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(Nueva York) – México debería efectuar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias en las que murieron 43 personas el 22 de mayo de 2015 en el estado de Michoacán, señaló hoy Human Rights Watch. Durante un enfrentamiento armado de tres horas entre civiles y policías federales en el municipio de Tanhuato murieron 42 civiles y un policía, según fuentes oficiales.
El Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, señaló que los policías actuaron en respuesta a disparos emitidos por los civiles. Sin embargo, que 42 civiles hayan muerto y que las fuerzas de seguridad hayan sufrido una sola baja genera serias dudas sobre si el uso de la fuerza fue proporcional y lícito, observó Human Rights Watch.
“Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, expresóDaniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch. “La Procuraduría General de la República debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado”.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, señaló en declaraciones a los medios que 42 policías se presentaron en Tanhuato con la intención de investigar la supuesta toma de un rancho por “delincuentes” armados. Rubido afirmó que los policías respondieron a disparos efectuados desde un vehículo, al cual persiguieron hasta que ingresó al rancho. Una vez que los policías llegaron al rancho, otras personas comenzaron a dispararles desde el interior, señaló Rubido. Más de una hora después, aproximadamente otros 60 policías se presentaron en el lugar, incluidos varios que efectuaron disparos contra el rancho desde un helicóptero.
Funcionarios del gobierno mexicano, incluidos Galindo y Rubido, negaron expresamente que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales. Tres sobrevivientes se entregaron y fueron detenidos, y se decomisaron al menos 38 armas, afirmó Rubido.
La agencia de noticias Associated Press y medios locales informaron que, según familiares de algunos de los fallecidos, uno de los cuerpos tenía un tiro en la parte superior de la cabeza, otro presentaba golpes en el rostro y había perdido un ojo, y un tercero tenía la dentadura hundida hacia adentro. Pobladores de las inmediaciones indicaron que la mayoría de los disparos provenían del helicóptero policial, según trascendió en los medios.
El procurador general de justicia del estado de Michoacán señaló a periodistas que el caso estaba siendo integrado por la Procuraduría General de la República (PGR), pero que su procuraduría estaba practicando las primeras diligencias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también está investigando lo sucedido.
En junio de 2014, personal militar abrió fuego contra un grupo de civiles que se encontraban en el interior de una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, provocando la muerte de 22 de ellos. Un soldado resultó herido. Los relatos de testigos y un informe de la CNDH indicaron que al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente.
Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvieron a dos de las tres testigos sobrevivientes, las golpearon, las asfixiaron reiteradamente con bolsas y amenazaron con someterlas a abusos sexuales para obligarlas a que confesaran tener vínculos con personas asesinadas en los incidentes, y a declarar que los militares no eran responsables de las muertes, según la CNDH. También amenazaron y maltrataron a una tercera testigo, y obligaron a las tres a firmar documentos sin que se les permitiera leer su contenido, según el informe.
La PGR recién intervino en la investigación tres meses después. La PGR ha consignado a siete soldados y a un teniente, pero solamente en relación con el asesinato de ocho personas. Asimismo, si bien la CNDH declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional había encubierto el crimen, la investigación aún no ha identificado a todos los militares involucrados en el encubrimiento, según le señaló un abogado que interviene en la causa a Human Rights Watch.
“Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la República debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos”, indicó Wilkinson.
