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Morelia, Mich., 15 de enero del 2014.- Es urgente que el gobierno estatal instrumente las medidas necesarias para que más de 300 trabajadores del parque industrial de Contepec puedan contar con la fuente laboral que perdieron tras el cierre de la empresa textilera “Avante”, y que ha dejado en plena orfandad económica a sus familias, subrayó el legislador por el distrito de Maravatío, Francisco Bolaños Carmona.
El legislador de extracción perredista subrayó que las autoridades deben de atender la problemática, “nosotros al conocer el problema, presentamos el martes 14 de enero un punto de acuerdo al respecto ante el Pleno del Congreso, porque no podemos permanecer indiferentes ante este tipo de problemáticas que a la larga pueden desembocar en situaciones de mayor gravedad”.
De manera concreta el diputado integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la LXXII Legislatura local, apuntó que el llamado es para que el gobierno dé atención y tome las medidas pertinentes para que más de 300 trabajadores de la empresa textil “Avante” mantengan sus empleos, máxime que el propio gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció en su momento la creación de 500 empleos en dicho lugar.
Bolaños Carmona recordó que dicho parque, se ha visto beneficiado por la actual administración estatal con la inyección de recursos, tanto que en la primera etapa se le destinaron 35 millones de pesos para infraestructura y la atracción de empresas.
“Se logró el arribo de la textilera Avante, e incluso el propio gobernador Vallejo Figueroa hizo el anuncio de apertura de la factoría que implicaría la creación de 500 fuentes de empleo de las que finalmente sólo fueron 300, sin que fueran bien remunerados o contarán con seguridad social como el mandatario había anunciado.
“A un año y medio del anuncio de Vallejo Figueroa, la textilera en cuestión ha empezado a echar a la calle a sus 300 trabajadores, otorgándoles liquidaciones risibles, afectando a amas de casa y padres de familia que se han quedado sin fuente de ingresos”.
El legislador perredista recalco que el gobierno estatal debe cumplir con la palabra empeñada a través de su titular, e instrumentar las acciones necesarias para que todas aquellas familias que se han visto afectadas con el cierre de la empresa, puedan contar con alternativas laborales que les permita recuperarse.
