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Morelia, Mich., 05 de marzo del 2015.- La aplicación de recursos públicos con fines electorales queda prohibida en todo momento y la legislación electoral federal establece varias conductas que de ser violentadas serán sancionadas con multas económicas y destitución del cargo a funcionarios públicos.
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Michoacán, Joaquín Rubio Sánchez, detalló que de acuerdo al marco jurídico electoral, el próximo 9 de marzo es la fecha límite para que los servidores públicos interesados en contender por un puesto de elección popular se retiren de sus cargos, es decir, 90 días antes de la jornada electoral.
Para los funcionarios que sigan desempeñando un cargo público, está prohibido condicionar o amenazar a las personas con la entrega o suspensión de recursos provenientes de programas públicos de los tres niveles de gobierno, provisión de servicios o realización de obras públicas, por la promesa de asistir, apoyar o votar a favor de algún candidato.
Otra de las conductas contrarias a la ley es el recoger, retener o recabar la información de la credencial para votar con fotografía o amenazar, a cambio de entrega o mantenimiento de recursos públicos, bienes, obras, servicios o programas públicos en general.
Tampoco se puede ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales o financieros que tenga a su disposición para promover o influir en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o la abstención.
Otra de las restricciones es emplear los medios de comunicación social oficiales, los tiempos del Estado en radio o televisión para promover o influir en el voto.
Rubio Sánchez destacó la promoción personalizada de los funcionarios públicos que está prohibida en todo momento, además se deben abstener de difundir informes de labores o gestión durante la campaña electoral y hasta la jornada electoral. (Del 5 de abril al 7 de junio es el periodo de campañas políticas)
Los funcionarios públicos no pueden asistir durante jornadas laborales a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover el sufragio, ni utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales. Asimismo, los precandidatos y candidatos deberán abstenerse de asistir a los eventos oficiales de gobierno.
Entre las sanciones, el delegado del INE mencionó la inhabilitación para ocupar cargos públicos y las multas económicas, además de las sanciones que se harán acreedores los candidatos o partidos que hagan uso de recursos públicos, entre otros temas.
