Nexos criminales

Columna política «SOBREMESA», por Antonio Soto.- Con la nueva estrategia federal para resolver la grave problemática por la cual atraviesa el estado de Michoacán, deben ser reconocidos algunos avances, principalmente en materia de seguridad. En este tema se puede percibir una cierta tranquilidad en la Tierra Caliente y en la Costa michoacana. Sin embargo, el problema aún persiste en muchos otros municipios de la entidad, como por ejemplo, del Oriente, del Centro, de la Ciénaga y del Bajío, allí todavía la ciudadanía sigue padeciendo el mismo infierno que vivieron pobladores de la Tierra Caliente hasta hace una cuantas semanas.

Es cierto que paulatinamente se ha ido erradicando la extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso y los homicidios, entre otros delitos más, en aquella región, donde las fuerzas federales y los grupos de autodefensas tienen ahora presencia, pero en el resto de los municipios – que por cierto son la mayoría – el problema persiste, incluso, en algunos casos peor que antes, debido a que muchos de los delincuentes se han trasladado a esos lugares. Por lo que es urgente que la estrategia gubernamental llegue a todas las regiones de la entidad y sean igualmente intervenidas las policías municipales de esos lugares, como ocurrió en la Tierra Caliente, para que estas no sigan sirviendo al crimen organizado como lo hacen hasta ahora.

En esa labor es indispensable la colaboración de los Ayuntamientos, los presidentes municipales tienen información de primera mano de lo que ocurre en sus municipios, de la situación y que circunstancias prevalecen en sus cuerpos policiacos. Ellos saben perfectamente si sus policías le sirven a la comunidad o están bajo el mando de los jefes de plaza de la delincuencia organizada de cada pueblo o ciudad. Si los alcaldes no denuncian hechos delictivos que ocurren en sus demarcaciones y de los cuales tienen información objetiva, ellos mismos incurren en un delito grave que debe ser penado por las instancias correspondientes.

El problema que a menudo ocurre, es que muchos presidentes municipales están en sus cargos porque así lo dispusieron los líderes del crimen organizado; y por supuesto que dichas autoridades, no tan solo no van a denunciar a los criminales, sino que incluso los van a proteger, entonces, ¿Cuándo se va terminar con la delincuencia si esta la protege la autoridad?, ¡nunca!, aun así se diseñen las más ambiciosas estrategias en la materia. Tienen que realizarse las investigaciones necesarias para verificar la honorabilidad de las autoridades, no solamente municipales sino también estatales y federales, por lo menos en aquellos casos que se han hecho públicos, a aquellas autoridades o funcionarios que han sido señalados por mucha gente. Actualmente, hay algunos ediles que debido al repudio y al hartazgo de sus poblaciones, ni siquiera pueden despachar en sus oficinas, mucho menos gobernar y resolver las demandas de la ciudadanía.

Incluso, ha habido alcaldes señalados de tener nexos con el crimen organizado y ni siquiera esos han sido – o no se sabe – investigados, si no se les comprueba ningún delito, deben continuar en sus cargos, pero si se les comprueban conductas ilegales, de inmediato deben ser sujetos a los procesos penales correspondientes. Para eso es necesaria la colaboración de todos los partidos políticos, quienes no deben proteger a ninguno de sus miembros que se presuma tengan o hayan tenido nexos con la delincuencia, si sólo se detienen a algunos criminales pero no se aplica la ley a los malos funcionarios, jamás se acabara el problema de inseguridad que vivimos.