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México, D.F., 22 de noviembre del 2014.- CUAUHTEMOC CARDENAS: Doy la bienvenida y saludo con afecto a todos.
Quienes fuimos iniciadores de la Corriente Democrática, los hemos convocado porque queremos hacer una reflexión con compañeros y amigos con los que hemos compartido ideales y luchas, con quienes compartimos la aspiración de un México cabalmente soberano, equitativo, de progreso y paz, y no es esta la situación que hoy vive nuestro país.
No se trata de reproducir la Corriente Democrática. Son tiempos distintos y otras las circunstancias de México. Pero contribuir a una movilización social, plural, con el propósito de apoyar, desde nuestras diferentes trincheras, movimientos y causas legítimas y justas de la gente, y contribuir también a que surjan propuestas que planteen soluciones de fondo, progresistas y democráticas, a los múltiples problemas de la nación, nos han parecido razones más que válidas para hacerles este llamado.
Más de tres décadas de neoliberalismo han llevado a que en la actualidad México se vea y se caracterice, ante el mundo y en lo intemo, por la impunidad, la corrupción y la inequidad, por su creciente dependencia del exterior y el agotamiento y erosión de su aparato institucional. Haber llegado a estos extremos obedece tanto a factores extemos como internos, y bien puede decirse que, más allá de dónde nos hayamos movido o qué hayamos hecho, individuos y organizaciones, todos somos responsables, unos más, irnos menos y otros mucho más por la situación presente.
La conducción política de la nación, la de las más altas responsabilidades, ha claudicado a su compromiso de velar por “el bien y la prosperidad de la Unión”, al instrumentar políticas que hunden al pueblo y al país en el estancamiento económico, la pobreza y una desocupación crecientes, violencia sin control y el dominio de territorios cada vez más extensos por parte de la delincuencia.
Funcionarios con fuertes responsabilidades pero sin autoridad moral ni respaldo popular, temerosos frente al reclamo social, atropellan principios y normas y sólo encuentran en la represión y la violencia los caminos que les quiten de encima los problemas. Eso fue lo que sucedió en Tlatlaya, en Iguala, lo que ha sucedido en relación a los voceros de la Tribu Yaqui, presos arbitrariamente en Hermosillo, y en numerosos casos más a lo largo de la historia reciente y distante, presentes en la memoria colectiva. Se pierde de vista que la fortaleza de un gobernante no está en su capacidad de utilizar las fuerzas represivas del Estado, monopolio reservado a éste por la ley, sino en la autoridad moral que haya ganado por el cumplimiento de sus compromisos públicos y por cumplir y hacer cumplir la ley.
La crisis alcanza también a los cuerpos legislativos, que se ven seriamente debilitados y comprometidos, tanto por la indebida supeditación de sus mayorías al Ejecutivo, como por la valoración que de ellos hace la opinión pública.
En fin, frente a esta situación de deterioro institucional, de parálisis económica, de creciente inequidad social, de subordinación al exterior, se requiere tomar decisiones de fondo, decisiones que deben tomarse en los más altos cuerpos de los Poderes del Estado y en las organizaciones que se pretendan representativas de diferentes sectores de la población, decisiones que a cualquier interés personal o de grupo antepongan el interés de la nación.
¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿En qué condiciones podemos actuar?
No estamos aquí por formar parte o sumamos a alguna organización. Tampoco para crear una nueva. Queremos un país distinto, justo, generoso, democrático, para el presente, para nuestros hijos, nietos y las generaciones que vengan después de ellos.
Somos ciudadanos que ejercemos y estamos decididos a ejercer, en cualquier circunstancia, cabalmente, nuestros derechos. Propongámonos, como una primera tarea, contribuir a la formulación de los programas, de las propuestas, que permitan a México salir de la profunda crisis en la que lo han hundido el entreguismo, la corrupción y la ineficacia. Busquemos a los problemas de México y de los mexicanos salidas verdaderamente democráticas.
¿Qué cuestiones deben enfrentarse con prioridad, en dónde es más urgente la acción?
