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Morelia, Mich., 12 de noviembre del 2015.- El presupuesto de egresos del próximo año, debe retribuir los aportes del campo michoacano a la economía estatal, tales como el 35 por ciento del Producto Interno Bruto, apuntó la diputada Belinda Iturbide Díaz, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXIII Legislatura local.
La propuesta presupuestal del próximo año presentada al Congreso del Estado, propone sólo un incremento del 2.53 por ciento a la Secretaría de Desarrollo Rural con respecto a lo autorizado en 2015, recodó la diputada por el distrito de Puruándiro.
“Tenemos conocimiento que el titular del Ejecutivo enviará un alcance que modificará la propuesta original de presupuesto que nos fue turnada, en donde ha anunciado que fortalecer al campo, por lo que esperamos un incremento sustancial al sector”.
Señaló que los recursos que se han venido etiquetando al campo michoacano han sido insuficientes para impulsar su desarrollo, por lo que es urgente inyectar recursos en inversión pública que potencien el crecimiento del sector.
Iturbe Díaz recordó que en los últimas tres décadas la inversión en el campo michoacano se ha derrumbado, de tal manera que mientras en 1981 este sector contaba con el 12 por ciento de presupuesto michoacano, para este 2015 el porcentaje apenas si alcanzó el 2.38 por ciento presupuestal.
“El panorama del campo michoacano es de una situación de crisis alimentaria, financiera y energética, con un incremento de la demanda y precios de alimentos básicos, un mercado petrolero inestable que se observa más complicado con la reforma que se plantea a nivel federal, así como la profundización de la crisis económica y una posible devaluación del peso”.
Frente a este panorama Iturbide Díaz destacó la importancia de generar las condiciones económicas y técnicas propicias para el desarrollo integral del agro michoacano, lo que permita colocarlo junto con sus productos en una posición productiva y competitiva a través del aprovechamiento de las potencialidades del territorio y de la defensa de la propiedad comunal y ejidal, con respeto al medio ambiente, estableciendo políticas construidas con la participación de los actores involucrados y que atiendan a la diversidad territorial, social y cultural del estado.
