Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
Morelia, Mich., 09 de julio del 2014.-«Hoy estamos ante una indignante aberración ética, cometida por el gobierno federal y el Comisionado Castillo. Los miles de muertos, desaparecidos, secuestrados y extorsionados, durante los últimos años en Michoacán, debieran implicar un castigo a los gobernantes que no cumplieron con su deber constitucional. La acusación es clara: son responsables de miles de asesinatos. Sin embargo, no hay nadie que esté siendo procesado por tan graves responsabilidades», declaró la organización política-social Poder Ciudadano de Michoacán.
Por conducto de Cristobal Arias Solís, Julio Antonio Santoyo y Antonio Soto Sánchez, Poder Ciudadano dijo también que «La acusación es clara: son responsables de miles de asesinatos. Sin embargo, no hay nadie que esté siendo procesado por tan graves responsabilidades. La paradoja es que, en un estado, donde aún no está garantizada plenamente la vida, el patrimonio y la dignidad, se encarcele a personas como el Dr. Mireles Valverde y a decenas de autodefensas, cuya motivación es la protección de la vida y hacer frente a los criminales. En tal caso el gobierno aplica la ley selectivamente, de manera torcida; la ejerce sin justicia; criminaliza la inconformidad. No se enjuicia a quienes desde el gobierno federal y estatal permitieron el baño de muerte y sangre, se enjuicia a quienes optaron por defender su vida y su dignidad».
Con una visión muy clara del acontecer político, económico y social en Michoacán, en documento presentado a la sociedad del Estado, Poder Ciudadano declara que «Es evidente la inacción ante políticos y servidores públicos federales y estatales relacionados con el crimen, como evidente es la inacción para detener a los capos restantes de la delincuencia. La ley se está aplicando selectivamente o existe de facto una tregua concedida a los cárteles».
Por la importancia del documento dirigido al pueblo de Michoacán, ahuizote.com publica a continuación el texto íntegro redactado por la organización política-social Poder Ciudadano de Michoacán:
Que impere al estado de derecho ha sido el más elevado interés de los michoacanos en los últimos años. Hemos pugnado por el funcionamiento eficaz y eficiente de las instituciones del Estado para que nos garanticen la vida, la seguridad y la paz. La incertidumbre, indignación y desconfianza que se ha apoderado de nuestro ánimo durante este tiempo, se ha originado en el abandono de las obligaciones constitucionales de los gobiernos, y de su la claudicación ante la delincuencia y ante otros poderes facticos. La negligencia y la corrupción de servidores públicos, que han adoptado el entreguismo como política de gobierno, ha sido la gota que ha derramado el vaso. Y casi todo ello ha quedado en la impunidad.
El plan Michoacán, con su estrategia de seguridad y desarrollo integral, ha tenido avances relativos y no modifica mucho la dura realidad ni la percepción de los michoacanos. Se ha recuperado débilmente el control territorial de una treintena de municipios; se han abatido algunos capos y se han encarcelado a otros más. Sin embargo, no se han tocado ni desmantelado las profusas redes financieras, si acaso la explotación ilegal de minas en la costa, como tampoco se ha concluido con el desmantelamiento de la protección política que el crimen ha tenido.
Es evidente la inacción ante políticos y servidores públicos federales y estatales relacionados con el crimen, como evidente es la inacción para detener a los capos restantes de la delincuencia. La ley se está aplicando selectivamente o existe de facto una tregua concedida a los cárteles.
Los supuestos miles de detenidos a que se refiere el Comisionado Castillo, con plena seguridad, estarían proporcionando información para proceder a limpiar las instituciones gubernamentales y a desmantelar las redes financieras. Al no hacerlo ya, el gobierno federal profundiza la debilidad de las instituciones e incumple con los propósitos del Plan Michoacán.
Hay grandes vacíos político en el Plan Michoacán. Y es que no cuenta con una estrategia pública eficaz, que permita superar la desconfianza en las instituciones penetradas por el crimen. Es decir, el gobierno federal no informa, no transparenta, a los michoacanos el estado de dichas investigaciones. Al no existir tal estrategia pública, el tema de los políticos enlodados se presta al manejo discrecional del chantaje político. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos meses, y ello no es sano para la soberanía estatal.
El mismo actuar discrecional se está aplicando ahora a los ciudadanos que decidieron defender su vida y patrimonio por mano propia en el marco de un contexto de abandono de las responsabilidades del Estado. Posibilidad de defensa natural que se contempla en el artículo 10 de nuestra Constitución.