En primer término, se debe exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, aun desaparecidos, y el castigo, sin contemporización y con estricto apego a la ley, de los delincuentes materiales e intelectuales, por comisión u omisión, de los hechos criminales de Iguala del 26 y 27 de septiembre pasado.
Los voceros de la Tribu Yaqui, Mario Luna y Femando Jiménez, injustamente presos, deben ser puestos de inmediato en libertad.
Proseguir, además, con toda intensidad, la lucha por revertir las reformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética, que han trastocado la esencia de nuestra constitucionalidad, para recuperar con ello el dominio pleno de los hidrocarburos por parte del Estado mexicano e iniciar su reconstitución institucional.
En este caso, habrá que presentar los recursos necesarios para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dentro del país, apoyar en los procesos electorales a aquellos candidatos que asuman compromiso serio y confiable de luchar por la echar abajo estas reformas. Cualquier otra idea en este sentido, habrá que valorarla y de ser procedente, ponerla en práctica.
Por otra parte, se debe presentar la propuesta de un cambio del modelo politicoeconómico de desarrollo, alternativo y totalmente distinto al entreguista neoliberal que se nos ha impuesto: de creación de empleos formales, de crecimiento sostenido en el largo plazo, de industrialización (y no ya sólo de alentar la exportación de bienes primarios como el petróleo y los minerales), de recuperación de las capacidades productivas del campo, de respeto y capacidad plena al ejercicio de los derechos de la gente, que ponga por delante los intereses de México y los mexicanos, sin descartar por ello una participación equitativa en los procesos de globalización y una sana cooperación internacional.
Elaborar, igualmente, un programa de combate a la corrupción, a la impunidad y de erradicación de la violencia, que debe empezar porque se muestre voluntad política en las más altas esferas del poder, y se proceda en ellas a cumplir con la ley y a hacerla cumplir. En las tareas derivadas de este programa debe considerarse la participación coordinada de los tres Poderes y de los diferentes niveles de gobierno, de la sociedad organizada, de los sectores académico, educativo, económico, de la salud, de los medios de información, de le gente á partir de su actividad laboral, su lugar de residencia, etc.
Las llamadas reformas estructurales del neoliberalismo, que se nos han impuesto desde tres décadas atrás y hasta muy recientemente en materia agraria, laboral, educativa, hacendaría y fiscal, de telecomunicaciones, de energía, etc., deben revertirse y adecuarse para que correspondan a un proyecto de equidad social y soberanía política y económica.
Teniendo estas propuestas programáticas como base, consideremos seriamente la conveniencia de convocar a un Congreso Constituyente, que formule nueva Carta Suprema, que sea producto de un nuevo y sólido pacto social. El Estado y los mecanismos de ejercicio del poder requieren de reformas de fondo.
Los Poderes del Estado, en particular el Ejecutivo y el Judicial, no deben concentrar capacidad de decisión excesiva, como ahora sucede. La participación democrática de la ciudadanía es preciso se profundice y amplíe. Los derechos de la gente reconocidos en la Constitución y las leyes, deben ser exigibles por el ciudadano ante el Estado. La presencia y participación de México en el mundo no debe ser más de subordinación.
Organizamos para formular las propuestas programáticas y de movilización social que requiere México y preparamos para que se convoque en la oportunidad debida un Congreso Constituyente, veámoslas como nuestras tareas prioritarias de corto y mediano plazos.
En todas estas actividades de formulación ideológica y programática, cada uno de nosotros puede ubicarse en aquellas en las que estime aportar más y mejor, tanto en las inmediatas, las más urgentes de instrumentar, como en aquellas que deban realizarse en plazos más amplios.
Frente a las condiciones del país y a las tareas por delante, se tiene que considerar con toda objetividad cómo es hoy la vida del país. La vida institucional, pública y privada, política, social y económica, se encuentra gravemente erosionada; los responsables de las decisiones de trascendencia mayor en lo público y lo privado, carecen de credibilidad y por
tanto se anula su capacidad de iniciativa y convocatoria; partidos políticos y organismi privados cupulares tienen muy escasa o nula credibilidad. El descrédito es absoluto para Poder Judicial en su instancia más alta y cada vez es mayor la incapacidad del Estado pa ejercer el monopolio de la coacción, actividad en la que lo desplazan tanto entes delictivi como corporativos, que la realizan de manera informal e ilegítima.
