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O es el funcionario que guarda las intensiones reales del gobierno del estado o de plano el que no ayuda en nada a que las cosas se destensen en el de por sí delicado problema universitario. Julio Hernández Granados, Coordinador de Comunicación Social, dijo en entrevista al periodista Ricardo Rocha que los 10 estudiantes recién liberados eran “primodelincuentes” adelantó que será la política del garrote la que prevalecerá ante cualquier disturbio estudiantil.
Por si no bastara dijo ante el experimentado periodista que posiblemente ayer martes las 30 peligrosas jóvenes que mantenían tomada la Universidad, liberarían el inmueble, y además, que el convenio firmado con la Coordinadora de Universitarios en Lucha incluía someter a las Casas del Estudiante a rigurosa inspección, toda vez que los 170 millones que recibían un subsidio bien valen una misa.
Bien podría decir el gobernador Fausto Vallejo Figueroa: “¡No me ayudes compadre!”. En primer lugar decir en un programa nacional que 30 indefensas jovencitas mantienen tomada Ciudad Universitaria es tanto como mover a risa o a convaleciente pena. Estas peligrosas, subversivas, extraordinarias mujeres ponen en jaque la capacidad del gobierno del estado para tomar cartas en el asunto. ¡Vaya cosa!
En segundo lugar el Convenio por Morelia que sirvió para que la procuraduría se desistiera de los cargos, fue firmado por sólo cuatro de trece Casas del Estudiante. Ayer mismo representantes de otros albergues estudiantiles desconocieron este acuerdo. En una rueda de prensa por demás significativa incluso exigieron la renuncia del rector Salvador Jara Guerrero.
Creo que aquí se confunde la gimnasia con la magnesia. No veo cómo ni por qué un funcionario del gobierno del estado deba insistir sobre la revisión de estos albergues. Es un asunto que compete tan sólo a la Universidad, al Consejo Universitario. Según Julio Hernández el convenio señala en un segundo punto que la CUL insistirá sobre la revisión de las Casas. De ahí deben surgir los mecanismos de revisión, -indispensables, sí y hasta sanos-, y si es necesario una reestructura de su funcionamiento. Que admita que se condicionó la libertad para que la CUL revisara el funcionamiento de estos albergues, es una clara injerencia, insistimos, en asuntos que tan sólo compete a la totalidad de los universitarios.
Hernández Granados dijo que el gobierno del estado dio un paso de conciliación y generosidad. Sí, ese gesto se agradece, pero miren ustedes lo que dice el vocero más adelante: “los movimientos sociales se habían radicalizado, lo que provocaba un desbordamiento que a su vez era usado como arma para lograr sacarle a las autoridades más dinero y más posiciones”.
¿Está usted diciendo señor Julio Hernández que tanto estudiantes, maestros, como organizaciones se habían transformado en acabados chantajistas? El responsable de prensa del gobernador Vallejo Figueroa ha dado tumbos en este expediente. Ha insultado a los estudiantes, los ha menospreciado y ha incitado con mala prensa el rencor hacia este tipo de movimientos. Lo que faltaba, la cereza en el pastel, fueron las declaraciones que el hábil Ricardo Rocha logró sacarle al errático funcionario.
Por otro lado hoy una buena parte de los comentaristas nacionales se burlaron a ojos vistas del paso dado por el gobierno del estado: Jorge Fernández Menéndez, Sergio Sarmiento, Pedro Ferriz de Con y hasta Eduardo Ruíz Ealy, lo cual es el colmo, hicieron con el gobernador Vallejo Figueroa una cena de negros. ¿No se supone que Julio Hernández Granados está ahí para evitar estos confabularios?
El gobernador huye
Hoy se dieron a conocer los nombres del ilegal Consejo Ciudadano que revisará el multicitado asunto de la deuda pública. En su gran mayoría se trata de priistas o simpatizantes del gobierno en turno. Como usted sabe, lector, este consejo no tiene ninguna representación legal ni puede sustituir a las Auditorias Superior del Estado y de la Federación.
El tema provocó una apresurada huída del gobernador Vallejo Figueroa cuando se reunió con diputados perredistas, a fin de fijar criterios de una agenda legislativa. Cuando los legisladores intentaron abordar el por qué de la politización de la deuda, el gobernador pretextó un asunto urgente en la ciudad de México y dejar la discusión para otro momento.
