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*Jesús Reyna siempre ha sido el líder político del PRI en Michoacán: PAN Michoacán.
México, DF., 09 de abril del 2014.- La Dirigencia Nacional del PAN, encabezada por Cecilia Romero Castillo; así como los presidentes de los Comités Directivos Estatales del país, demandaron una estrategia clara al Gobierno Federal y al Presidente Enrique Peña Nieto, a fin de reducir los altos niveles de inseguridad, pues la situación en México ha cambiado para mal.
“Estamos enfrentando una escalada terrible de violencia, que es producto de una estrategia que ha resultado a todas luces ineficaz”, dijo Cecilia Romero en conferencia de prensa.
Acompañada por los presidentes estatales de Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala; del Estado de México, Óscar Sánchez Juárez; y del Distrito Federal, Mauricio Tabe, Cecilia Romero alertó que la cloaca no ha terminado de destaparse y el PAN espera que el gobierno tome las riendas.
“No se soluciona el problema de Michoacán enviando a un comisionado, no se soluciona el problema arraigando al exgobernador, no se soluciona el problema de seguridad implementando un Mando Único, no se soluciona diciendo: vamos a terminar con la inseguridad cueste lo que cueste”, lanzó.
La Presidenta Nacional expuso que los mexicanos ya no quieren pagar el alto costo de la falta de resultados y la ineficiencia que ha evidenciado el Gobierno Federal, que se preocupan más por evadir el costo político o el daño en la imagen al PRI.
El PAN, dijo, siempre estará dispuesto a colaborar en todas las acciones o estrategias que se decida implementar. Sin embargo, manifestó que es necesario que haya acciones con una línea clara del rumbo a donde se quiere llegar y saber qué resultados se pretenden obtener. “No sólo es la captura de funcionarios, no sólo es la detención de algunos capos”.
La Dirigente del PAN retomó la Tercera Encuesta Pública Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, donde se reporta que 7 de cada 10 mexicanos percibe que su ciudad es insegura y más de la mitad de los mexicanos consideran que en los próximos 12 meses esta situación se mantendrá o empeorará.
“No podemos prometer a la ligera que la seguridad de los mexicanos va a regresar cueste lo que cueste, porque ya hemos pagado demasiado y la ciudadanía confió ciertamente en promesas de campaña. Pero hoy el PRI-Gobierno no ha podido cumplir estas promesas”, sostuvo.
Asimismo, destacó que el tema de la seguridad nos ha llevado a problemas de falta de inversión, pues los inversionistas tienen dudas ya que no pueden arriesgar su capital en un país donde hay miedo y falta de acciones claras para combatir la delincuencia organizada.
Estos problemas también se replican en el estado de México, donde el Gobernador reconoció que no puede con la crisis de inseguridad que hay en su entidad. En el Distrito Federal también ha crecido de manera impresionante el problema de la extorsión y en Tamaulipas se ha observado un incremento de la violencia sin una acción concreta por parte del Gobernador, reprochó Cecilia Romero.
Por su parte, el dirigente en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, emplazó al Gobierno de la República para que entre a fondo en el problema, y dijo que el PAN en el estado ha denunciado desde hace tiempo la falta de confianza en Jesús Reyna que, aunque ahora lo quieran esconder, siempre ha sido el líder político del PRI en Michoacán.
“Se requiere tratar de modificar las condiciones de esta administración estatal, en donde hay un gobierno que cobra pero no gobierna; en donde hay un gobierno que no ayuda pero estorba mucho; y donde hay un gobierno que se la pasa buscando culpables y deja de asumir su responsabilidad en un momento tan importante para todos los michoacanos”.
Finalmente, Chávez Zavala puntualizó que algunos errores en los que ha incurrido el Gobierno es que pretenda circunscribir el problema de la inseguridad a una región de Michoacán, ya que no solamente está en los 27 municipios de la tierra caliente, sino que se encuentra en los 113 del territorio estatal.
También ha sido equívoca la estrategia del Gobierno de la República de no concluir con los procesos de depuración de los cuerpos de seguridad pública municipal y estatal, así como de procuración de justicia.
Esta estrategia, sostuvo, no podrá tener éxito en tanto no se desmantelen las redes de complicidad que se configuraron en los gobiernos locales.
