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Por Armando Saavedra (05-09-14)
CORRUPCIÓN EN DELEGACIÓN DE ECONOMÍA
Parece ser que no solo en Con Lupa tenemos pruebas del desempeño oscuro y fétido de la delegada federal en Michoacán de la Secretaría de Economía DIANA GABRIELA HERNÁNDEZ LOMELÍ, pues también los integrantes de la Cámara de Comercio de Apatzingán, le tiene un “guardadito” documental que prueba su proceder indebido y con fuete olor a estiércol. Los comerciantes de la tierra caliente, tomaron este jueves 4, las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Economía, en protesta por el irregular actuar de la delegada, a quien al parecer, se le está haciendo costumbre que está ahí para servirse y no para servir.
LA HISTORIA DE CEMLA
Consultoría Empresarial Latinoamericana, es el nombre de una empresa de consultoría que fue favorecida por la delegada federal de la secretaría de economía DIANA GABRIELA HERNÁNDEZ LOMELÍ, con 4 proyectos en que le asignan la proveeduría por $1, 000,000.00, CEMLA también presentó cotización y le fue asignado otro proyecto de Calidad y mejora continua por un monto de $1´543,256.20., que sumado a los otros 4 proyectos da un total de $2´543,256.20 asignados a CEMLA.
¿POR QUÉ ES ILEGAL?
Bueno, pareciera que no tendría nada de malo el que a una empresa se le asignen contratos de proveeduría de servicios, como es el caso de CEMLA (Consultoría Empresarial Latinoamericana), si no fuera porque la Directora de Sistematización Y Mejora de CEMLA, ANA GABRIELA MARTINEZ ACOSTA, es a la vez, asesora de la Delegada DIANA GABRIELA HERNÁNDEZ LOMELÍ, circunstancia que expresamente prohíbe la ley.
LA NOMBRA ASESORA
Con fecha 24 de Junio, la Delegada HERNÁNDEZ LOMELÍ hace oficial el nombramiento de la Administradora Única de CEMLA, ANA MARTINEZ ACOSTA como Asesora, convirtiéndose en ese momento Funcionaria Pública Federal, lo anterior, mediante el oficio número 0790, mediante el cual se dirige a los coordinadores, jefes de departamento y personal de la delegación de la Secretaría de Economía en Michoacán, donde establece: “ me permito presentar a las personas que me estarán apoyando en esta delegación, en la realización de acciones encaminadas a la reactivación económica del estado…” señalando a ANA GABRIELA MARTINEZ ACOSTA como “asesor”.
ENVÍA COTIZACIONES
No obstante que el 24 de Junio nombró a ANA GABRIELA MARTINEZ ACOSTA como su asesora, a la vez, esta seguía fungiendo como Directora de Sistematización y Mejora de CEMLA, de manera que el 27 de ese mismo mes, la Delegada envía por primera vez un correo electrónico a la Secretaría de desarrollo Económico del Estado, presentando las cotizaciones de CEMLA para proveer 4 cédulas por asignación directa.
PRIMERA IMPUGNACIÓN
Al ver la indicación de asignarle los contratos a CEMLA de parte de la Delegada Federal DIANA GABRIELA HERNÁNDEZ LOMELÍ, funcionarios de la SEDECO rechazaron la indicación, pues le aclararon A HERNÁNDEZ LOMELÍ que no era posible asignar esos contratos a CEMLA, pues la ley de la materia prohibía expresamente que se contratara a empresas propiedad de funcionarios públicos, como es el caso de GABRIELA MARTINEZ ACOSTA, quien desde el 24 de junio, aparecía en el sistema federal como asesora de la delegada federal.
A BURLAR LA LEY
Así las cosas, ante el rechazo de parte de funcionarios de SEDECO, DIANA GABRIELA HERNÁNDEZ LOMELÍ, instruyó a su amiga y asesora ANA GABRIELA MARTINEZ ACOSTA en el sentido de que en la delegación habría muchos más contratos, pero era indispensable que ella dejara de aparecer como copropietaria de la empresa de asesoría CEMLA, por lo que de inmediato, se dio a la tarea de “convocar” a los accionistas de CEMLA y en una simulación obvia, “vendió” sus acciones y dejó a pertenecer a CEMLA, circunstancia que consta en el acta levantada por la notaria pública MARÍA CRISTINA OCHARÁN, pues vendió sus acciones y las de su copropietaria LILIANA PEREZ ARCEO a las “compradoras” ANGELICA RUÍZ PIÑA, MARÍA ELENA MARTINEZ GARCÍA Y JUANA ACOSTA FERNÁNDEZ, quienes en la misma acta declaran cooperar en diversas acciones para la sociedad, por lo que se interesan en las acciones en venta y se formaliza en ese acto la compra venta de dichas acciones.
