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29 de noviembre, 2014 — El Comité de la ONU contra la Tortura urgió hoy a Estados Unidos a investigar a fondo el uso excesivo de la fuerza y la brutalidad policíaca, y a procesar penalmente a quienes resulten responsables de ese tipo de abuso.
Durante la revisión periódica a los países, el Comité citó los numerosos reportes de brutalidad policíaca y uso excesivo dela fuerza “en particular contra personas de ciertos grupos raciales y étnicos, inmigrantes e individuos del colectivo LGBTI”.
Los expertos de Comité expresaron gran preocupación por la brutalidad basada en el perfil racial –exacerbada en el caso de los afroamericanos y latinos, especialmente en la ciudad de Chicago–, y mostraron alarma por las muertes frecuentes de personas negras desarmadas a manos de policías.
Además, destacaron las dificultades para que los oficiales y otros empleados de la policía rindan cuentas de esos abusos ante la justicia y reciban castigos que respondan a la gravedad de sus actos.
El Comité instó a que los casos de brutalidad policíaca y uso excesivo de la fuerza se investiguen de manera rápida, efectiva e imparcial con un mecanismo independiente, sin conexiones institucionales o jerárquicas entre los investigadores y los presuntos responsables.
Asimismo, pidió que se dé rehabilitación a las víctimas.
Por otra parte, el Comité se refirió a los migrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos y consideró que las autoridades deben analizar cuidadosamente caso por caso antes de deportarlos, teniendo en cuenta la situación de seguridad en México y el triángulo norte de Centroamérica.
Los expertos manifestaron gran inquietud por las expulsiones rápidas de migrantes que no consideran las circunstancias específicas de los solicitantes de asilo y otras personas que precisan protección internacional.
Con respecto a los migrantes menores no acompañados, el Comité llamó a que se les brinden cuidados adecuados y no se les detenga en centros semejantes a una prisión o en cárceles municipales o privadas.
Finalmente, solicitó a Estados Unidos establecer un mecanismo independiente de supervisión que garantice una investigación pronta e imparcial de las denuncias de abusos en los centros de inmigración.
