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30 de septiembre, 2014 — El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, acogió con beneplácito la decisión de las autoridades mexicanas de detener a ocho militares sospechosos de haber dado muerte a 22 presuntos delincuentes, en lo que podría ser un caso de ejecuciones sumarias.
Christof Heyns también instó al gobierno de México a realizar una investigación rápida e independiente sobre esas muertes y a garantizar la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos.
El hecho tuvo lugar el 30 de junio de 2014 en la localidad de Cuadrilla Nueva, Tlatlaya, en el estado de México, durante una operación militar contra presuntos delincuentes.
Sólo sobrevivieron tres mujeres, pero dos de ellas fueron detenidas posteriormente por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado.
Sin embargo, algunos datos divulgados recientemente parecen contradecir los informes oficiales. En un artículo publicado en la prensa local e internacional, un testigo presencial afirma que la mayoría de las personas que murieron durante la operación en Cuadrilla Nueva podrían haber sido abatidas a tiros después de deponer las armas y entregarse a los militares.
“El gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recalcó el experto.
Heyns recordó que sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea inevitable para proteger la vida, situaciones que no se dieron en el caso en Tlatlaya.
El relator pidió a las autoridades mexicanas proporcionar protección urgente tanto a la sobreviviente que testificó como a las dos detenidas, así como al periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y a los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron.