VA DE NUEVO
Ya separada ANA GABRIELA MARTINEZ ACOSTA de la administración general de la empresa de consultoría CEMLA, su amiga y jefa DIANA GABRIELA HERNÁNDEZ LOMELÍ, vuelve a mandar la indicación SEDECO de que se le asignen los contratos de prestación de servicios profesionales a la empresa CEMLA, el 27 de julio del presente año, adjuntando las cotizaciones respectivas, argumentando ahora que la empresa de referencia ya no tiene relación de ninguna índole con algún funcionarios de la Secretaría de Economía
MAQUINACIÓN
La maquinación diseñada por HERNÁNDEZ LOMELÍ y ejecutada por MARTINEZ ACOSTA, no las exime de la responsabilidad y tampoco la ley les permite asignar directamente los contratos señalados, pues es evidente que lo accionado tuvo como motivación burlar la ley mediante una simulación, pues queda claro que las “compradoras” y nuevas accionistas, son empleadas de ANA GABRIELA MARTINEZ ACOSTA Y LILIANA PÉREZ ARCEO y que dicha simulación se efectuó con el objeto de verse favorecidas con la asignación de contratos por parte de la delegada federal de la Secretaría de Economía.
CORRIDAS DE TOROS, PATRIMONIO CULTURAL
Vaya polémica que ha desatado el acuerdo del Congreso del Estado al declarar la Charrería y las Corridas de Toros, como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Michoacán, pues grupos y organizaciones que defienden la vida de los animales, se oponen a dicho acuerdo y le han gritado de todo a los diputados que lo aprobaron, incluso hasta el adjetivo de “asesinos”. Primero habría que decirle a esos grupos y organizaciones, que a los animales no se les asesina, sino se les sacrifica. De igual manera hay que aclarar y realmente no sé por qué los diputados no lo han hecho, que el declarar a las Corridas de Toros como patrimonio cultural intangible del estado, no quiere decir que en cualquier momento no se puedan prohibir las corridas de toros en el estado y de igual manera, con acuerdo legislativo o sin él, mientras no se prohíban las corridas de toros, se seguirán haciendo en nuestro estado como parte de las celebraciones ciudadanas, así que se me hace que están haciendo una tormenta en un vaso de agua, porque lo hecho por los diputados, es algo reversible en cualquier momento.
DESCUENTOS EN EL PREDIAL
A pesar de la amarga experiencia del año pasado, el ayuntamiento de Morelia, en sesión de cabildo aprobó el proyecto de ley de ingresos del municipio para el año fiscal 2015, destacando que en dicho proyecto se incluyó nuevamente el ya famoso “descuento” por pago oportuno del impuesto predial. El año pasado, el congreso del estado no aprobó dicho “descuento” en el proyecto de ley de ingresos del 2014, lo que obligó al presidente municipal WILFRIDO LÁZARO MEDINA, a implementar un plan emergente a base de “ayudas” para cumplir con el descuento ofrecido,
OTRA VEZ, ESTE AÑO
A pesar de la experiencia, se vuelve a incluir en el actual proyecto, lo que deberá implicar un profundo cabildeo de las autoridades municipales con los diputados de la 72 legislatura, a efecto de que le aprueben dicho descuento, pues hay que recordar que el cabildo y las demás autoridades municipales están impedidas para “legislar” y en materia de impuestos, solo el congreso lo puede hacer. ¿Quién hará el cabildeo con los diputados? Seguramente será el síndico municipal SALVADOR ABUD, pues con la posibilidad de que WILFRIDO LÁZARO pida licencia para luchar por la candidatura del PRI al gobierno del estado, el presidente municipal por ministerio de ley sería ABUD MIRABENT y es a él a quien le afectaría el que el congreso apruebe o no dicho descuento.
A PROPÓSITO DE DINERO
Ha trascendido en los corrillos municipales, el reclamo por 25 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación está haciendo al tesorero municipal IVAN ARTURO PEREZ NEGRÓN RUÍZ, después de las auditorías practicadas al ayuntamiento moreliano en la aplicación de recursos federales. Preocupado debe estar PEREZ NEGRÓN RUÍZ, pues devolver tanto dinero, será una misión casi imposible de lograr, pero por otra parte, la iniciación de procedimientos administrativos sancionatorios en contra del tesorero municipal, están en la puerta.
