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Morelia, Mich., 26 de noviembre del 2014.- El Pleno de la LXXII Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, contrate, reestructure y/o refinancie financiamientos a cargo del Estado.
Sobre la aprobación del Decreto 22, el Diputado perredista Elías Ibarra Torres durante su intervención señaló que han sido violentadas la Ley de Deuda Pública, la Ley de Planeación Hacendaría, la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2014, el Presupuesto de Egresos para este año y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Elías Ibarra, que votó en contra del Decreto 22, denunció que el Gobierno del Estado que preside Salvador Jara no puede usar la mentira sistemática para tapar su inoperabilidad e incapacidad y además dijo que se ignoraba el destino de los seis mil millones de pesos en que aumentaron los pasivos y la deuda pública en el último año.
Al 30 de septiembre del 2014, Jara Guerrero llevó al Gobierno del Estado de Michoacán a tener una deuda pública de 28 mil 255 millones de pesos; trece mil millones de pesos más en 30 meses, es decir, en las administraciones de Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara.
La corrupción del Gobierno del Estado, ha sido avalada por los diputados del PRI, PAN y se tienen innumerables ejemplos: tan solo del crédito con Multiva de mil 340 millones de pesos a la tasa más alta de la historia crediticia de Michoacán (TIIE más 3.25), las administraciones de los últimos 30 meses, las del PRI, no tienen comprobantes de 462 millones de pesos…!!!
Con 25 votos a favor y 15 en contra, se aprobó un nuevo endeudamiento inconstitucional y lesiona gravemente la vida económica de la población de Michoacán.
Los diputados integrantes de las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, del PRI y del PAN, manifestaron que para dictaminar la presente iniciativa se dieron a la tarea de allegarse a todos los elementos posibles para estar en condiciones de proceder a la emisión del presente dictamen, fundamentalmente mediante la recopilación de la información y documentación suministrada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, así como la derivada de los trabajos realizados por la Mesa Técnica, cuya información fue determinada por estas propias Comisiones.
Señalaron que la refinanciación y/o reestructuración de la deuda estatal, se debe enmarcar en un plan integral de saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas de la entidad, que conlleve a la liquidez permanente del Estado y no temporal, cuyo fin último sea el bienestar de los michoacanos.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, destaca en las consideraciones que con la aprobación decreto, se tiene la expectativa de mejorar el perfil financiero y obligacional; asimismo, se pretende que la medida permita hacer un uso más eficiente de las participaciones federales, preservando el flujo de éstas, aún en la eventualidad de que legasen a hacerse efectivas para el pago de los créditos.
El decreto aprobado por mayoría, establece que el refinanciamiento consistirá en la contratación de financiamiento, hasta por la cantidad total del saldo pendiente derivado de los mencionados financiamientos, créditos y empréstitos, por parte del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, con el objeto, directo o indirecto, de mejorar las condiciones en el perfil de la deuda del Estado y/o mejoramiento de las obligaciones de dar, hacer y no hacer originalmente pactadas en los financiamientos, créditos y empréstitos contratados a través de los decretos legislativos mencionados; substituyendo o renovando las obligaciones de dichos financiamientos originales por uno o varios financiamientos de nueva creación, con el mismo o con diferente acreedor o acreedores; lo que no constituye un incremento de su endeudamiento
Por su parte, la reestructura consistirá en la celebración de convenios, contratos o actos jurídicos similares o análogos por parte del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, que tengan por objeto, directa o indirectamente, mejorar las condiciones en las tasas de interés, plazos, perfiles de amortización, las obligaciones de dar, hacer y no hacer establecidas en dichos financiamientos, garantías u otras condiciones originalmente pactadas respecto de uno o más financiamientos a cargo del Estado, con el mismo acreedor y que no impliquen en ningún momento y bajo ninguna circunstancia novación alguna.
