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Morelia Michoacán a 26 de marzo de 2014.- A más de 70 días del establecimiento por el gobierno federal de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán los resultados son parciales. Si bien son claros en materia de abatimiento de capos y sicarios, no lo son en la disminución de delitos como el secuestro, en donde estamos en el segundo lugar nacional, según cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública; tampoco en materia de homicidios dolosos pues el primer bimestre 2014 creció un 82 % en comparación al mismo bimestre de 2013 que fue de 97 homicidios; preocupa que el 61.7 % de tales homicidios se hayan concentrado en sólo 6 municipios: Morelia con 26, Uruapan con 9, Los Reyes con 8, Tarímbaro con 4, Lázaro Cárdenas con 3 y Arteaga con 3. Es notorio que en Municipios como Morelia, en donde las corporaciones federales no se han hecho cargo de la seguridad pública, los homicidios se hayan disparado.
Desde noviembre del 2013 Poder Ciudadano de Michoacán sugería, en documento público, la intervención urgente del gobierno federal ante la condición fallida de las instituciones estatales y municipales, para que se hicieran cargo de la seguridad en todos los municipios de Michoacán y asegurar así todos los derechos a todos los michoacanos. Pero sólo lo ha hecho en 28 municipios en donde habitan 1 millón 150 mil pobladores, es decir, el 26.7% de la población total del estado. Los graves eventos ocurridos últimamente en municipios en donde no hay intervención de las fuerzas federales (Tanhuato y Cuitzeo) y el crecimiento de la delincuencia en Morelia, hacen urgente la intervención en los 113 municipios de Michoacán, tal y como lo había ofrecido el Secretario de Gobernación Osorio Chong. Debe dejarse atrás la errónea idea de que el problema de la inseguridad está focalizado en la tierra caliente y debe garantizarse la seguridad a los pobladores de los 113 municipios.
Ante la tragedia humana que vive Michoacán no vemos que se esté atendiendo, con políticas públicas expresas a las víctimas: a las más de 1 000 viudas, a los seguramente más de 3 000 desplazados, a los más de 5 000 huérfanos ocasionados por la violencia de los últimos 3 años.
Vemos con preocupación que si bien es cierto que el Estado mexicano está dando los primeros pasos en la recuperación de la seguridad pública en Michoacán, no ocurre lo mismo con la recuperación de la gobernabilidad y de las instituciones que continúan sin salir de su estado de crónica debilidad, comprometiendo la soberanía del estado.
La intervención del gobierno federal, precipitada por el hartazgo social y el surgimiento generalizado de autodefensas ha sido tardía, pero es necesaria. Sin embargo, debe ser eficiente y eficaz, en tanto se restablecen las instituciones y recuperan su calidad rectora de los asuntos públicos que les mandata la Constitución.
Poder Ciudadano de Michoacán reconoce que el tema de la seguridad implica acciones contundentes para desmantelar a los grupos criminales y llevar a capos y sicarios ante la ley. Sin embargo, el Estado mexicano no debe dejar fuera de la estrategia la identificación y procesamiento de quienes desde las propias instituciones públicas les protegieron o les protegen y causaron y causan la tragedia michoacana. La estrategia debe contemplar cero impunidad para quienes desde los gobiernos contribuyen o contribuyeron con los criminales.
Los cuantiosos recursos que el gobierno federal ha comprometido con el pueblo de Michoacán son bienvenidos, pero deben ser administrados con absoluta transparencia, y de un modo eficiente, de forma tal que se garantice que lleguen al destino social previsto y que contribuyan a motivar el desarrollo económico y social de la entidad. Vemos con preocupación que sin un rediseño de política pública, el gobierno federal publicite la simple suma de los programas de sus delegaciones como una política de desarrollo integral. La facultad que el decreto del 14 de enero le otorga al Comisionado Castillo para formular y ejecutar políticas para el desarrollo integral de Michoacán debe ser ejercida como rediseño de la política pública en función de la grave crisis michoacana. De no hacerse se está corriendo el riesgo de que los programas sean empleados con finalidades clientelares pero sin atacar los rezagos que han originado la condición de crisis que hoy tenemos.
Para Poder Ciudadano de Michoacán, en el horizonte inmediato, debe prevalecer el objetivo de restablecer las instituciones democráticas que mandata la Constitución, sobre la base de generar desde ahora la participación cívica de los michoacanos en la tarea de la reconstrucción de los valores que nos vinculan socialmente para desarrollar el trabajo, el comercio, la industria, la educación, la cultura y la política. Requerimos un Michoacán fuerte a partir de una ciudadanía fuerte.
Proponemos:
1.- Intervención del gobierno federal en los 113 municipios de Michoacán para garantizar la seguridad de toda la población.
2.- Cero impunidad para quienes desde los gobiernos contribuyeron con omisión y acción con el crimen organizado.
3.- Acciones inmediatas de recuperación de las instituciones estatales y municipales para comenzar a revertir la condición de debilidad institucional, comenzando por el gobierno estatal.
4.- Rediseño de políticas públicas con participación ciudadana para encausar el desarrollo integral de Michoacán y evitar las prácticas clientelares.
5.- Regularización, dentro del marco legal, de las autodefensas y transparencia pública en el manejo de la estrategia conjunta anticrimen entre gobierno federal y éstas.
Alfonso FernándezCano y Rosales.
Alfonso Solórzano Fraga.
Antonio Soto Sánchez.
Arturo Tonathiu Pérez Lemus.
Austreberto Viveros Ortega
Cristóbal Arias Solís.
J. Jesús Bugarini Galeana.
Jesús Díaz Acevedo.
Juan Carlos Lemus.
Julio Antonio Santoyo Hernández.
Julio Santoyo Guerrero.
Luis Cortés Origel
Rafael García Tinajero.
Roberto Valencia Contreras.
