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+ Los ricos, los políticos; los pobres, los contribuyentes
+ Malosos y civiles armados; ¿Cuántas armas hay en Michoacán?
Por Martha Elba Torres Martínez.- “Si la vara es muy alta para atender la inseguridad en México, si no pueden, ¡renuncien!, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también ¡es corrupción!
Estas fueron las palabras del empresario mexicano Alejandro Martí –a quien le habían secuestrado y matado a su hijo menor de edad-, ante el entonces presidente Felipe Calderón, gobernadores, legisladores y magistrados y jueces, en la primera reunión del recién creado Consejo Nacional de Seguridad, realizada el viernes 22 de agosto de 2008. Los políticos, nada más pelaron tamaño ojotes –por no decir más feo-. Y a los valientes familiares de las víctimas, terminaron por ya no invitarlos.
Ese día, ese año, Alejandro Martí no solo habló por su hijo –Fernando-, sino por los hijos, padres y hermanos, muertos, en esta narcoguerra declarada el 11 de diciembre de 2006, por Calderón Hinojosa.
El empresario evocó esa “época de oro de México”, cuando los niños jugaban en las calles. “¿Qué nos pasó? Con el tiempo, empezamos a oír que a un amigo, un pariente, lo asaltaban, o que violaban a empleadas en una combi o que un microempresario iniciaba su aventura de negocios con una cuchillada en el estómago. Ahora, los mexicanos viven un terror interno de salir a las calles, porque México está en crisis de seguridad y vive una de las peores épocas de la historia.
“Pero esto, es producto de muchos años de indolencia, de irresponsabilidad, de dejar hacer, de corrupción, así como de la espantosa palabra: impunidad. Pasaba las noches pensando quién había matado a mi hijo. ¿Habrá sido el engendro maligno, hijo de la impunidad, o todos nosotros? Que con el paso de los años, por nuestra irresponsabilidad o nuestra ceguera hemos creado lo que hoy estamos viviendo. ¿Quién es más culpable? ¿el que deja hacer o el que hace?”.
Cómo aplica, en la actualidad, las palabras de Martí.
Porque más de 6 años han pasado; a los 92 mil muertos bajo el calderonismo, hoy le podemos sumar los 17 mil en lo que va de la administración peñista, es decir, en 13 meses. ¿Y qué ha pasado? Nada.
Porque es cierto. El gran problema de México es la impunidad. Y mientras no se ataque decididamente la corrupción que la genera, pues nunca saldremos del problema.
La corrupción comienza en las esferas de poder. En México, los ricos y los pobres, son la clase política y gobernantes frente al grueso de las y los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Que vivimos el día a día. Los buenos empresarios, por lo menos arriesgan su capitalito para generar empleo.
Los políticos, con nuestros impuestos, traen camionetotas y pueden pagarse chofer y guaruras y se atienden en los mejores hospitales, mientras que el obrero o la ama de casa se arriesga todos los días al asalto y en la peor de las suertes, a la muerte.
Es la impunidad con que se gobierna desde antes de Felipe y ahora con Enrique. Michoacán es el caso más emblemático.
Calderón quiso acabar con la Familia y le creció no solo en su estado natal, sino se expandió a otras entidades. Llegó Peña Nieto y nos mandó a su gabinetazo de seguridad cuando existían autodefensas solo en Buenavista y Tepalcatepec. Hoy ya ocuparon nueve municipios y en dos surgieron lo que se autollaman policía comunal en Acahuato y Zicuirán, que para el caso es lo mismo: grupos de civiles armados hasta los dientes para hacer lo que ha dejado de hacer el Estado Mexicano desde hace mucho: brindar seguridad a la gente y combatir a los criminales. Porque lamentablemente ha sido al revés, los criminales son los que atacan a los policías y al Ejército. Ahí están las emboscadas a PFs del año pasado y los dos soldados muertos esta semana…
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Pero en honor a la verdad, ahora si esta columnista no tiene ni idea de cuál pueda ser una estrategia que de resultados en Michoacán, cuando está más que demostrado que desplazar a miles y miles de elementos no ha servido de nada. Tampoco la cuantiosa inversión federal para reactivar la economía y el empleo ni los programas de prevención del delito. ¿Cómo diablos se atreve el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, a asegurar que la inseguridad ha disminuido ciento por ciento, cuando en mi colonia, en menos de una semana, asaltaron en cuatro casas y a dos conocidas les robaron sus camionetas a luz del día y a mano armada en estacionamientos de centros comerciales?