La defensa de los derechos humanos y sus garantías es una obligación del Estado y en particular del gobierno federal. Hoy estamos ante una indignante aberración ética, cometida por el gobierno federal y el Comisionado Castillo. Los miles de muertos, desaparecidos, secuestrados y extorsionados, durante los últimos años en Michoacán, debieran implicar un castigo a los gobernantes que no cumplieron con su deber constitucional. La acusación es clara: son responsables de miles de asesinatos. Sin embargo, no hay nadie que esté siendo procesado por tan graves responsabilidades. La paradoja es que, en un estado, donde aún no está garantizada plenamente la vida, el patrimonio y la dignidad, se encarcele a personas como el Dr. Mireles Valverde y a decenas de autodefensas, cuya motivación es la protección de la vida y hacer frente a los criminales. En tal caso el gobierno aplica la ley selectivamente, de manera torcida; la ejerce sin justicia; criminaliza la inconformidad. No se enjuicia a quienes desde el gobierno federal y estatal permitieron el baño de muerte y sangre, se enjuicia a quienes optaron por defender su vida y su dignidad.
Poder Ciudadano de Michoacán, ante este delicado giro de la política de seguridad, plantea la urgencia de revisar los contenidos del Plan Michoacán, en el que deben intervenir: el gobierno federal, la LXXII Legislatura local, el gobierno de Michoacán, los partidos políticos y los ciudadanos. Primero, para que las acciones para la seguridad se redoblen y fortalezcan en eficiencia y eficacia, y se alcance la plena y real seguridad en todo el territorio michoacano; segundo, para que los recursos destinados al desarrollo integral se apliquen inmediatamente bajo una visión experta, no policiaca, y desde los poderes locales constitucionales; tercera, para ajustar el decreto del 14 de enero a la legalidad constitucional y se apegue a los artículos 115, 116 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los artículos 11 y 12 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.
Poder Ciudadano de Michoacán exige la pronta libertad del Dr. Mireles Valverde, de las autodefensas encarceladas y el respeto irrestricto a sus derechos humanos. Todos sabemos que la inseguridad en Michoacán es por el incumplimiento de los gobiernos: esa es la causa. El movimiento ciudadano de autodefensa es un problema social y como tal debe ser tratado por el gobierno, para ello deben disponerse de todos los recursos del diálogo y del entendimiento. El mejor método para resolver estos movimientos emergentes está en la actuación pronta y eficaz del gobierno para garantizar a todos los ciudadanos la seguridad de la vida y el patrimonio como lo mandata la Constitución.
Proponemos:
1.- Ponderación de la perspectiva política para atender a todos los movimientos de autodefensa surgidos o que surjan en el estado y privilegiar la atención de sus causas.
2.- Reformar el decreto del 14 de enero mediante el cual se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, ajustándola a la Constitución general y a la particular de Michoacán. Separando las funciones de seguridad de las del desarrollo integral. Las primeras bajo el mando del gobierno federal y las segundas bajo el mando del gobierno estatal. Creando, para su mejor operación, 4 comisiones anticrimen: región occidente, región centro, región oriente, región costa-tierra caliente.
3.- Fortalecimiento inmediato de las acciones anticrimen en los 113 municipios para terminar de desmantelar a los grupos delincuenciales, atacando ya las redes financieras de la delincuencia hasta ahora intocadas.
Firmantes:
Alfonso FernándezCano y Rosales, Antonio Soto Sánchez, Ariel Paque, Arturo Tonathiu Pérez Lemus, Austreberto Viveros Ortega, Cristóbal Arias Solís, J. Jesús Bugarini Galeana, Jesús Díaz Acevedo, Juan Carlos Lémus, Julio Antonio Santoyo Hernández, Julio Santoyo Guerrero, Luis Cortés Origel, Rafael García Tinajero.
Morelia, Michoacán, julio 9 de 2014.
ANEXO DE ARTÍCULOS CITADOS:
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. (Este es el único artículo constitucional y la única fracción citada como justificación en el decreto del 14 de enero, mediante el cual se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán).
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
De la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.
Artículo 11.- El Estado de Michoacán de Ocampo es libre, independiente y soberano en su régimen interior, de conformidad con lo prescrito en esta Constitución y en la General de la República.
Artículo 12.- La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo, y se ejerce por medio de los poderes públicos, en los términos que establece esta Constitución.
