Columna «Bajo la Lupa»: El ominoso presidente de la CEDH

Por Armando Saavedra (05-08-15)
EL OMINOSO PRESIDENTE DE LA CEDH
Sí los michoacanos expresan su regocijo porque el término del gobierno que encabeza SALVADOR JARA GUERRERO está muy cerca, menos de 60 días; igual regocijo nos causa el saber que también en diciembre próximo JOSÉ MARÍA CÁZAREZ SOLORZANO, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, termina su malograda gestión al frente de tan denostada y vituperada institución. Pareciera que la omisión, la irresponsabilidad y el despilfarro fueran las “virtudes” de este ombudsman michoacano, porque el cumplimiento de guardar y hacer guardar las leyes de este país, que juró ante el pleno del congreso del estado, solo fueron palabras huecas y un formulismo inútil, pues el ejercicio de la función pública para lo que fue contratado, no ha sido ni su fuerte ni su virtud.

LA TIERRA CALIENTE
No una, sino innumerables ocasiones se señaló la omisión en el actuar de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado, particularmente en la cadena de hechos delictuosos ejecutados por los agentes del gobierno durante parte del 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015, tanto federales como estatales, encubiertos en “su lucha” en contra de la delincuencia organizada, pero que fueron el pretexto ideal para la violación consuetudinaria de los derechos humanos de los habitantes de la región de la Tierra Caliente michoacana. Una y otra vez, enésimas veces se denunció la inmovilidad de la visitaduría con sede en Apatzingán en hechos vergonzosos de violación a los derechos humanos y solo pretextos hubo, argumentos falaces basados en una presunta falta de garantías para el ejercicio de sus labores y en otras ocasiones, el argumentar falta de competencia o jurisdicción, el asunto era no afrontar su responsabilidad de defender a capa y espada los derechos humanos de los michoacanos.

ESCARNIO PÚBLICO A “REINSERTADOS”
Con motivo del funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado, en Morelia están colocando playeras blancas de servicio comunitario con siglas PGJ a los que «reinsertan» o accedieron a mecanismo de solución de controversia. En pocas palabras, a quien delinque en la comisión de delitos menores y que se arreglan con la parte victima u ofendido, lo ponen a realizar “trabajo comunitario” que consiste en ponerlo a barrer las calles, pero para que la “comunidad” se dé cuenta o se entere, a los reinsertados les ponen una ominosa camiseta y una gorra con las siglas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la leyenda: “trabajo comunitario”. Lo anterior señor CAZARES SOLORZANO, se llama “escarnio” y “discriminación”, por lo tanto, son flagrantes violaciones a los derechos humanos de los reinsertados y usted señor JOSE MARÍA CAZARES ni cuenta se da, mucho menos inicia un procedimiento en contra de quienes en el nuevo sistema de justicia penal determinaron exhibir públicamente de esa manera a las personas justiciadas. Por sí mismo el hecho es deleznable, más bochornoso es que los funcionarios de la procuraduría general de justicia del estado, se reúnan en tertulia para observar a los justiciados o reinsertos realizar las labores asignadas y así, todavía se atreven a afirmar que ese Programa tiene por objeto que los imputados que celebraron Acuerdo Reparatorio con PGJ reflexionen sobre su conducta. Dan verdadera risa ese tipo de argumentos. ¿Cómo pensar que quien es humillado públicamente puede reivindicarse socialmente?
(Ver fotografía)

EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, SE TAMBALEA
Con bombo y platillo, el pasado domingo 2 de agosto, autoridades de los tres poderes del estado, encabezados por el gobernador SALVADOR JARA GUERRERO –antes del pleito por los sueldos de los trabajadores del poder judicial- JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA Presidente del STJE y SARBELIO AUGUSTO MOLINA VELEZ Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, pusieron en marcha formalmente el inicio de la puesta en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el municipio de Uruapan, con la inauguración de dos salas de oralidad, oficinas administrativas y de servicios, así como una unidad móvil “de atención temprana”. La jurisdicción de Uruapan, comprenderá tres distritos judiciales tradicionales que son Uruapan, Tacámbaro y Ario de Rosales.

INSUFICIENCIA ESTRUCTURAL
Leyó Usted bien, son DOS salas de oralidad, unos cuantos fiscales a quienes uniformaron de traje azul y corbata roja, entre los que destacan abogados con señalamientos públicos de ser autores de actos de corrupción y pingues oficinas administrativas y de servicios para ¡TRES DISTRITOS JUDICIALES! Que comprenden 18 municipios del estado que son: Uruapan, Charapan, Gabriel Zamora, Nahuatzen, Paracho, Nuevo Parangaricutiro, Tancitaro, Taretan, Tingambato y Ziracuaretiro; Ario de Rosales, Churumuco, La Huacana y Nuevo Urecho; Tacámbaro, Turicato, Nacupétaro y Carácuaro. Es claro que tanto para los justiciables como para los imputados, resulta un verdadero calvario el tener que trasladarse hasta la ciudad de Uruapan para enfrentar los respectivos procesos.

INOPERANCIA, IGUAL A IMPUNIDAD
Se imagina usted que para denunciar que fue víctima de un robo simple en el municipio de Nacupétaro, ¿usted tendrá que trasladarse hasta la ciudad de Uruapan a enfrentar a sus agresores? Es claro que nada más de pensar en lo que le costará ese traslado en transporte y alimentos a más de honorarios de un abogado particular sí quiere estar seguro de que las cosas se harán bien, seguramente optará por mejor no denunciar el hecho, provocando con lo anterior, la impunidad. Así de simple. Del imputado mejor ni le platico, pues a donde le toque que lo juzguen, hasta allí tendrá que ir su abogado y su familia.

SUSPENDER SU IMPLEMENTACIÓN
Abogados de la región, opinan que es menester que las autoridades suspendan la vigencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues tan solo en los dos primero días de su puesta en práctica, ha sido el caos y la ineficiencia en su funcionamiento, pero ha sido de escándalo las protestas tanto de litigantes como de justiciables por anarquía con la que se han conducido los trabajos de la impartición de justicia, misma que debe ser expedita, con independencia e imparcialidad, sin embargo, pasa de todo menos lo que realmente debe suceder. ¿Y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estará enterada de lo que sucede con el NSJP en Uruapan? Seguramente no, ni siquiera su visitador regional se ha dado un vueltecita por las instalaciones, solo se apareció en el acto solemne del pasado domingo, pero nada más.