Pero para eso tiene Wilfrido su policía municipal ¿no? La que si trabaja es la Procuraduría de Justicia. El informe de 2013 es aceptable, dadas las condiciones. Se detuvieron a 227 personas relacionadas con secuestros y extorsiones y se rescató a 137 que tenían privados de la libertad. Así se desarticularon 28 bandas que operaban en Morelia y Uruapan.
Pero regresamos a lo mismo que dijo Alejandro Martí: es la canija impunidad que priva en todos los órdenes y por todos lados
Es la impunidad para dejar hacer a los delincuentes; es la impunidad con que violentan a la ciudad los democráticos o cualquier otro grupo de presión. Es la impunidad cómo los diputados y senadores se distribuyen nuestro dinero; es la impunidad de los sueldazos de los magistrados y funcionarios electorales. ¿Entonces? ¿qué novedad efectiva, nos puede traer Peña Nieto?…
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Ahí tiene usted, amable lector, el caso del doctor José Manuel Mireles, que se hizo famoso por hacer el trabajo que le toca al gobierno, pero no deja de ser un civil que viola la Ley de Armas de Fuego, porque se pasea ante el mundo con su riflote de asalto. Bueno, pues tras el accidente que sufrió, se restablece en cuarto de lujo del hospital caro en el DF donde se atendió el Peje de su infarto, policías federales le cuidan el sueño y hasta la ONU está pendiente de su salud.
Nada más el martes 7 por la mañana, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que él dio la orden de protegerlo, debido a que es una persona que ha “lastimado” a los cárteles, principalmente a Los Caballeros Templarios.
Esto confirma lo señalado, en diciembre, en este espacio: las autodefensas son protegidos del Gobierno Federal porque le hacen el trabajo. Ya entendemos bien, porqué traen supercamionetas del año, armas de asalto, ambulancias, reciben sueldo y hasta avioneta. Se reunieron con los altos mandos en Apatzingán por más de dos horas y cuando sus convoyes de 60 unidades transitan por los caminos de Michoacán, el Ejército se hace a un lado. ¡Bien! Los muertos en la guerra contra los templarios no nada más los pone la Federal y los militares.
Así las cosas, si Osorio Chong no puede con vara tan alta, entonces que renuncie y ponga a Mireles al frente de la estrategia de seguridad en la entidad. O como dice Cristóbal Arias con ese sarcasmo que tiene: “debería ser candidato a gobernador”.
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Por eso me quedo con lo que dijo Vallejo, el pasado lunes: “Está muy visualizado el asunto (el problema). Lo que hace falta es la decisión y la determinación de las acciones”. ¿Por qué tiene que estar insistiendo el gobierno del estado ante la Federación, para que se aplique, sin ninguna distinción, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos? “acciones no se pueden realizar sin la voluntad del Gobierno Federal”.
Así las cosas, ¿quién es el responsable de que el problema de la inseguridad esté cada vez peor? ¡Pues el gabinetazo de seguridad de Peña!…
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Por eso es absurda y perdón por la palabra, hasta estúpida, la postura del senador panista Ernesto Cordero, que vino a insistir, también ese lunes 6, con eso de la desaparición de Poderes en Michoacán. ¡Como si con eso se resolviera el asunto!
Pero Vallejo luego luego le respondió: “la seguridad se debe de despolitizar. Y hay que ponernos de acuerdo: la administración federal pasada (o sea, la de Felipe Calderón), venía a Michoacán; reclamaba, reclamaba y reclamaba, cuando lo que se requiere es tener apoyos, apoyos y apoyos”…
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Pero algo brinca a esta columnista, de un arista poco explorado y valorado. ¿De dónde fregados salen tantas armas de asalto y de todos los calibres, hasta que para en comunidades chiquitas, los civiles salgan a cuidar la entrada al pueblo? ¿cómo llegan? ¿quién o quiénes las pagan? Porque entonces, otro gran problema de Michoacán es el tráfico de armamento. Y si el Ejército es el responsable en la materia, ¿pues entonces?
No tengo ni idea de cuántas armas pueda haber en Michoacán. Pero que han de ser un chingo, es un chingo. Tantas, hasta para entrarle a una rebelión social, ya como la dibujan algunos analistas expertos en el tema… (A)