Por otro lado, están organizaciones sociales que han tomado en sus manos atención de problemas específicos, cada vez más diversos y respecto a los cuales plantean demandan soluciones con apego a la ley y a los principios de la democracia y la fratemida organizaciones a las que el Estado ve en lo general con desconfianza, si no es que les por toda clase de trabas para el desenvolvimiento de sus actividades.
A las causas que estas organizaciones enarbolan, justas y legítimas, det brindárseles solidaridad y apoyo desde las trincheras que nos sea posible, y seguramente encontraremos en ellas solidaridad también con las causas que nosotros abracemos com propias.
Ahora bien, que no se piense que pretendemos deshacemos de las instituciones y d la vida institucional. De ninguna manera. Hay mucho que sirve, por mucho que haya qu arreglar. Queremos una nueva Norma Fundamental que recupere la esencia de un constitucionalidad que recoja, actualice y amplíe los principios de soberanía, libertades equidad que se plasmaron en las Cartas de Apatzingán, de 1824, 1857 y 1917. Pretendemo que se regenere la vida institucional del país, con instituciones útiles, con dirigente confiables y comprometidos con las causas del país y del pueblo. Aspiramos a que Méxio y los mexicanos prosperen, con democracia y en libertad.
México, D. F., 22 de noviembre del 2014
Porfirio Muñoz Ledo:
Compañeras y compañeros:
Hace casi tres decenios un grupo de mexicanos emprendimos la tarea de denunciar las graves desviaciones del gobierno en demanda de un cambio de rumbo y de otorgar plena libertad a los ciudadanos para elegir a sus gobernantes.
Tuvimos la virtud de desnudar la verdad y la fortuna de compartirla. La sociedad despertó del escepticismo, inundó calles y plazas, pero le arrebataron la victoria y cancelaron por un tiempo su porvenir.
El país vivía agobiado por las presiones externas y el enorme peso de sus deudas, injusticias y rezagos. Pese a todo, una ciudadanía ignorada enarbolaba su espíritu combativo y se rebelaba frente a un sistema sostenido en la manipulación y el entreguismo.
En vez de una econorpía orientada al aprovechamiento de nuestras capacidades y riquezas, se-había instaurado una política especulativa que ahondaba las desigualdades, desvalorizaba el trabajo, paralizaba la industria y cancelaba las expectativas de las nuevas generaciones. El país había iniciado una franca involución histórica, marcada por la concentración del ingreso y el abatimiento de la calidad de vida de los mexicanos. Los abismos entre clases sociales incidían ya en una recomposición étnica y cultural del país que lo aproximaba al modelo colonial de las castas y las segregaciones: un régimen de explotación bajo el disfraz de una economía exportadora.
Se había perdido la dimensión creadora del quehacer político e instalado en su lugar la arbitrariedad y el oportunismo. Un Estado cada vez más vacío de pueblo nos conducía a una nación sin Estado y finalmente a la pérdida de aquella. Esos eran los espacios desertados que estábamos obligados a poblar.
Era menester encontrar en la participación democrática la guía de una estabilidad verdadera en la que se asentara el desarrollo del país. Ese fue nuestro mensaje que hoy mantiene en plenitud su vigencia. A pesar de los inmensos fraudes cometidos, ensayamos nuevas formas de organización política y, la mayor parte, mantuvimos rectitud en la conducta y en la palabra. Otros reprodujeron mimèticamente los vicios del antiguo régimen.
Empeñamos incontables esfuerzos en una transición democrática a través de reformas legales, que por infortunio han naufragado en la complicidad y en la metástasis de la corrupción. Nos preceden años de confusión y extravío de las fuerzas políticas. El cambio que habíamos diseñado sucumbió a los golpes del hurto y de la ignorancia, hasta terminar por último abortándolo. De un sistema de partido hegemónico transitamos a un
régimen hegemónico de partidos incapaz de devolver al pueblo sus derechos soberanos. Caímos finalmente en las redes del neoliberalismo que habíamos bregado por extirpar.
