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Morelia, Mich., 09 de Octubre de 2014.- El perredismo michoacano en su conjunto, el Comité Estatal, los militantes y sus liderazgos, se solidarizan con el Ingeniero, Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue agredido físicamente ayer cuando participaba en una movilización ciudadana que pedía justicia por el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Asimismo, la dirigencia estatal condena las agresiones contra el líder moral del partido, quien participó en la manifestación en la Ciudad de México en su calidad de líder social.
El presidente del PRD Michoacán, Carlos Torres Piña resaltó la actitud valiente del fundador del PRD al participar en la movilización y enfatizó que fue un pequeño grupo de agitadores que repudiaron su presencia y que lo agredieron, no así el resto de los manifestantes.
El líder del perredismo michoacano demandó a las autoridades que ofrezcan las garantías a quienes participan en manifestaciones sociales y ciudadanas, para evitar agresiones como las que sufrió el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas.
Asimismo, llamó a los ciudadanos que piden justicia por el caso Ayotzinapa a realizar manifestaciones pacíficas, a respetar el derecho de todos losciudadanos a manifestarse y a esperar el curso de las investigaciones.
El dirigente partidista recalcó que de ser necesario deben solicitar licencia todos los funcionarios estatales y federales que están implicados en el mando policiaco y en la implementación de las estrategias de seguridad en Guerrero, y que en caso de que las investigaciones impliquen la licencia del gobernador de Guerrero, que así lo haga, para no entorpecer el esclarecimiento de uno de los casos más graves y lamentables que ha ocurrido en el México contemporáneo.
Lamentó nuevamente que en México los jóvenes atraviesen por una de las épocas más difíciles de los últimos años, ya que el estado mexicano, ni con los gobiernos panistas ni con la restauración priísta, puede proveerles un futuro promisorio, acceso a la educación o empleos bien remunerados, las políticas de estas administraciones los excluye y los condenas a ser presa fácil del crimen organizado, o peor aún, se les criminaliza por exigir sus derechos.
