión se cruzan antes de los sucesos de Ayotzinapa, las revelaciones sobre el caso Tlatalya, la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán o la masacre de Apatzingán ocurrieron después de que la desaprobación había subido como para ningún presidente en el mismo periodo”, explica María Amparo Casar.

Luis de la Calle, por su parte, opina que las reformas estructurales “tienen que ser implementadas o corregidas; que el gobierno sea eficaz en sus tres niveles; y que se asegure de no caer en una crisis económica”.

Al cumplirse la primera mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto las expectativas no son claras e incluso, podrían ser más inciertas, coinciden los expertos.

“Las condiciones para gobernar serán cada vez más difíciles por los tiempos de maduración que requieren las decisiones que se toman. No solo me refiero a las reformas llamadas estructurales sino a otras acciones como las que involucran la construcción de infraestructura. La otra dificultad está dada por los tiempos electorales locales y federal. Conforme se acerquen las elecciones habrá menor disposición de la oposición a colaborar”, concluye María Amparo Casar.