Un ciclo histórico está por completarse. El país no resiste más la continuación de este régimen autoritario y de esta economía disolvente. Las vías convencionales para la acción política están agotadas, la soberanía nacional rematada y la miseria del pueblo sin horizontes.
Las principales decisiones han sido trasladadas al extranjero y determinan, como en el caso del remate de los hidrocarburos, la frontal violación de los principios fundamentales de la Constitución. La Suprema Corte cancela a los ciudadanos su facultad inalienable de revocar las disposiciones adoptadas por los Poderes de la Unión. Colocan al pueblo en estado de indefensión.
La cauda de agravios cometidos contra la nación es innumerable: la claudicación del Estado frente al abuso de capitales trasnacionales, el secuestro de las instituciones públicas por los poderes tácticos, el imperio de la narco-política, la pérdida de jurisdicción estatal sobre el territorio, la impunidad de los medios de comunicación, la entrega de los recursos naturales a las ambiciones privadas, el desmantelamiento del campo y el despojo de tierras a los campesinos, un estancamiento económico que durante 30 años ha degradado la calidad de vida de los mexicanos, el empobrecimiento masivo de amplios sectores de la población, el incumplimiento de los derechos a la alimentación, a la educación, a la tierra y al trabajo, el desplazamiento forzado de millones de connacionales, el deterioro progresivo e inconstitucional del salario, la criminalización de la protesta social, la desaparición de personas por la autoridad, el asesinato masivo de grupos de población y la brutal disparidad en la distribución del ingreso nacional que ha permitido el enriquecimiento obsceno del uno por ciento de la población y la pauperización ultrajante de 60 millones de compatriotas.
La práctica sistemática de la tortura, el lacerante feminicidio, el ecocidio indiscriminado, las ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas, la violencia sexual, la criminalización de la pobreza, la aberrante condición carcelaria, la militarización del país, la insultante y excluyente partidocracia, además de las desviaciones del aparato de justicia.
Lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa es un acontecimiento emblemático de extrema gravedad. El estúpido agravio contra nuestros jóvenes ha encontrado un repudio unánime de la sociedad y calcinado lo más intimo de la conciencia mundial. No es tolerable tan afrentosa descomposición del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes y en los partidos políticos. Asistimos a la descomposición del cuerpo social, a la disolución de los referentes colectivos, a la impotencia de los ciudadanos y a la pérdida de la identidad nacional forjada durante siglos.
La instauración del cinismo conduce a un circuito perverso en que la comunidad se degrada en la sumisión y la nación deja de respirar por carencia de valores.
Amigas y amigos:
La cruel y omnipresente violencia es fruto de la podredumbre de las instituciones. Hay que reconstruirlas desde su raíz. No se trata sólo de un cambio de personas sino de un nuevo marco jurídico y una nueva moral pública.
La encrucijada es evidente: entre el endurecimiento del régimen y el ejercicio cabal de la soberanía popular. La primera declaración de derechos en la historia, reconoció la resistencia a la opresión que, en nuestra tradición constitucional, significa que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que éste tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Es necesario un acto supremo de la conciencia nacional para reconstruir la vida pública del país y llevar a cabo un ajuste de cuentas con su pasado. Sin un esclarecimiento puntual y satisfactorio para las víctimas, no podremos alcanzar la paz.
La sociedad clama el destierro definitivo de la impunidad y la supremacía de la justicia sin cortapisas por hechos que han lastimado el corazón mismo de la nación. Hemos insistido en la oportunidad que ofrece el centenario de la Constitución de 1917 para lanzar la iniciativa de una nueva Constitución: coherente, patriótica y libertaria, a la altura de nuestro tiempo.
El renacimiento de la nación demanda un nuevo pacto social entre los mexicanos, lo que implicaría la depuración en profundidad de las prácticas y cuerpos políticos del país. Significaría también la emergencia de una nueva generación en la conducción de los asuntos públicos. Comenzar a tejer una historia distinta para construir una patria nueva.
Porfirio Muñoz Ledo, a 22 de noviembre de 2014.
